Hacia un nuevo enfoque de la emigración mexicana

Ambos enfoques se pueden aplicar al corto y al largo plazo. La emigración de mexicanos ha pasado de un saldo neto anual negativo para México de alrede­dor de 560,000 personas en el quinque­nio 2000-2005 a uno de entre 230,000 y cero(I) entre 2007 y 2010. Un enfoque de mercado que, sin embargo, acepta que el fenómeno es complejo, podría afirmar que “el problema” se ha aminorado por sí mis­mo gracias a la crisis de Estados Unidos.

Cualquier problema social relativo a la migración laboral de mexicanos –se­paración familiar, vulnerabilidad, trata, discriminación, persecución o la delin­cuencia organizada que hace presa cre­ciente de los migrantes– se disuelve en la insignificancia cuando la migración cae sustantivamente durante una crisis que atrae menos mexicanos y expulsa a otros más. El mercado se autorregula, y si real­mente las condiciones de la migración se vuelven mucho más difíciles, la cantidad de migrantes seguirá cayendo. De la mis­ma manera, se puede suponer que cuan­do la economía mejore la represión que hoy se vive se alterará y volveremos al status quo del año 2000: precariedad la­boral y vulnerabilidad de los mexicanos en general, sean documentados o indo­cumentados, pero una alta probabilidad de vivir y trabajar sin ser deportados. Esta opinión es errónea y por lo tanto sí debe haber políticas públicas orientadas a la emigración mexicana. 

La posición de mercado es errónea. Porque:

1) México es el país latinoamericano que recibe menos por la emigración de cada ciudadano al extranjero(II); es decir, el in­tercambio de fuerza de trabajo por reme­sas es altamente deficitario para el país. De acuerdo con mis análisis, en los casos de Haití, Bolivia, Brasil, Honduras, Co­lombia, Guatemala, Ecuador, Perú y El Salvador, cada ciudadano de su país en el extranjero remite en promedio entre 1 y 4 veces el PIB per cápita, mientras que cada mexicano en el extranjero remite en promedio 22% del PIB per cápita.

En otras palabras, y a pesar de la per­cepción contraria, el migrante mexicano promedio puede hacer mucho más por el país (y entregar más dinero a su familia) al quedarse que al irse. Esto no significa que el empleo no sea un problema en México. Las políticas públicas deben generar más y mejores empleos, como afirma el CONEVAL, pero es un error suponer que la emigración es un negocio del cual depende el bienestar del país.

2) Cada mexicano que llega a Estados Unidos compite con otro mexicano que ya estaba en Estados Unidos, y reduce la posibilidad de negociación de ambos. Di­versos estudios realizados desde que se emprendió el primer estudio binacional sobre migración México-Estados Unidos han mostrado que las fluctuaciones en la migración afectan sobre todo los nichos de mercado que ya se han vuelto propios de los inmigrantes. En otras palabras, el bienestar económico de los migrantes y las remesas per cápita a México caen más mientras más se van.

3) La vulnerabilidad, la represión y la trata no sólo crecen por razones de mercado, sino que son parte de un fenó­meno de largo plazo de rechazo político creciente de la inmigración pobre y “dife­rente” en Estados Unidos. Aunque pueda mejorar la situación de manera modesta, no se volverá al status quo de “voltear la cara para no ver”. La polarización políti­ca de los Estados Unidos debe ser tema de un análisis extenso y cuidadoso, pero se puede decir que no es un fenómeno de corto plazo: los votantes medios, y sobre todo los votantes de los estados de “MiddleAmerica” se han desplazado ha­cia la derecha y la intolerancia de manera continua durante los últimos 30 años.

El círculo vicioso que señaló Jorge Bustamante hace una década opera níti­damente: la ilegalidad reduce las opcio­nes de vida y trabajo de cierta población, pero, además, los visibiliza y facilita su estigmatización, con lo cual la brecha y el rechazo entre los percibidos como “nosotros” y los “otros” se agranda y se recrudece. El mismo fenómeno ha sido señalado por investigadores tales como Massey, Telles, Portes y Lomnitz, quie­nes usan conceptos como “racialización” y “underclass” para explicar la escasa asi­milación de las generaciones 1.5, 2 y 3 de los mexicanos y mexicoamericanos.

4) En el horizonte visible no habrá una reforma amplia que abra las puertas a los indocumentados de hoy. Esos mexi­canos seguirán siendo vulnerables. El gobierno del presidente Obama perdió su mayoría en el Congreso, y cuando tuvo mayoría optó por otros temas, en parte forzados por la crisis económica, y en parte no (rescates financieros, ex­tensión de beneficios sociales y reforma de salud). En este momento ya no tiene ninguna posibilidad de emprender tal reforma, que en todo caso, si pasara, se­ría restriccionista, no de apertura, debi­do a la situación del mercado laboral.  

5) El papel de las leyes estatales y loca­les relativas a la migración es cada vez más importante. Se trata de más de 1,300 ac­tas legislativas. Una parte minoritaria de las mismas es pro-inmigración, como, por ejemplo, la nueva cédula de identificación provista en San Francisco a quien la soli­cite. Pero la mayor parte es restrictiva o punitiva, y dicta que los indocumentados y sus hijos no tienen acceso a licencias de conducir, el arrendamiento de vivienda, servicios sociales y otros beneficios bási­cos para una existencia urbana.

La coexistencia de leyes estatales y federales en la materia es una reali­dad. Aunque el gobierno federal de Es­tados Unidos y una amplia gama de organizaciones civiles han interpuesto demandas en contra de muchas de estas medidas y han logrado frenar algunas, el hecho es que la mayoría de las regulacio­nes antiinmigrantes ya funcionan, y que el gobierno federal colabora con autori­dades locales en la aplicación de las le­yes migratorias y no libera a quienes son arrestados por las policías locales y no pueden demostrar su estancia legal en el país. Los procesa y expulsa. En otras palabras, aunque las ordenanzas más controvertidas de la Ley Arizona SB1070 fueron frenadas en tribunales, el hecho es que ya operan y el gobierno federal las aplica. Basta hablar con alguno de los más de 180,000 deportados que están llegando a México cada año. La mayoría fueron detenidos por autoridades locales, y entregados posteriormente a las fede­rales, que los juzgaron y erradicaron de Estados Unidos.

6) Estados Unidos incumple los acuerdos (Memoranda) de repatriación. Aunque es difícil poner un número al incumplimiento, es posible decir que las violaciones a estos acuerdos son co­tidianas. Así lo afirmó la SRE en 2005, pero la situación hoy es mucho peor. Sólo Gobernación ha señalado el hecho. Los acuerdos, iniciados en 1997, tuvieron como objeto el trato digno de los mexica­nos repatriados debido a su aprehensión en la frontera o a su deportación por or­den judicial. El papel de las autoridades mexicanas es negociar su cumplimiento.  

El incumplimiento es tanto más gra­ve en cuanto la situación de seguridad en muchos puntos fronterizos de repa­triación es muy mala, y si las autorida­des mexicanas no los reciben porque se repatrian en lugares y horarios no acor­dados, los reciben delincuentes. En un conjunto de entrevistas(III) que realicé el pasado mes de septiembre, se pudo cons­tatar además que la circular administra­tiva del gobierno de Estados Unidos que ordenó dejar de procesar y de deportar a quienes no hubieran cometido delitos en ese país no se había acatado.

7) En términos políticos, la existen­cia de seis millones de indocumenta­dos mexicanos en Estados Unidos se ha constituido en un rehén: la amenaza de la deportación no sólo pende sobre los individuos, sino sobre todo México y sobre nuestra capacidad de absorberlos de manera pacífica y provechosa, y esto debilita la posición mexicana en nues­tra relación bilateral. Es curioso que su­pongamos que existe un “fantasma de la deportación masiva” y que el mismo nos lleve a ser estridentes pero imprácticos en cualquier plática bilateral sobre mi­gración, en la cual hablamos, sobre todo, de derechos humanos(IV).

La deportación masiva está ocurrien­do, pero seguimos sin tomar ninguna medida ni bilateral ni interna que real­mente atienda el problema. Es hora de reconocer el hecho y de negociar con Estados Unidos que las deportaciones ocurran de manera que el gobierno mexi­cano las pueda manejar. El papel de la di­plomacia es negociar que se cumplan las condiciones que queremos, no protestar.

Pero, además, México puede y debe tomar medidas de política pública inter­na que retengan y atraigan de regreso a la población migrante.

El primer paso, sin embargo, es definir lo que el país quiere. Desde luego, es posi­tivo que quienes migren tengan una mejor posición de mercado, para que ganen más, vivan mejor y sus familias vivan mejor. Pero para eso es importante que migren menos, que lo hagan legalmente, que es­tén mejor preparados y que hablen inglés.

Por otro lado, es fundamental que México reciba de manera positiva y pro­vechosa a los retornados. Un análisis del autor y de Israel Banegas ha mostrado que los migrantes de retorno, en gene­ral, viven en mejores viviendas y tienen el mismo grado de acceso a programas sociales que los hogares donde no hay migrantes. Sin embargo, también se muestra que, sobre todo cuando carecen de documentos mexicanos, tienen pro­blemas serios de acceso a servicios y pro­gramas, y que esta desventaja se extiende a sus hijos, sobre todo (paradójicamente) en los municipios más pobres del país.

Los retornados voluntarios tienden a ser autoempleados y propietarios de pequeños negocios. Facilitarles la ins­talación, formalización y expansión de estos negocios sería muy provechoso. La mayor parte de la emigración es rural. Mejorar la absorción de fuerza de traba­jo en zonas rurales es posible y tendría consecuencias positivas, pero programas como PROCAMPO no lo logran. Tanto la agricultura de exportación como la de subsistencia pueden absorber más mano de obra, y además desarrollar el sector con mayor rapidez y menos polarización.

Desde luego, la solución de fondo es un conjunto complejo de acciones que generen más dinamismo económico y empleo. Tal vez lo más positivo de toda esta discusión es que puede hacer visible el hecho de que la “solución” al proble­ma de la emigración ilegal es plenamen­te coincidente con la prioridad mayor del Estado mexicano: el desarrollo.•

Notas: 

I. Un saldo neto migratorio de ce­ro significa que vuelven tantos co­mo los que se van, no que no haya movilidad.

II. Con la sola excepción de Trini­dad y Tobago, que casi no muestra emigración indocumentada.

III. Agradezco las entrevistas con­cedidas por los funcionarios res­ponsables de varias casas del migrante en Tijuana y Ciudad Juárez.

IV. Los derechos humanos deben garantizarse. Exigirlos de mane­ra retórica, sin embargo, ha resul­tado inútil.