Este 2012 se cumplen 95 años de que fuera promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue y sigue siendo, un texto emblemático que sintetiza un conjunto de aspiraciones y compromisos sociales del Estado mexicano, en función de los derechos y garantías individuales ahí reconocidos.
A pesar de que nuestra Constitución establece mandatos precisos en torno a cuáles son los derechos que tenemos por el simple hecho de nacer en el territorio nacional, según los datos del CONEVAL, menos del 20% de la población tiene acceso a las oportunidades necesarias para tener un nivel de vida adecuado, es decir, para no ser pobre o vulnerable por carencia social.
En ese mar de calamidades, son las comunidades en las que habita la población rural e indígena en donde se expresan con mayor dureza las condiciones de adversidad: se carece de los servicios más elementales, no hay agua suficiente, el trabajo es escaso y el hambre abruma, colocando en circunstancias límite de vida a los más pequeños.
Es cierto que enfrentamos la peor sequía en más de 70 años; pero también lo es el hecho de que contamos con los recursos suficientes para evitar que el hambre y las enfermedades prevenibles pongan en riesgo la vida y la salud de millones de personas en todo el territorio nacional.
Una vez más, lo que la tragedia de los Rarámuris pone en evidencia es el injusto esquema de distribución de la riqueza en el país y su correlato expresado en la ofensiva concentración del ingreso en unas cuantas manos.
Lo peor en estas circunstancias es que lo más duro de la crisis está apenas por venir, con el añadido de que los efectos de la sequía pronto comenzarán a generar estragos, semejantes a los que estamos viendo en Chihuahua, en distintas regiones que han sido severamente afectadas por la falta de lluvia.
La evidencia nos coloca cada vez más ante la urgencia de reconstruir el pacto político y social que nos define como nación, lo cual demanda la voluntad y un profundo sentido de patria en todas y todos los actores políticos que hoy tienen espacios de representación, de participación y de opinión.
En esta coyuntura, en este mes de febrero ofrecemos, como cada mes, un conjunto de miradas expertas en torno al grado de incumplimiento de las garantías constitucionales, con el propósito de continuar abriendo nuevas vetas de discusión, análisis y generación de propuestas para avanzar hacia la construcción de un verdadero Estado democrático de bienestar.
En particular, y a nombre de nuestro Consejo Editorial, agradezco al Lic. Marcelo Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal; a la Dra. Julieta Fierro; al Dr. Jorge Carpizo; a Agustín Escobar; Israel Vanegas; Ciro Murayama; José Rangel; Margarita Flores; Berenice Ramírez; Delfino Vargas y María Merino su disposición para escribir y contribuir al necesario debate sobre las distintas agendas de la cuestión social de nuestro país.
