Es cada vez más importante hacer referencia explícita a las y los adolescentes como un grupo especifico. Y es que con frecuencia se olvida que este grupo poblacional está contemplado en la Convención de los Derechos del Niño. Son invisibles en ese marco, y también lo son cuando abordamos los derechos de la juventud.
“Ni chicha, ni limonada” decían las abuelitas y, cuando nos adentramos a este grupo, nos sorprende la actualidad de esta referencia; por ejemplo, se destaca que hay 7 millones 226 mil de los popularmente denominados “NiNi” (Panorama Mundial de la Educación 2011 OECD), esta cifra tiene un significado para los jóvenes mayores de edad, y otro muy diferente para poco más de un millón que tienen entre 15 y 17 años de edad. Sin embargo, todo lo colocamos en un bloque, y la imagen social es una masa cada vez mayor de adolescentes vagos “sin oficio ni beneficio”, dirían las abuelas nuevamente.
Cuando el foco de preocupación para los jóvenes de 26 años es el empleo, para los que tienen 15 es la educación y, en su caso, la protección, tal y como lo señala nuestra legislación laboral y como lo tenemos comprometido en los convenios internacionales en esa materia, como es el 182 de la OIT. Y se continua alimentando esta perspectiva al afirmar que el 6% de la población de entre 12 y 14 años no estudia ni trabaja (Enadis 2010), cuando en este país la edad mínima de ingreso al trabajo es de catorce años.
Sin duda, en los últimos años los “NiNi” se colocan en el imaginario privado y público como el problema del que derivan mayores problemas, y la solución es una fórmula relativamente sencilla si los adolescentes se ocupan, no se drogan, no se embarazan, son inmunes a la cooptación de la delincuencia organizada.
Es imposible ver en esta ecuación que poco más de la mitad de las y los adolescentes en México son pobres; que el 40% de aquéllos de entre 13 y 15 años que dejan la escuela, lo hacen por razones económicas (Enadis 2010); que tenemos un enorme déficit en espacios recreativos, culturales y deportivos; o que sólo una cuarta parte de los estudiantes de secundaria platican con su papá (IN Violencia de Género EB. SEP/UNICEF 2009). Pero es una receta perfecta para dar respuesta a 4 de cada 10 mexicanos(as) que opinan que los jóvenes que no estudian ni trabajan porque no quieren hacerlo.
Hoy, como nunca, so pretexto de los peligros más diversos: droga, alcohol, criminalidad, sexo y rebeldía se pone el acento sobre los adolescentes en riesgo y como riesgo, alimentando una suerte de pánico moral, a través de temores sociales, estigmas y, sobre todo, la demanda y el respaldo a la mano dura y la tolerancia cero. En este contexto no sorprende que la mitad de la población mexicana considere que es justificable llamar a la policía cuando hay un grupo de jóvenes reunidos en la calle. Hoy, cada vez más, se multiplican acciones públicas que se fundamentan en este terror moral: el programa escuela segura, las iniciativas legislativas de reducción de edad penal y los operativos indiscriminados en “polígonos conflictivos” son ejemplos de lo anterior.
No invertimos lo suficiente en los adolescentes, y lo más preocupante es que el enfoque de riesgo social nos hace gastar mal. Seguimos los pasos de nuestro vecino país del norte en el cual se gasta anualmente un billón de dólares en programas para aconsejar a adolescentes sobre violencia, bandas, suicidios, sexo, abuso de sustancias, de los cuales muy pocos funcionan. 
Y es que cualquiera de nosotros sabemos, porque en alguna ocasión lo hemos vivido, que cuando nos hemos encontrado en una situación que nos causa pánico, nuestras respuestas no son las mejores. Esta experiencia individual es traslada al mundo social adulto, cuando desde lo privado y lo público omitimos acercarnos a información que nos permita un mejor entendimiento y, por lo tanto, mejores soluciones.
Desde el campo de la sociología y la antropología sabemos que esta denominada etapa de transición entre la niñez y la adultez es un concepto de la modernidad, y que muchos de sus atributos son culturalmente determinados. Desde el punto de vista biológico se afirma que esta etapa se caracteriza por los cambios hormonales y la aceleración del crecimiento, y recientemente también por cambios cerebrales relevantes.
Las neurociencias nos proporcionan información sobre un cerebro adolescente, que en su proceso de maduración explica las diferencias en las respuestas respecto de los adultos. Es así como hoy sabemos que la región cerebral, en donde se ubica la búsqueda de premio por el comportamiento, tiene menor actividad en los adolescentes; que los cambios en el lóbulo frontal nos explican los altos niveles de impulsividad y de toma de riesgos; que el cerebro del adolescente se conecta sólo con regiones locales, mientras que el cerebro del adulto lo hace con zonas distantes y más distribuidas, lo que explica las diferencias en la mirada al futuro.
A esto hay que sumar que vivimos una época que genera conocimiento y tecnología a ritmos insospechados. Los actuales adolescentes nacieron hacia mediados de los años noventas, con celulares, con Internet, con derechos de la infancia, las mujeres, las minorías, con globalización y cambio climático. Sin duda, el mayor peligro que corremos es ser adultos incapaces de conectarse con esa realidad.
No hay duda que tanto sociedad, como gobierno, tendríamos que estar a la altura de estos adolescentes del siglo XXI, incorporando conocimiento científico y perspectiva social integral, y transformando las amenazas en oportunidades. Sin duda se puede, ahí están Carlos, Luis, Rafa y Laura, quienes, junto a casi una centena de adolescentes juarenses, le apuestan hoy a su compromiso por los niños pequeños de su barrio; o Amaranta, Sebas, Mariano y Santiago, quienes, junto con otros miles estudian, chatean, bailan, nadan, tocan instrumentos, se acompañan entre pares, y se dejan acompañar por sus adultos cercanos, en ésa, su adorable búsqueda de autonomía.•
NASHIELI RAMÍREZ
Fundadora y coordinadora general de Ririki Intervención Social, organización que trabaja por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y por el desarrollo de sus familias y comunidades. Cuenta con una especialidad en Investigación Educativa de la UNAM. Actualmente es Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; de la Ley de Fomento para las Organizaciones de la Sociedad Civil; de Radio Ciudadana del IMER; y del Observatorio de Políticas Públicas y Derechos Humanos. Ha participado en el diseño, instrumentación y operación de programas y estudios sobre indicadores de infancia.
