Patterson, la ciencia y los mercaderes de la comida chatarra

La lección que nos deja la lucha de Patterson permite poner en perspectiva el debate que hoy se mantiene entre distintos científicos mexicanos, y la industria refresquera

Sus estudios le permitieron obtener información sobre otro asunto de enorme relevancia para la salud pública mundial: el plomo que se añadía a las gasolinas estaba generando una hiperconcentración de partículas dañinas para los seres humanos, descubrimiento que le costó severos ataques de parte de la industria automotriz y petrolera.

El argumento que intentaron presentar las industrias señaladas en los debates que se promovieron en el Senado norteamericano era más o menos el siguiente: “no hay evidencia suficientemente concluyente de que la presencia del plomo en la atmósfera y los océanos afecte a la salud de los humanos”. La respuesta de Patterson fue contundente: “en efecto, no la hay cuando su interés se encuentra en producir combustibles con plomo”.

La historia de Patterson es relevante porque ilustra de manera emblemática sobre cómo los “lobistas” de las grandes industrias utilizan a científicos para que defiendan sus mezquinos intereses. Esos científicos ponen a su servicio su prestigio académico para desvirtuar la evidencia científica y extraer conclusiones ambiguas.

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La lección que nos deja la lucha de Patterson permite poner en perspectiva el debate que hoy se mantiene entre distintos científicos mexicanos, y la industria refresquera: Mauricio Hernández, Simón Barquera, Juan Rivera, Teresa Shama, Abelardo Ávila, entre otros, han insistido en tres medidas urgentes de política pública: 1) prohibir la venta de comida chatarra, no sólo en las escuelas, sino en sus entornos; 2) cambiar radicalmente las normas de etiquetado de productos con altos contenidos calóricos, así como toda la publicidad dirigida a la infancia; y 3) gravar con impuestos especiales a los refrescos y a la poderosa industria de los dulces y otros productos obesogénicos.

Como en otros casos, la industria ha pagado estudios pseudocientíficos que conducen a conclusiones ambiguas, en el ánimo de ganar tiempo y continuar comercializando el veneno que le venden a la gente a través de terribles engañifas publicitarias que tienen el cinismo de presentar como “nutritivos” a productos que en otros países ni siquiera serían considerados comestibles.

En 2017, la Secretaría de Salud emitió dos alertas epidemiológicas: una por la diabetes tipo 2 y la otra por la epidemia de obesidad. No es para menos, pues el Inegi estima que cada año fallecen más de 105 mil personas por diabetes y más de 130 mil por enfermedades del sistema circulatorio, mayoritariamente isquemias del corazón y enfermedades hipertensivas.

Si a estas muertes se añaden aquellas por enfermedades ocasionadas por  consumo de alcohol y de tabaco, puede sostenerse que una de cada tres defunciones en el país se deben a causas en exceso evitables.

Vivir con obesidad desde edades tempranas conlleva una severa pérdida de años de vida saludable. Hay estudios sobre salud pública, como el Global Burden of Desease, coordinado por las Universidades de Whashington y la Universidad de Queensland, en los que se destaca cómo la obesidad y el sobrepeso se están convirtiendo en dos de los principales determinantes sociales de la salud en todo el orbe, lo cual está asociado invariablemente a la desigualdad, la pobreza y la desestructuración de los sistemas alimentarios en los países.

Para colmo de males, los datos del Inegi sobre inflación terminan por darnos un cuadro de características dramáticas, pues en los últimos tres años, los precios de los alimentos han tenido variaciones aceleradamente crecientes, sobre todo en aquellos que forman parte de la canasta alimentaria básica.

Así, dado que los productos alimenticios de mayor calidad resultan más caros, sobre todo para los más pobres, quienes están haciendo literalmente “su agosto” son los empresarios que se dedican a la producción de comida chatarra, alimentos de alto contenido calórico y alimentos altamente procesados.

Estos alimentos resultan más baratos y más accesibles y son puestos en las manos de los pobres a través de redes privadas de comercialización y distribución. Son dañinos y a la larga resultan más caros, por las graves consecuencias de salud que tienen en las personas.

La Organización Mundial de la Salud ha sintetizado en dos las principales causas de la obesidad infantil: el cambio dietético mundial hacia la ingesta de alimentos hipercalóricos, con escasas vitaminas, minerales y otros micronutrientes; y la tendencia a la disminución de actividad física asociada a los procesos de urbanización y empobrecimiento.

En México, el INEGI ha documentado a través del Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (Mopradef), que la práctica deportiva se asocia fundamentalmente al nivel de ingresos, así como al nivel educativo, de las personas y sus familias.

La evidencia es contundente: la pobreza, la marginación y la desigualdad son los determinantes de la obesidad infantil, y de la población en general, y es urgente diseñar las estrategias y políticas públicas para detener a una industria alimentaria voraz, que se preocupa de todo, excepto de la salud de sus consumidores.

La evidencia muestra que el tabaquismo mata a 50% de sus consumidores. Habría que estudiar detalladamente lo que hace la industria de los alimentos, particularmente de la comida chatarra y los refrescos, porque el porcentaje podría ser mucho mayor.

Mientras tanto, los enemigos de la ciencia y de la humanidad siguen presentando panfletos para demostrar que los impuestos a estos productos no son efectivos, que la obesidad tiene más bien determinantes genéticos, que una dieta “moderada” con sus productos no es perjudicial y, en síntesis, que “no hay evidencia concluyente” sobre lo dañino de su industria. A ellos debemos responder como Patterson: “no, cuando su interés es vender productos súper ricos en azúcares, grasas y calorías”.

@saularellano

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