Las recurrentes crisis por las que ha atravesado la economía mexicana (1982, 1994, 2001 y 2008-2009) y el bajo crecimiento económico de las últimas tres décadas han comprometido la posibilidad de que la agenda programática de tipo social contenida en la Constitución se cumpla. Más aún, algunas disposiciones legales en materia de conducción económica resultan contradictorias con los objetivos sociales de la Carta Magna