La Constitución mexicana de 1917 tuvo un papel pio­nero al sumar a los dere­chos de tipo patrimonial y político de los individuos un conjunto de derechos sociales, referidos por ejemplo al ac­ceso a la educación y a condiciones de trabajo dignas, que más tarde serían incorporados a otros ordenamientos ju­rídicos internacionales.

Con base en esa inspiración social del texto constitucional, a lo largo del siglo XX en México se amplió de forma drás­tica el acceso a la educación; se crearon instituciones de seguridad social, y se dio lugar a relaciones de trabajo esta­bles que acompañaron el proceso de industrialización y urbanización del país hasta conseguir colocarlo como una na­ción de desarrollo medio alto.

Por supuesto, no todo fue un proceso virtuoso y exento de dificultades. A pesar del crecimiento económico y del desarro­llo del país, vastas capas de la población continuaron en la pobreza y la desigual­dad se mantuvo como una de las carac­terísticas duras del perfil social de la nación. Pero puede afirmarse que desde cualquier indicador social robusto, Mé­xico fue un país que consiguió avances notables a lo largo del siglo XX, ya sea en tasas de alfabetización y en años de escolaridad promedio, o bien, en indica­dores de mortalidad infantil y materna, esperanza de vida, así como en el ingreso per cápita, que son las variables conside­radas para evaluar el Desarrollo Huma­no de las sociedades.  

Ya hacia finales del siglo XX, en par­ticular a partir del estallido de la crisis de la deuda a inicio de los años ochenta, el trayecto mexicano hacia el desarrollo –con sus desequilibrios y omisiones- se truncó y, con ello, buena parte de lo que la Constitución disponía en materia so­cial. Es el caso de los salarios mínimos o del acceso a la seguridad social que estu­vo ligado a la incorporación y permanen­cia en el mercado de trabajo formal.

Tras la crisis ocurrió un replantea­miento a fondo en la forma de conducir la política económica y de fijar las prio­ridades de la misma. El crecimiento del mercado interno y la creación de empleo a través del estímulo directo del sector público cedieron su lugar a las metas de estabilidad macroeconómica nominal (contención del déficit y deuda públicos, control de la inflación, corrección del desbalance externo), a través de un drás­tico ajuste económico que en los hechos significó el abandono de los objetivos de desarrollo social que el Estado había ve­nido impulsando siguiendo la letra cons­titucional. Sin que se diera un cambio a la Constitución, las prioridades habían sufrido una alteración profunda, susti­tuyéndose objetivos de desarrollo por metas nominales de corto plazo.

Después del ajuste se instrumentó un conjunto de reformas legislativas e ins­titucionales para asegurar la operación de una economía abierta y de mercado. Muestra de ello son, en los años noventa, la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y la autonomía del Banco de México, que aseguró que la conducción de la política monetaria que­dara salvaguardada de la intervención de los poderes públicos electos. Otro ejem­plo, más reciente, fue la aprobación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsa­bilidad Hacendaria que limita la planea­ción del desarrollo de largo plazo.

Las recurrentes crisis por las que ha atravesado la economía mexicana (1982, 1994, 2001 y 2008-9) y el bajo crecimien­to económico de las últimas tres décadas han comprometido la posibilidad de que la agenda programática de tipo social con­tenida en la Constitución se cumpla. Más aún, algunas disposiciones legales en ma­teria de conducción económica resultan contradictorias con los objetivos sociales de la Constitución, como el hecho de que el Banco de México tenga como imperati­vo controlar la inflación y no, como ocurre con otras bancas centrales –en Estados Unidos sin ir más lejos-, ocuparse tam­bién del empleo y el crecimiento.

Aunque la economía mexicana y el sistema político del país han experimen­tado transformaciones relevantes en las últimas décadas –con apertura al exte­rior y liberalización de mercados por un lado, junto con la creación de un sistema de partidos y la erradicación del presi­dencialismo omnipotente por el otro-, sigue intocado el principal problema de la economía política mexicana: conseguir elevar la recaudación fiscal (la carga tri­butaria como porcentaje del PIB no con­sigue alejarse del 10 por ciento), lo que evidencia no sólo una fuerte restricción presupuestal sobre la acción del sector público sino un problema de legitimidad del Estado mexicano, sobre todo entre los sectores de altos ingresos en una sociedad de alta concentración de la riqueza.

Una economía que no crece, o lo hace a tasas muy bajas (como resultado, bási­camente, de una caída en el componente de inversión pública –no sustituida por la privada- como parte del producto, así como por una política cambiaria que en la búsqueda de la contención inflaciona­ria castiga la competitividad precio de los productos mexicanos), más un Esta­do que no recauda lo suficiente y que está limitado en su gasto por el objetivo del déficit cero (o cercano a cero, como ha ocurrido en los últimos años), configuran una realidad donde ni la dinámica eco­nómica general ni la intervención del Estado ofreciendo bienes públicos son propicias a la mejoría del bienestar del grueso de la población y, por lo tanto, de los indicadores sociales más relevantes.

Así, aunque en algunos circuitos inter­nacionales, básicamente en el marco de los organismos que componen el anda­miaje institucional de las Naciones Uni­das, se avance en la reivindicación de los derechos sociales –de la mano de las ela­boraciones teóricas y académicas identi­ficadas con el garantismo y la igualdad-, y aunque México sea signante frecuente de tratados internacionales de avanzada, en los hechos, la política económica que impera en el país no es armónica con la expansión de las garantías sociales.

En el caso del empleo, por ejemplo, no sólo el salario mínimo ha perdido el 70% de su capacidad adquisitiva en treinta años, sino que en la actualidad puede afirmarse que más del 50% de la fuerza de trabajo está ocupada en la in­formalidad (esto si se aplica la metodolo­gía de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que estima a los informa­les a partir de la condición del trabajador y no del establecimiento donde labora, como hace INEGI en México).

En materia educativa, por otra parte, si bien hay una cobertura de educación primaria que ronda el 100%, existen se­rios problemas de permanencia en la es­cuela y de abandono escolar temprano: a partir de estimaciones hechas con da­tos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), puede afirmarse que por cada 100 niños que entran a primaria sólo 65 concluyen la secundaria, que es el nivel hasta el que abarca por el momento la educación obligatoria. Más aún, sólo 36 alumnos, de cada 100 que comienzan la primaria, terminan el bachillerato. En nuestro país, el gasto por alumno es varias veces inferior al que se hace en la media de los países de la OCDE, de tal suerte que no se puede desligar el bajo rendimiento educativo con un, todavía, escaso financiamiento público.

La acumulación y reproducción de rezagos sociales ocurre, además, en un momento crítico de la demografía mexicana: cuando la mayor cantidad de mexicanos en la historia viven su juven­tud. Sólo en la actual década 20 millones de mexicanos llegarán a los 18 años de edad. Alcanzarán la edad de ciudadanía habiendo, dos de cada tres, abandonado la escuela antes de concluir la educación media superior y en un contexto de bajo crecimiento económico y escasas opor­tunidades de empleo e inserción produc­tiva que pueden colocarlos en riesgo de exclusión de por vida.

Es necesario que los derechos sociales consagrados en la Constitución orienten la política económica del país en estos años críticos y no que, como viene ocu­rriendo, la política económica del estan­camiento sea insensible a la realidad del México Social.•