Recientemente, el EZLN ha denunciado la reanimación de actos de hostigamiento a sus bases de apoyo mediante tácticas de contrainsurgencia que devienen de la táctica inicial del Gobierno Federal en los años 1994 y 1995, tales como habilitar con calidad agraria de ejidatarios a campesinos e indígenas en las “zonas recuperadas” por los zapatistas en la primera etapa del conflicto. Ante estos hechos, el Estado mexicano tiene la responsabilidad primaria de realizar acciones que permitan crear un ambiente propicio par ala reanudación del diálogo entre el Gobierno Federal y el EZLN

La obligatoriedad del bachillerato para el ciclo 2021-2022 implica que, a partir de entonces, toda la población mayor de 18 años tenga cubierta la educación media superior; sin embargo, el estrechamiento producido por la deserción que representa este nivel de estudios se constituye en el mayor problema de México para alcanzar los niveles de cobertura deseados, tanto en ese nivel como en el superior. Sin duda, la tarea de la autoridad educativa es ofrecer más y mejor educación en todos los niveles, y el país enfrenta una paradoja: cuando la oferta de profesionales aumenta, la economía requiere absorberlos, o bien, mantenerlos en el desempleo

La armonización de la Constitución mexicana con los estándares internacionales y la adición de nuevos derechos sociales (I) representan avances insoslayables en la lucha por el reconocimiento de los Derechos Humanos (DH). Con ello, también se amplían las oportunidades de exigibilidad para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), sobre los cuales existen las mayores afrentas para el país

Medir −hacer observable− la pobreza es más que un ejercicio académico: es también insumo indispensable para dimensionar el problema social y crear políticas públicas que tomen en cuenta las particularidades de las personas en esta condición

A casi un siglo de distancia de la promulgación de la Constitución mexicana de 1917, las ideas han evolucionado y se han precisado tanto en el ámbito nacional, como en el internacional. Sin embargo, la noción de justicia social sigue vigente, con un contenido fuerte que no se presta a interpretaciones, sino que exige su realización; aunque en México ésta continúa siendo, en buena parte, un ideal, una lege ferenda

Cuando situamos los aspectos que están caracterizando el estado de la seguridad social en México, su baja cobertura y la tendencia a estrecharse aún más por las condiciones del mercado laboral aparecen como parte de sus principales manifestaciones. Ante esta situación, una fórmula que se señala para contrarrestarla es ubicar a la universalización como la salida idónea y posible mediante el respeto a lo señalado en la Constitución Mexicana. Discutir sobre estas posibilidades, sus alcances y contradicciones es el objetivo de esta reflexión

La pobreza y la desigualdad persistentes en México rompen el equilibrio de la sana convivencia y el derecho a una vida digna y estable. En 2010, de acuerdo con datos del CONEVAL, el 46.2% de los mexicanos vivía en pobreza, lo que se traduce en un incremento del número de personas y grupos vulnerables que enfrentan violaciones continuas a sus garantías individuales. Fernando Cortés comenta que la desigualdad en el país se ha mantenido alrededor de 0.5(I) (índice de Gini) entre 1977 y 2010 (II),lo cual se traduce en que la desigualdad ha sido un problema sin resolver por décadas

Las recurrentes crisis por las que ha atravesado la economía mexicana (1982, 1994, 2001 y 2008-2009) y el bajo crecimiento económico de las últimas tres décadas han comprometido la posibilidad de que la agenda programática de tipo social contenida en la Constitución se cumpla. Más aún, algunas disposiciones legales en materia de conducción económica resultan contradictorias con los objetivos sociales de la Carta Magna

Alrededor del 23% de los mexicanos viven en zonas rurales. De ellos, dos de cada tres −es decir, 17 millones de personas− viven en situación de pobreza. Prácticamente todos los indicadores de carencia social en el campo rebasan –a veces duplican y hasta triplican− las carencias del promedio nacional y de la población urbana. La persistencia de la pobreza en el medio rural es signo de la falta de garantía de los derechos de sus habitantes

Durante 130 años, una cantidad variable pero significativa de mexicanos ha dejado México para ir a trabajar –y a vivir– a Estados Unidos. Este movimiento puede ser visto como un simple fenómeno de mercado, en el que ciertas personas se trasladan a donde pueden ganar más dinero y vivir mejor, en cuyo caso hay muy poco qué hacer, o, por el contrario, puede ser enfocado desde el punto de vista de Estado, según el cual la prioridad es el desarrollo del país y el bienestar a largo plazo de los mexicanos –aunque esto signifique medidas impopulares o costosas en el corto plazo–. En este segundo enfoque, todos los fenómenos sociales, políticos y económicos relacionados con la movilidad demográfica son de interés público, y sujetos potenciales de política 

Existe una Ley de Ciencia y Tecnología derivada de nuestra Constitución que se viola año tras año; esta Ley, diseñada por seres pensantes, señala con gran claridad que el Estado mexicano debe invertir el 1% del PIB en ciencia y tecnología, y no el 0.4% que se le otorga. Si una nación invierte en ciencia, con el tiempo ésta se puede traducir en innovación y en nuevas tecnologías que, utilizadas con prudencia, permitirán nuestra supervivencia como especie

Hace unos meses se produjo en nuestro país un cambio jurídico de gran calado al promulgarse una importante reforma constitucional en materia de derechos humanos. Dice el nuevo texto del artículo primero de nuestra Constitución que:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.