Por ello, toda la legislación, así como el diseño y la instrumenta­ción de la política social, deberá armonizarse con esta perspec­tiva. La legislación y la política social, deben ajustarse al princi­pio de goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales y garantizar el principio pro homine y bajo los postulados de universalidad, interdependen­cia, indivisibilidad y progresividad.

Éste es un camino que desde hace años ha venido recorriendo la Ciudad de México, lo cual se expresa en los contenidos de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, el Programa de Desarrollo Social (2007-2012) y el Programa de Derechos Humanos, así como otros documentos surgidos de los movimien­tos cívicos y sociales, como la Carta de la Ciu­dad de México por el Derecho a la Ciudad.

Una de las particularidades que ha distin­guido a la política social diseñada e implemen­tada desde 1997 en la Ciudad de México es, en lo esencial, su contraste en aspectos centrales con la política social federal. En particular, los gobiernos de la ciudad han planteado la nece­sidad de diseñar una política social con voca­ción universalista, con enfoque de derechos y que construya progresivamente mecanismos para su exigibilidad.

Una de las virtudes de la política social del DF la ha constituido su continuidad bajo la lógica de expansión de políticas y acumulación de derechos, que ha permitido construir en es­tos catorce años los cimientos básicos para el Estado social de derechos al que aspiramos. Vale la pena señalar que los asuntos centrales de esta política, como el universalismo de la pensión para adultos mayores, han sido inno­vadores y en su momento se pusieron en prácti­ca en momentos en donde en el mundo, y muy destacadamente en América Latina, el pensa­miento dominante en el diseño y la implemen­tación de políticas sociales habían hecho de la focalización y la subsidiariedad del Estado sus principios rectores y se descalificaba toda polí­tica y todo programa de orientación universal como populista, regresivo e inviable.

El desarrollo de la política social de la Ciu­dad de México ha contribuido, en cambio, a colocar en el país en otro terreno el debate; por ejemplo, sobre la universalidad, ha logrado impacto en el diseño de políticas y programas en otras entidades (y en el propio gobierno fe­deral), y ha generado un creciente interés in­ternacional por conocer esta experiencia.

Componente de este ímpetu innovador es el que en la reforma de la Ley de Desarrollo So­cial para el Distrito Federal del año 2005, im­pulsado cuando tuve el honor de ser Secretario de Desarrollo Social de la Ciudad, se incluyó en su artículo primero como objeto de la ley:

“I. Cumplir, en el marco de las atribuciones de la Administración Pública del Distrito Fe­deral, con la responsabilidad social del Estado y asumir plenamente las obligaciones consti­tucionales en materia social para que la ciu­dadanía pueda gozar de sus derechos sociales universales;

II. Promover, proteger y garantizar el cum­plimiento de los derechos sociales universa­les de los habitantes del Distrito Federal, en particular en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo e infraestructu­ra social” (Gaceta Oficial del Distrito Federal: 2005) .

Y que se definiera la universalidad como uno de sus principios en los siguientes términos:

“ I. UNIVERSALIDAD: La política de de­sarrollo social está destinada para todos los habitantes de la ciudad y tiene por propósito el acceso de todos y todas al ejercicio de los de­rechos sociales, al uso y disfrute de los bienes urbanos y a una creciente calidad de vida para el conjunto de los habitantes” (Gaceta Oficial del Distrito Federal: 2005).

Es públicamente reconocido que la Ley de Desarrollo Social de la Ciudad es uno de los instrumentos más avanzados en la materia en América Latina y que es plenamente coinci­dente con la letra y el espíritu de la reforma constitucional sobre derechos humanos del año 2010.

Asimismo, es relevante que en el Programa de Desarrollo Social 2007-2012 del Gobierno del Distrito Federal que rige a la actual admi­nistración, hayamos incluido postulados de largo aliento como el de:

“Una política social de equidad e inclusión, como la del Gobierno del Distrito Federal, tie­ne una perspectiva de derechos para construir ciudadanía social o, si se prefiere, desarrollar la dimensión social de la ciudadanía. Por ello mismo se asume que los derechos son univer­sales y deben ser exigibles. No son servicios que se adquieren en el mercado, sino derechos a los que se accede mediante las instituciones públicas financiadas con las contribuciones, proporcionales a los ingresos, pagados por las y los ciudadanos. Por eso la política social de derechos del Gobierno de la Ciudad de México tiene un propósito garantista y desmercantili­zador en el acceso y goce de los derechos y los servicios sociales.” (Gaceta Oficial del Distrito Federal: 2008).

Todo lo anterior es de gran relevancia porque, en balance, somos un país en donde cuatro de cada cinco mexicanos no tiene el in­greso, los activos, el tiempo ni el acceso a los bienes y servicios públicos para la satisfacción de sus necesidades básicas y gozar de los com­ponentes de una vida digna. Somos un país en donde el 80% no ejerce realmente los dere­chos sociales que la Constitución consagra. A pesar del enorme esfuerzo realizado en la Ciu­dad, aquí también tenemos serios rezagos en materia de goce de derechos, en donde, con­forme a estimaciones de Evalúa DF, 7 de cada 10 ciudadanos no gozan aún a cabalidad de sus derechos humanos integrales.

México tiene la economía 13 del mundo, es miembro del G-20 y de la OCDE, pero tiene niveles de pobreza y desigualdad muy altos, así como del goce efectivo de los derechos socia­les y niveles de bienestar muy por debajo del tamaño de su economía y de la riqueza acu­mulada. Esto es, vivimos una fuerte brecha de bienestar que es la distancia entre las condi­ciones de vida posibles para la población y las condiciones reales de vida. Cerrar esta brecha de bienestar debe ser el principal objetivo del país en los años y lustros por venir.

México no es un país pobre; es un país con muchos pobres. El principal problema de nuestro país no es de carencia de recursos, sino de la mala distribución de los mismos. México enfrenta ante todo un problema distributivo.

Si durante los últimos treinta años se repi­tió ad infinitum la idea de que para distribuir hay que crecer previamente, hoy la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL) postula que para crecer hay precisamente que distribuir. Hoy la desigual­dad no sólo desintegra las sociedades, esti­mula las conductas antisociales y erosiona la cohesión social, sino que se ha convertido, en el caso de México, en el obstáculo fundamen­tal para recuperar el crecimiento.

Si queremos dejar de ser esta sociedad po­larizada y excluyente, es evidente que debe propiciarse un cambio profundo a escala na­cional. Persistir en el rumbo actual es garan­tizar que el panorama que nos aqueja no se modifique sustancialmente y que varios de los males sociales del país se agraven como conse­cuencia del actual contexto económico, social y demográfico global.

La Ciudad de México ha construido una política social que, desde su nacimiento, se si­tuó en el marco de los derechos y planteó la ne­cesidad de superar no sólo la pobreza, sino la desigualdad social y de manera muy destacada toda forma de discriminación.

La política social propuesta por el GDF ha contribuido a recolocar conceptos básicos para repensar la política social del país, como la universalidad, la redistribución, la exigibili­dad, la igualdad y la participación bajo la idea unificadora de construcción de un régimen y un Estado Social de Derechos.

Es mucho lo realizado a la fecha, pero tam­bién es mucho lo que aún nos falta por reco­rrer para tener la ciudad igualitaria, justa, digna, fraterna y solidaria a la que aspiramos, pero el secreto reside en claridad de rumbo y persistencia en el esfuerzo. Y en ambos aspec­tos la Ciudad de México ha sido consistente.

En este sentido, el nuevo marco de derechos humanos de nuestra Constitución refuerza la certeza de nuestra orientación y nos obliga a darle cumplimiento para continuar, reforzar y acelerar el diseño y la instrumentación de po­líticas sociales con perspectiva de derechos. •