Antecedentes
El 1º de enero de 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional convocó a la insurrección mediante una declaración de guerra al Ejército Mexicano y la ocupación militar de varios municipios, levantando las banderas de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la construcción de un nuevo modelo de nación.
La amenaza de una desestabilización generalizada movilizó a amplios sectores sociales, lo que obligó a los contendientes a suspender los enfrentamientos militares y reunirse a dialogar por primera ocasión en la catedral de San Cristóbal de las Casas, en un proceso que ha resultado difícil y hasta contradictorio.
Siendo Presidente de la República Ernesto Zedillo Ponce de León, se produjeron acercamientos iniciales entre funcionarios del Poder Ejecutivo Federal y la dirigencia del EZLN, mismos que fueron cancelados abruptamente el 9 de febrero de 1995 cuando se expidieron órdenes de aprehensión contra la dirigencia de los insurgentes.
Esta decisión del Poder Ejecutivo Federal desató una grave crisis que sólo pudo superarse mediante la intervención del Poder Legislativo Federal, que el 10 de abril de 1995 aprobó unánimemente la Ley para el Diálogo, la Negociación y la Paz Digna en Chiapas, que contiene una estrategia propiciatoria del entendimiento entre las partes, reafirma la soberanía entre poderes y resuelve jurídicamente el tema de las órdenes de aprehensión.
De hecho, y con el respaldo de todas las instituciones y partidos políticos, esta ley resultó la plataforma para estructurar el proceso de diálogo y pacificación entre el Gobierno Federal y el EZLN de abril de 1995 a septiembre de 1996.
La agenda de ese proceso, aprobada conjuntamente, incluía los temas de Derechos y Cultura Indígena; Democracia y Justicia; Bienestar y Desarrollo; Reconciliación en Chiapas; y Derechos de la Mujer, dejando al final el de la cancelación de la declaratoria de guerra y el acuerdo de paz definitivo. Para el desahogo de cada tema se acordó un método de trabajo que permitía la celebración de acercamientos y consultas entre las delegaciones de cada una de las partes y sus respectivas instancias de dirección.
El 16 de febrero de 1996, en San Andrés Larrainzar, se firmó el primer acuerdo parcial en el tema de Derechos y Cultura Indígena, después de un intenso y promisorio proceso de diálogo y negociación.
En esta etapa, la relación entre el EZLN y la Comisión de Concordia y Pacificación fue de cercanía, cordialidad y confianza, lo que propició la creación de una estrategia denominada “Vía Paralela”.
Esta consistió en aparejar al proceso de diálogo, un mecanismo de interlocución entre el EZLN y el Gobierno Federal, en donde mediante “documentos ciegos”, es decir, textos de compromiso político entre las partes, el Presidente de la República y el Subcomandante Marcos, mandatado por la Comandancia Zapatista, buscaban por la vía de la COCOPA acelerar el proceso de paz.
El segundo tema agendado fue el de Democracia y Justicia, cuyo desarrollo contrastó con el anterior. La parte gubernamental mantuvo una negativa permanente a manifestar su postura en las mesas instaladas, actitud que difería totalmente con las intenciones declaradas por el Presidente de la República a la COCOPA.
Ante el fracaso de esta mesa y la dilación para concretar los primeros acuerdos, en agosto de 1996 el EZLN declaró suspendido el diálogo en tanto no se cumpliera lo pactado en materia de Derechos y Cultura Indígena.
Para superar esa crisis, y contando con el apoyo de las respectivas direcciones partidarias y con el acuerdo de las partes, los integrantes de la COCOPA elaboraron la Iniciativa de Modificaciones Constitucionales en Materia de Derechos y Cultura Indígena en noviembre de 1996.
Al presentársele esta iniciativa de ley, el EZLN respondió que, aunque la propuesta no incluía todas sus aspiraciones, la aceptaba, e incluso el Subcomandante Marcos afirmó que luego de aprobada en el Congreso de la Unión, en marzo de 1997, se podría firmar un Protocolo de Paz anticipado, permitiendo así que los siguientes temas de la agenda se desahogaran sin tensiones de carácter militar.
La respuesta del Gobierno Federal a la iniciativa de la COCOPA fue en el sentido inverso a la postura zapatista: el Presidente de la República desconoció los términos ya aprobados por sus representantes y rechazó absolutamente la iniciativa, aduciendo “imprecisiones de técnica jurídica” y, posteriormente, en forma abierta, negándose a abordar los temas de fondo.
Estos incidentes provocaron el alejamiento de las partes, y dentro del Gobierno Federal se fortaleció la estrategia contrainsurgente de alentar a sectores indígenas a confrontar con violencia a los zapatistas, con desastrosos resultados para las comunidades y el proceso de paz. La tragedia de Acteal es resultado de esa estrategia.
Al asumir Vicente Fox Quesada la Presidencia de la República, turnó al Congreso de la Unión la iniciativa de ley elaborada por la COCOPA en materia de Derechos y Cultura Indígena defenestrada por su antecesor.
Sin embargo, esta decisión careció del acompañamiento indispensable para que sus efectos se convirtieran en alicientes para la paz; el texto aprobado por el Congreso de la Unión excluyó partes sustantivas en esa materia, ya acordadas en los cónclaves de San Andrés Larrainzar, lo cual fue interpretado por el EZLN como una traición de toda la clase política en su contra.
Posteriormente, el EZLN realizó un repliegue táctico, de acuerdo con su estrategia de reorganización interna, mediante la creación de las Juntas de Buen Gobierno, que conducen trabajos de concertación de esfuerzos, procesamiento pacífico de diferencias comunitarias y articulación de trabajos colectivos en las zonas zapatistas.
Durante la campaña electoral federal de 2006, el EZLN realizó un recorrido por el territorio nacional que denominó “La Otra Campaña”, donde hizo patente su distanciamiento con la izquierda electoral y mantuvo contacto con pequeños contingentes de simpatizantes zapatistas, en un esfuerzo por integrar como eje un movimiento nacional.
Más recientemente, el EZLN ha denunciado la reanimación de actos de hostigamiento a sus bases de apoyo mediante tácticas de contrainsurgencia que devienen de la táctica inicial del Gobierno Federal en los años 1994 y 1995, tales como habilitar con calidad agraria de ejidatarios a campesinos e indígenas en las “zonas recuperadas” por los zapatistas en la primera etapa del conflicto.
Ante estos hechos, el Estado Mexicano tiene la responsabilidad primaria de realizar acciones que permitan crear un ambiente propicio para la reanudación del diálogo entre el Gobierno Federal y el EZLN.
Evolución de las condiciones
Las causas que provocaron la insurrección encabezada por el EZLN hace 18 años no se han modificado sustantivamente, a pesar de lo acontecido durante todo este tiempo, incluyendo muchos esfuerzos sinceros por lograr cambios perdurables en beneficio de todos los chiapanecos.
Parece que imperaron criterios que ahora no se atreven a decir su nombre, pero que desde un principio apostaron a que la fatiga y el desgaste terminarían por desmembrar a los insurgentes, condición para la restauración del viejo orden, inaceptable por injusta.
Esos vaticinios fallaron, por eso ahora nadie reconoce su paternidad; fue mucho lo que estuvo en juego en el pasado reciente, los equilibrios de las armas son frágiles e inestables, y si aquí no se rompieron, fue gracias a la lealtad de muchos, lo que permite iniciar con entusiasmo y compromiso una esperanzadora iniciativa institucional que finque sólidamente la distensión con el EZLN.
Las condiciones han evolucionado inadecuadamente, ha faltado una política de Estado para encarar la búsqueda de soluciones mutuamente aceptables, y esa ausencia se prolongó ya demasiado tiempo.
La situación demanda que las actividades de los programas gubernamentales de cualquier orden de Gobierno se despojen de toda pretensión de infiltrar, dividir o controlar a las comunidades de la zona de conflicto con objetivos de lucha contrainsurgente; no debe insistirse en métodos que se aplicaron en el pasado con resultados que sólo agravaron las tensiones locales y estatales.
Por necesidad, los esfuerzos públicos en búsqueda de mejorar el bienestar, la equidad y la justicia partirán de una concepción pluridimensional, multisectorial y multinstitucional del trabajo con pueblos indígenas, descartando visiones atrasadas y excluyentes.
Elementos para la comprensión actual del EZLN y las tareas de la COCOPA.
1. El EZLN no ha depuesto ni renunciado a las armas. Continúa siendo una organización político-militar con una estructura de mandos y un cuerpo de insurgentes y milicianos. Cualquier interpretación en el sentido de una renuncia o abandono a las armas sería incorrecta.
Distinto es el hecho de que a lo largo de su existencia y particularmente luego de acordar dialogar con el Gobierno Federal, al amparo de la Ley para el Diálogo, la Negociación y la Paz digna en Chiapas (1995), el EZLN ha desarrollado una serie de iniciativas políticas de carácter nacional e internacional, no obstante, ello no sustituye su naturaleza político-militar.
2. Es necesario considerar que existe una "Declaración de Guerra" al Ejército mexicano que no ha sido depuesta, aunque tampoco subrayada.
3. La confusión sobre la vigencia o no del carácter político-militar del EZLN podría provenir de que, efectivamente, desde el "cese del fuego", no ha realizado acción militar alguna, en cambio si una serie de iniciativas políticas.
Un compromiso realizado en el año 2005 subraya lo anterior:
"El EZLN mantiene su compromiso de cese al fuego ofensivo y no hará ataque alguno contra fuerzas gubernamentales ni movimientos militares ofensivos", "el EZLN mantiene todavía su compromiso de insistir en la vía de la lucha política, con esta iniciativa pacífica, que ahora hacemos. Por lo tanto, el EZLN seguirá en su pensamiento de no hacer ningún tipo de relación secreta con organizaciones político-militares nacionales o de otros países" (Sexta Declaración de la Selva Lacandona, Noviembre, 2005).
4. Las iniciativas políticas del EZLN han tenido siempre una estricta lógica política dado el vínculo y la participación de sectores sociales diversos. La mayoría de ellos aún sin compartir la lógica militar.
5. La naturaleza del EZLN como organización político-militar, con toda su estructura y lógica militar no es exactamente lo mismo que las Juntas de Buen Gobierno. Los Municipios Autónomos (más de 30) que conforman las cinco Juntas de Buen Gobierno son formas de organización autónoma y democrática de las comunidades zapatistas, pero no son parte de la estructura ni de la lógica militar del EZLN, y tienen una dinámica distinta proveniente del seno mismo de las comunidades indígenas, de sus necesidades y perspectivas.
El EZLN como organización político-militar respalda y cuida el trabajo de las Juntas de Buen Gobierno. No obstante, la perspectiva política del EZLN siempre ha sido de carácter nacional. Reducirlo a lo local, es un error.
6. Las Juntas de Buen Gobierno, incluidos todos sus municipios autónomos (MAREZ), son una nueva realidad del zapatismo en Chiapas, posterior al proceso de Diálogo y Negociación (1994-1996), a los "Acuerdos de San Andrés" (1996) y a su incumplimiento.
7. Hacia 2001 se intensifica la dinámica de los Municipios Autónomos. Hacia 2003, luego del incumplimiento de los "Acuerdos de San Andrés", se conforman las Juntas de Buen Gobierno, y, dado el incumplimiento de los mismos, el EZLN decide implementar los Acuerdos o la Autonomía "paralelamente".
8. Es necesario remarcar que ni las Juntas de Buen Gobierno ni la estructura propia del EZLN mantienen relación alguna con algún nivel de Gobierno.
Suponer que algún tipo de relación con las Juntas de Buen Gobierno significa automáticamente algún tipo de relación con la Comandancia del EZLN sería una interpretación incorrecta.
9. Acercarse hoy al EZLN (como en los tiempos de la primera COCOPA) y lograr una interlocución pasa en primer lugar por el reconocimiento de las Juntas de Buen Gobierno, por todo un proceso de trabajo de distensión, y, en segundo lugar, por los eventuales impactos de alguna oferta política de gran trascendencia que al menos contenga el verdadero cumplimiento de los "Acuerdos de San Andrés"
10. En este contexto, la labor de la Comisión de Concordia y Pacificación pudiera trazar una ruta de trabajo que contuviera los siguientes elementos:
• Un trabajo unilateral inicial
• Una labor de información pública continua (estatus, proceso y funciones)
• Labores de distensión (intervención en la resolución de conflictos)
• Iniciativas unilaterales de distensión duradera que no trastoquen la nueva realidad
• Reconocimiento y respeto a la labor de las Juntas de Buen Gobierno, así como un eventual acercamiento
• Construcción de alguna oferta política trascendental, acorde con la nueva realidad política local y nacional
El EZLN sigue vivo, con nuevas generaciones incorporadas a sus filas y con una convicción enorme por lograr sus propósitos de encontrar algún día la Paz con Justicia y Dignidad que tanto anhelan.•
