A pesar de su reciente emergencia en noticieros, periódicos y revistas, este fenómeno surge de la mano de la escuela pública hacia finales del siglo XVIII; sin embargo, hasta el siglo pasado lo que pasaba en la escuela se quedaba en la escuela. Generalmente, por la vía de la disciplina autoritaria y el control a través de castigos, muchos de ellos con un alto contenido de agresividad; y por la propia naturalización de la violencia, como sinónimo de hombría o de lecciones para la “sobrevivencia”. El acoso se presentaba en las instituciones educativas y ante las miradas de adultos que no consideraban que decirle “cuatro ojos” a una niña o “mariquita” a un niño eran agresiones entre pares.
No es sino hasta los años setenta, cuando el profesor escandinavo Dan Olweus toma como materia de estudio el bullying en Suecia y Noruega. A partir de la década de los ochenta se empiezan a multiplicar las investigaciones sobre la incidencia de este fenómeno en Finlandia, Estados Unidos, Canadá, Japón, España, Irlanda y Australia, y hacia finales de los noventa se registran los primeros estudios en la región de América Latina. De esos años datan las primeras investigaciones a pequeña escala que se tienen documentadas en nuestro país, y no es sino hasta pasado el primer lustro del siglo XXI, cuando se levantan las primeras encuestas a nivel nacional.
Hoy consideramos que sufre de hostigamiento escolar el estudiante al que se le daña, hiere o incomoda de manera intencionada y repetida. A través de violencia física (golpes, patadas, empujones, pellizcos, jalones de pelo) y/o psicológica (amenazas, burlas, apodos). Hoy sabemos que la violencia al interior de los centros educativos tiene impactos negativos a corto y largo plazo, principalmente para las víctimas, pero también para los victimarios.
No sabemos cuánto se ha incrementado, porque, por lo menos en México, los datos cuantitativos de línea de base se comienzan a generar a nivel nacional hace apenas un lustro. Difícilmente podemos comparar, cuando hoy está presente una visión en donde el respeto y la tolerancia son considerados como valores fundamentales. Lo que sí sabemos es que la violencia entre pares, si bien conserva rostros de antaño, actualmente presenta facetas de este siglo, un siglo en donde domina la promoción mediática de la violencia; el sistema de valores basado en el individualismo, el consumismo y la competencia se coloca como el centro de las guerras de las niñas, niños y adolescentes; la circulación libre de armas; y la ausencia de adultos educadores en la casa y en la escuela.
Lo que es un hecho es que la percepción de que la violencia entre pares está situándose en dimensiones desproporcionadas: es cada vez más dominante. Cada vez más se oyen voces que reclaman orden, disciplina y atención a esta situación que está catalogada como la antesala de las peores formas de comportamiento social. Es un fenómeno “cercano al delito”, señala el Procurador del Distrito Federal,,y se multiplican las iniciativas federal y local para reglamentarlo.
Sin duda, el bullying se ha constituido en una ventana de humo para valorar la eficacia y eficiencia de uno de los pocos programas de hechura sexenal en el ámbito educativo, el Programa Escuela Segura, dirigido prioritariamente a aquellas escuelas ubicadas en los municipios de mayor incidencia delictiva, y que en sus Reglas de Operación (2010) plantea como objetivos: contribuir a mejorar la calidad educativa que se ofrece a los alumnos de las escuelas públicas de educación básica mediante la gestión de ambientes escolares seguros y consolidar las escuelas públicas de educación básica como espacios seguros, libres de violencia, delincuencia y consumo de sustancias adictivas, propios para la formación integral de los alumnos. En su año de arranque (2007) benefició a 1,175 planteles en 45 municipios y para 2010 su cobertura fue de poco más de 30 mil planteles en 391 municipios. En estos años ha ejercido un presupuesto de cerca de mil millones de pesos.
Se requiere hacer una evaluación de los resultados de un programa al que se le han asignado mayores recursos que al de Jornaleros Agrícolas de la Sedesol, por ejemplo. Adicionalmente, habrá que generar una discusión pública sobre lo poco que se avanza en la atención integral de los efectos del incremento de la violencia social, asociada a la delincuencia organizada y al crimen común en las comunidades escolares. Esta visión gubernamental, sin duda, a lo único que ha abonado es al autoritarismo y a un alejamiento del enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Durante este mes, al que muchos vinculan con la paz y la reconciliación, no estaría de más pensar que una escuela segura es posible, si apostamos a intervenciones integrales y a una educación que privilegie el diálogo sobre el control, la responsabilidad sobre el autoritarismo y al manejo positivo del conflicto sobre la represión.•
