En el siglo XX se construyó la idea de que pertenecer a una familia nuclear y terminar una carrera de formación profesional garantizaría casi de manera “natural” el acceso a empleos formales, con acceso a la seguridad social y a prestaciones económicas que abrían la puerta de entrada al paraíso de las clases medias.

México sigue siendo, a pesar de los avances conseguidos en las últimas dos décadas, un país inapropiado para la niñez. Lo es, porque continúa habiendo cerca de mil muertes anuales de niñas y niños por desnutrición; porque la tasa de mortalidad infantil sigue siendo de dos dígitos; y porque los indicadores de pobreza muestran que poco más del 60% de quienes tienen menos de 18 años son pobres.

Los datos oficiales disponibles permiten sostener que en México es tal el nivel de vulnerabilidad en que se encuentran millones de personas, y tal el nivel de desarticulación del mercado laboral, que siempre es más probable que una persona de clase media se convierta en pobre, que en una de altos ingresos.

Desde hace varios años se ha advertido que América Latina en general, y nuestro país en lo particular, enfrentan un grave déficit de ciudadanía que se expresa en distintas dimensiones: a) en una baja confianza en las instituciones; b) en una limitada participación organizada en la defensa de causas o desarrollo de trabajo comunitario; c) en bajos niveles educativos que se traducen en una mentalidad generalizada favorable al autoritarismo; d) en elevados niveles de corrupción gubernamental.

A lo largo de los últimos años, México fue surcado por nuevos y caudalosos ríos de violencia que inundaron prácticamente todo el paisaje social. Desde esta mirada constituye un grave error pensar que la violencia se expresa únicamente en los homicidios perpetrados en los enfrentamientos que se dan entre las bandas del crimen organizado.