Dentro del primer gran grupo de clasificación de los derechos de la justicia social (Ver México Social No. 20, marzo, 2012), el primer apartado se refiere a los derechos patrimoniales, los que he subdividido en “de la Nación” y “de la persona”. Asimismo, el segundo gran grupo se refiere a la pertenencia a un grupo vulnerable y se integra por cinco apartados: derechos de los indígenas; derechos de la familia y el menor (que se verán en este artículo); derechos del trabajador del campo o agro; derechos de los trabajadores en general; y derechos de la seguridad social

Recientemente, el EZLN ha denunciado la reanimación de actos de hostigamiento a sus bases de apoyo mediante tácticas de contrainsurgencia que devienen de la táctica inicial del Gobierno Federal en los años 1994 y 1995, tales como habilitar con calidad agraria de ejidatarios a campesinos e indígenas en las “zonas recuperadas” por los zapatistas en la primera etapa del conflicto. Ante estos hechos, el Estado mexicano tiene la responsabilidad primaria de realizar acciones que permitan crear un ambiente propicio par ala reanudación del diálogo entre el Gobierno Federal y el EZLN

La obligatoriedad del bachillerato para el ciclo 2021-2022 implica que, a partir de entonces, toda la población mayor de 18 años tenga cubierta la educación media superior; sin embargo, el estrechamiento producido por la deserción que representa este nivel de estudios se constituye en el mayor problema de México para alcanzar los niveles de cobertura deseados, tanto en ese nivel como en el superior. Sin duda, la tarea de la autoridad educativa es ofrecer más y mejor educación en todos los niveles, y el país enfrenta una paradoja: cuando la oferta de profesionales aumenta, la economía requiere absorberlos, o bien, mantenerlos en el desempleo

La armonización de la Constitución mexicana con los estándares internacionales y la adición de nuevos derechos sociales (I) representan avances insoslayables en la lucha por el reconocimiento de los Derechos Humanos (DH). Con ello, también se amplían las oportunidades de exigibilidad para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), sobre los cuales existen las mayores afrentas para el país

Medir −hacer observable− la pobreza es más que un ejercicio académico: es también insumo indispensable para dimensionar el problema social y crear políticas públicas que tomen en cuenta las particularidades de las personas en esta condición

A casi un siglo de distancia de la promulgación de la Constitución mexicana de 1917, las ideas han evolucionado y se han precisado tanto en el ámbito nacional, como en el internacional. Sin embargo, la noción de justicia social sigue vigente, con un contenido fuerte que no se presta a interpretaciones, sino que exige su realización; aunque en México ésta continúa siendo, en buena parte, un ideal, una lege ferenda

Cuando situamos los aspectos que están caracterizando el estado de la seguridad social en México, su baja cobertura y la tendencia a estrecharse aún más por las condiciones del mercado laboral aparecen como parte de sus principales manifestaciones. Ante esta situación, una fórmula que se señala para contrarrestarla es ubicar a la universalización como la salida idónea y posible mediante el respeto a lo señalado en la Constitución Mexicana. Discutir sobre estas posibilidades, sus alcances y contradicciones es el objetivo de esta reflexión

La pobreza y la desigualdad persistentes en México rompen el equilibrio de la sana convivencia y el derecho a una vida digna y estable. En 2010, de acuerdo con datos del CONEVAL, el 46.2% de los mexicanos vivía en pobreza, lo que se traduce en un incremento del número de personas y grupos vulnerables que enfrentan violaciones continuas a sus garantías individuales. Fernando Cortés comenta que la desigualdad en el país se ha mantenido alrededor de 0.5(I) (índice de Gini) entre 1977 y 2010 (II),lo cual se traduce en que la desigualdad ha sido un problema sin resolver por décadas

Las recurrentes crisis por las que ha atravesado la economía mexicana (1982, 1994, 2001 y 2008-2009) y el bajo crecimiento económico de las últimas tres décadas han comprometido la posibilidad de que la agenda programática de tipo social contenida en la Constitución se cumpla. Más aún, algunas disposiciones legales en materia de conducción económica resultan contradictorias con los objetivos sociales de la Carta Magna