Las decisiones metodológi­cas para medir el concepto de pobreza llevan necesa­riamente a resultados di­ferentes. Baste recordar el estudio de Székely et al (2000)(I) donde se comparan la pobreza y la desigualdad de 17 países con el obje­to de analizar las variaciones producto de las fuentes de información y de los pro­cedimientos metodológicos. Al modifi­car algunos supuestos, como la elección de escalas equivalentes, el tratamiento de valores perdidos y los ceros en las encues­tas de hogares, entre otros, los autores mostraron que la pobreza podría variar en la región de 13% a 66% (de 61 a 316 millones, respectivamente).

De ahí la importancia de hacer explí­citos todos los supuestos metodológicos de la medición y de realizar análisis de sensibilidad. Al ser la medición de un concepto social, producto de un esfuerzo académico y de necesidades específicas de los hacedores de política, deben exis­tir, como ocurre en todo debate académi­co, mecanismos para lograr un consenso sobre las decisiones utilizadas. Siempre, a medida que avanza la investigación, habrá espacio para argumentar sobre cambios que mejoren la medición. Los cálculos deben ser replicables, las fuen­tes de información lo más certeras po­sible, y la medición debe ser útil para la toma de decisiones.

Cabe recordar que a principios del siglo en curso no existía una medición oficial de la pobreza en México, sino que coexistían un gran número de indicadores de bienes­tar y pobreza calculados por las diferentes dependencias federales para cubrir sus re­querimientos de información.

Con la promulgación de la Ley Gene­ral de Desarrollo Social (LGDS), en 2004 se establecieron los lineamientos, dimen­siones, temporalidad y representatividad para una medición oficial de la pobreza de carácter multidimensional. Las sie­te dimensiones explicitadas en la LGDS son: ingreso corriente per cápita; rezago educativo promedio en el hogar; acceso a los servicios de salud; acceso a la segu­ridad social; calidad y espacios de la vi­vienda; acceso a los servicios básicos en la vivienda; acceso a la alimentación; y gra­do de cohesión social. Con esto, la pobreza debe ser medida, según la LGDS, como la agregación de las dimensiones de bienes­tar (por medio del ingreso), los derechos económicos, sociales y culturales, y una di­mensión territorial: la cohesión social.

Finalmente, fue en 2009 que el CO­NEVAL dio a conocer la metodología multidimensional para el cálculo en la po­breza en México que seguía los lineamien­tos marcados en la Ley. A la fecha se han presentado las mediciones para 2008 y 2010. Cabe resaltar que esta metodología cumple con los principios de ser consen­suada y que las decisiones hechas están explicitadas en documentos públicos.

En términos sintéticos, la medición implica el uso de una dimensión de bie-nestar medida por ingreso y una dimen­sión que aborda el campo de los derechos sociales. Para la dimensión de bienestar la metodología multidimensional reto­mó la agenda de investigación que pro­puso el CTMP. Con esto, se da cuenta de un proceso de adecuación y mejora que obedece a los avances a nivel nacional e internacional en la materia.

En la dimensión de los derechos so­ciales, para poder traducirlo en una me­dición, fue necesario reconocer que los derechos sociales son indivisibles e indi­solubles. Con esto, nos referimos a que en el campo de derechos humanos de tercera generación, como son los dere­chos sociales, además de ser inherentes, universales, absolutos e inalienables, no existen jerarquías entre ellos y forman en su conjunto un grupo que debe ser ejerci­do en su totalidad.

De ahí que la operacionalización que se realiza con esta metodología tome las siete dimensiones mencionadas y cree un grupo de indicadores que marcarán la carencia en alguno de éstos. Para con­tinuar con la congruencia que implica un enfoque de derechos, la asignación de umbrales comienza por identificar los ordenamientos legales, y, en caso nece­sario, se recurre a criterios definidos por especialistas en los diferentes temas.

Una vez definidos los diferentes um­brales, es posible identificar las carencias de un individuo. Sin embargo, ya que los derechos son indisolubles e indivisibles, aquel individuo que tenga al menos una carencia debe ser identificado como pri­vado del ejercicio de su derecho.

Del cruce entre el espacio del bie-nestar y el espacio de las carencias es posible crear diferentes desagregaciones que pueden ser de utilidad para guiar la creación de las políticas públicas. Por ejemplo, se pueden identificar a aquellos individuos que están por debajo del um­bral de ingresos y que presentan caren­cias en alguna de las siete dimensiones. Asimismo se pueden identificar a aqué­llos que no presentan carencias pero que están por debajo del umbral de ingresos.

La medición cumple con poder identificar a la población pobre y medir la profundidad del fenómeno. Se puede agregar según subpoblaciones, lo que permite, entre otras, saber la pobreza de la población rural o la población indíge­na. Igualmente, la medición debe servir para la evaluación de políticas públicas. El ámbito de acción de la política eco­nómica y fiscal afectará en la dimensión de bienestar, mientras que el ámbito de las políticas sociales puede ser estudiado según la dimensión de carencias de de­rechos donde incidan. Así, las dependen­cias podrán programar las metas de sus programas sociales con base en el indi­cador de la medición que corresponde al ámbito de acción del programa.

Como en los avances científicos, es del consenso entre los diferentes actores in­volucrados, bajo un esquema de escruti­nio público, que es posible avanzar hacia una medición que sea un instrumento útil para la planeación y la creación de políticas públicas. •

Referencias

I. Székely, Miguel; Lustig, N.; Cumpa, M.; y Mejía, J.A. (2004), “Do we know how much poverty there is?” Oxford Development Studies, vol. 32, Núm. 4, pp. 523-558.