Alrededor de 78, 621 alumnos del nivel básico en Acapulco sin clases ante la demanda de seguridad de sus 1,452 docentes; un maestro en Michoacán desnuda a sus alumnos para verificar que no han robado; 35 niñas y niños son víctimas de abuso sexual en un preescolar en Iztapalapa; se reconoce a una educadora neolonesa por el trabajo de contención con sus pequeños alumnos en un contexto de violencia armada. Éstos son ejemplos de lo que ha sucedido tan sólo durante este año dentro y alrededor de los planteles escolares de nuestro país, pero durante los últimos dos años, el foco de los medios y las autoridades educativas está en el acoso escolar y la violencia entre pares, mejor conocidos como bullying

En nuestro país hay 13.2 millones de personas de entre 12 y 17 años de edad (Censo 2010); esta población adolescente constituye la tercera parte de los menores de edad y representa el 12% de la población total, y es, sin duda, un grupo etario cuantitativamente significativo, si tomamos en cuenta que actualmente superan en número a las personas adultas mayores, que ascienden a 10 millones. A pesar de lo anterior, si de algo adolecen, es de miradas adultas alejadas del enfoque de amenaza, riesgo y control

Cada vez más, la mirada de investigadores y periodistas se dirige al sistema de justicia y penitenciario de nuestro país. Sin embargo, son sumamente escasas las miradas hacia los hijos e hijas de las personas en reclusión, hacia esos miles de infantes que son castigados por estigma, y adolescentes que son catalogados como delincuentes por “herencia”: niños y niñas que viven una orfandad producto de la justicia 

La incorporación en solitario de niñas, niños y adolescentes a la compleja dinámica migratoria de nuestro país no es un fenómeno nuevo; durante la última década ha venido en aumento, y adicionalmente presenta dos tendencias: una cada vez mayor incorporación de mujeres y la disminución de la edad. El movimiento en solitario de estos infantes migrantes los hace más vulnerables al maltrato, la segregación, la discriminación, el robo, el secuestro, la trata de personas, el abuso y la explotación sexual, y, más recientemente, al reclutamiento por parte de la delincuencia organizada