Vamos a suponer, ahora que está de moda lo natural, lo ecológico, que decidiéra­mos todos regresar a nues­tro estado primitivo: el de ser cazadores, recolectores; es decir, tomar lo que necesitamos del me­dio que nos rodea, matando si hace falta, sin ningún pudor, o formando pandillas, o sea, uniéndonos al crimen organizado.

Las personas de hace 100,000 años podían sobrevivir utilizando y destru­yendo su entorno porque eran nómadas y, sobre todo, porque eran pocas, y la na­turaleza se recomponía sola de los estra­gos humanos y otras adversidades. En el pasado, algunos códigos religiosos no exigían el respeto a la naturaleza porque no hacía falta; se pensaba que plantas y animales existían para nuestro benefi­cio; y sus preceptos tampoco incluían a los métodos anticonceptivos.

Ahora la naturaleza ya no puede con nosotros: lo que nos da gratis, como, por ejemplo, la atmósfera, lo dañamos; y ya ni se diga de la velocidad con la que ex­terminamos plantas y animales; y, si de repente quisiéramos regresar al sistema de “saquear y matar”, se destruirían gran parte de los logros de la humanidad.

Por tanto, tenemos que repensar nues­tra organización social para no auto-ani­quilarnos; es decir, debemos restablecer el contrato social, pues trabajamos y pa­gamos impuestos para tener protección, educación, salud, transportes, justicia, comida, agua potable o energía (nótese que la falta de trabajo remunerado es una falla de contrato social efectivo).

Tanto economistas como científicos consideran que la innovación es la solu­ción para enfrentar algunos de nuestros problemas. Por dar un ejemplo, tenemos el caso de los teléfonos celulares: costó decenas de años desarrollarlos con inver­siones de miles de millones de dólares, y ahora, puesto que son relativamente bara­tos, millones de personas los compramos, y entre todas pagamos la investigación científica que logró crearlos y mejorarlos. Además, los teléfonos celulares consu­men poca energía, requieren de escasos materiales para su construcción y nos permiten ahorrar la energía que implica­ría trasladarnos hasta el sitio donde se en­cuentran nuestros interlocutores.

En otras palabras, si una nación invier­te en ciencia, con el tiempo ésta se puede traducir en innovación, en nuevas tecnolo­gías, que, utilizadas con prudencia, permi­tirán nuestra sobrevivencia como especie.

Existe una Ley de Ciencia y Tecnología en nuestra Constitución, la cual se viola año tras año. Esta Ley, diseñada por seres pensantes, señala con gran claridad que el Estado mexicano debe invertir el 1% del PIB en ciencia y tecnología, en lugar del 0.4% que se le otorga. Cabe destacar que los funcionarios de la Secretaría de Hacienda dicen que el subsidio a la cien­cia aumentó a 0.6%, lo que es en realidad un engaño, pues el costo del apagón ana­lógico se le está cargando a la actividad científica y no a la Secretaría de Comuni­caciones y Transportes, la cual es responsable de transitar de manera suave de lo analógico a lo digital.  

A los científicos no nos serviría de nada un aumento súbito al 1% del PIB. Tendría que ser gradual, para abrir nuevos centros de investiga­ción vinculados con las indus­trias, formar a más doctores y fortalecer la investigación en las universidades estatales, y esto toma tiempo.

Vale la pena mencionar que si en México no se hace investigación básica sobre problemáticas locales, como la diabetes o el crimen organizado, nadie lo va a hacer por nosotros.

En este sentido, debemos fortalecer uno de los derechos humanos mínimos: la seguridad. Si no analizamos las causas de la violencia y hacemos prospección para adelantarnos al crimen organizado, en lugar de combatirlo a medias una vez perpetrado, no avanzaremos en materia de seguridad. Si no investigamos las dro­gas ancestrales como la mariguana, ni las nuevas, no podemos tomar decisiones tan importantes como la prevención, el trata­miento, las fuentes alternas de bienestar. Tampoco podremos decidir si se deben le­galizar algunas; como la historia muestra que se hizo con el alcohol y los antidepre­sivos. De seguir prohibiendo drogas, po­dríamos caer en la tentación de prohibir el azúcar, para evitar la diabetes, o las de­más drogas de uso común, como el café, el chocolate y el tabaco. Es mejor saber usar las drogas con precaución que prohibirlas.

Si se crea un centro de investigación sobre la violencia, se podría abatir la más común, la intrafamiliar. Este centro podría ocuparse de diseñar programas educativos obligatorios para parejas en noviazgo, en los cuales, entre otras cosas, se les enseña­ra a las mujeres a decir no y a los hombres a pedir lo que necesitan, en lugar de lan­zarse a los golpes. El instituto de la violen­cia también se podría dedicar a investigar qué tipo de albergues serían los adecuados para los niños y mujeres maltratados.

Desafortunadamente, la ley sobre el apoyo a la ciencia y la tecnología no es la única que no se cumple. Vivimos rodeados de impunidad. Sin embargo, considero que la comunidad científica suele ser honesta, porque está sujeta a evaluación continua, y por eso funciona tan bien, pues su tra­bajo es constantemente arbitrado, y, si se aumentara el subsidio de manera gradual, tanto para ciencia básica como la aplicada, a fin de resolver los problemas mexicanos con inteligencia, sería un ejemplo a seguir. El mensaje estaría claro: si empleas bien los fondos estatales subsidiare­mos tus proyectos.

Un ejemplo de ciencia aplicada fundamental en asuntos que requieren de atención inmediata sería el siguiente caso: dado que el 70% de nuestro territorio es desértico y tenemos amplios litorales, se podría utilizar la energía solar para desalar agua de mar.

En conclusión, es nece­sario que México invierta el 1% del PIB en ciencia y tec­nología, a fin de crear innovación que permita la supervivencia de las especies, en un mundo en el que la población cre­ce de manera desmedida y se destruye a la naturaleza sin piedad. En otras pala­bras, hay que aplicar las leyes de nuestra Constitución (por cierto, no estaría mal reescribir la Constitución con una in­troducción general que incluya las gran­des ideas que emanan de una nación y artículos claros de donde surjan leyes y reglamentos a su vez transparentes y aplicables).•