Las culturas prehispánicas, poseedoras originarias del territorio que hoy conocemos como México, desarrollaron diversas formas de relación con la naturaleza que permitieron la formación de saberes rituales, productivos, alimenticios, curativos, estéticos, simbólicos, científicos y ambientales, además de la lengua; construcciones culturales que se vieron reducidas a habitar espacios menores a partir de la conquista española.
Según Francisco López Bárcenas, eran “poseedores de inmensos espacios en donde desarrollaban su vida social, convivían con la naturaleza y conversaban con sus dioses; pronto fueron contraídos a congregaciones, reducciones y pueblos”. El devenir histórico fue ubicándolos bajo las diversas formas de dominio y gobierno de los no indígenas y, subordinados a los poderes económicos y políticos hegemónicos, fueron restringidos en el disfrute de su territorio, lo que obligó a los pueblos indios a generar formas de resistencia cultural y a pugnar por el respeto de sus derechos colectivos, entre éstos, los derechos territoriales más allá de lo agrario.
A decir del mismo autor, “los derechos colectivos, lo son porque son derechos que no se pueden ejercer de manera individual, y encuentran su fundamento en su condición de pueblos, colectividades distintas al resto de la población, con cuya existencia se da forma a la pluriculturalidad mexicana”; hoy, ante las consecuencias del capitalismo voraz, se torna más urgente la incorporación de los saberes de estas culturas ancestrales para la conservación del hábitat y su biodiversidad; los pueblos indios, aun marginados espacialmente, continúan siendo parte integral del territorio y continúan reclamando sus derechos colectivos sobre el mismo.
Desde la perspectiva de los derechos colectivos, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito y ratificado por México, determina en su Artículo Cuarto que “deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar a las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados”. De ahí que cualquier planteamiento, ante la emergencia ambiental que se vive actualmente, debería incorporar el conocimiento, la perspectiva cultural, y la mirada de los pueblos indios sobre su territorio, partiendo de para los pueblos indios, más que tierra en propiedad, el territorio es la recreación de su ser.
En este marco de relación cultural entre territorio y pueblos indios, entre recursos naturales y su uso y disfrute por sus dueños originarios, encontramos que las mujeres tienen una particular relación con los bienes que la naturaleza otorga para la vida, son las encargadas de preservar o modificar los patrones culturales para la conservación o el deterioro ambiental; al respecto Joan Martínez Allier plantea que “no es el ecologismo de quienes, teniendo todo, se preocupan por las plantas y animales en peligro de extinción. Se trata de quienes dependen directamente de los recursos naturales para sobrevivir”.
Son las mujeres las encargadas de proveer de agua a la familia, del acarreo desde grandes distancias, porque, aunque disponible en ríos y lagunas en la mayoría de sus territorios, las mujeres indígenas en México no cuentan con agua en sus viviendas. Son las mujeres las encargadas del aprovisionamiento de combustible para uso doméstico y la elaboración de cerámica artesanal; y sobre ellas recae la responsabilidad de la producción agrícola en los traspatios o solares para garantizar el consumo alimentario familiar.
Los solares mayas son ejemplos de la permanencia cultural de estas formas de aprovechamiento de los recursos naturales; son las mujeres las poseedoras y transmisoras del conocimiento sobre la recolección o cultivo y utilización de plantas medicinales, rituales y tintóreas, por lo que la inclusión de las mujeres indígenas en las políticas y acciones gubernamentales que incidan en el territorio, particularmente las orientadas a la conservación y restauración del medio ambiente, deberá garantizar, la participación de las mujeres, en congruencia con el convenio 169 que mandata: “los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el de esos pueblos participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos”.
Ninguna acción gubernamental, intervención de grupos civiles preocupados por el desarrollo humano, social y la protección del ambiente, o decisión promovida por los propios pueblos indígenas sin valorar sus propias raíces culturales, tendrá éxito si no parte de la necesidad y obligatoriedad de incorporar las perspectivas de derechos de género, culturales y territoriales.
Las transformaciones en la vida de los pueblos indios por migraciones; los cambios en las dinámicas de población; los programas gubernamentales ajenos a las necesidades y sentires culturales; la imposición de las prioridades del mercado por encima de las personas y los pueblos; la falta de acceso a recursos tecnológicos, financieros, productivos, a bienes y servicios que garanticen el cumplimiento de sus derechos sociales han modificado y reducido las posibilidades de las mujeres indígenas de incidir positivamente en la preservación del patrimonio ambiental y a desarrollar en plenitud y en ejercicio de sus derechos sus vidas y las de sus familias y pueblos.
Durante la COP16 realizada en Cancún, Quintana Roo, a finales de 2010 se estableció el mecanismo para reducir las emisiones por deforestación y degradación de bosques y para aumentar las reservas de carbono (REDD +), el cual ha sido severamente cuestionado por la Asamblea de Mujeres realizada dentro de la misma COP 16 por considerarse que, además de que no resuelve los problemas climáticos, creará más y mayores amenazas a la sociedad en general, y en particular a las mujeres, entre otras razones expresadas en el documento de Posición Sobre las Mujeres y REDD +, porque:
“La comercialización de la vida y los mercados de carbono son incompatibles con la cosmología indígena y tradicional y una violación de lo sagrado. Las mujeres, como poseedoras de al menos la mitad de todo el conocimiento tradicional, son esenciales para la preservación y práctica viva de este conocimiento”
“Contribuirá a una apropiación global de las comunidades y pueblos indígenas, los gobiernos y empresas de los países industrializados solo pagarán por la conservación de los bosques si obtienen a cambio derechos sobre el carbono almacenado en dichos bosques. Esto tendrá un impacto particular sobre las mujeres ya que sus derechos de propiedad son menos seguros”
“Crean desigualdades e incentivos perversos. Las mujeres tienen funciones clave y diferenciadas en la conservación y restauración de los bosques. El actual diseño de REDD+ implica que los actores recibirán créditos de carbono por reducir su deforestación. Las mujeres son, en general, menos responsables de la deforestación y la degradación de los bosques, por lo cual, según este esquema, serían menos elegibles para recibir créditos de carbono”
Las agendas de este joven siglo, para enfrentar los efectos de la depredación de los recursos naturales, del cambio climático y la urgente necesidad de generar un verdadero desarrollo sustentable para los pueblos, deben partir de la revisión crítica de la actuación de los gobiernos federal, regionales y municipales, así como de las empresas principales emisoras de contaminantes y del diseño de patrones de consumo, así como de los acuerdos, pactos, marcos normativos vigentes que permiten la construcción de alternativas viables en un marco de derechos. La observación permanente sobre los derechos colectivos, territorio, género, DESCA y las visiones locales, seguramente dará como resultado mejores y más viables alternativas.•
María Cruz Hernández
Es experta en temas de desarrollo. Actualmente trabaja con ONCA Maya, organización que impulsa la creación del corredor biológico del Balam.Es socia de la Organización Kanché A.C., especializada en desarrollo sustentable y organización comunitaria para el desarrollo del ecoturismo con perspectiva social. Fue secretaria de Desarrollo Social del estado de Chiapas y ha desempeñado múltiples encargos en la Administración Pública
