Todos los seres humanos tienen una serie de derechos sociales fundamentales, entre los que resalta la de satisfacer sus necesidades esenciales. Todos los Estados tienen obligaciones conducentes a que dichos derechos se cumplan. En México, planteado como un Estado de Derecho, el acceso a la educación y a los servicios de salud, así como el contar con una vivienda, seguridad social y trabajo se constituyeron como ejes de la legislación del siglo XX

La fuerza de trabajo ha vivido transformaciones radicales; los efectos combinados de estas tendencias son síntomas de una profunda revolución que ha cimbrado las estructuras en que se basó la legislación laboral en el mundo desde los inicios del siglo XX; y, dentro de este nuevo contexto, los sistemas de bienestar social están en retroceso. El mundo se encuentra en la búsqueda de un nuevo equilibrio entre las nuevas formas de producción y las instituciones reguladoras y protectoras del trabajo

Un grave error estratégico del gobierno federal y del empresariado mexicano ha sido el creer que la productividad y la competitividad basadas en el bajo costo laboral se podían prolongar indefinidamente sin consecuencias. Me parece oportuno señalar que, si algo ha confirmado la crisis del sistema financiero global –además de que es falso que los mercados se autorregulen–, es que lo único que produce riqueza es el trabajo

Esta edición de México Social está dedicada a la memoria

del Dr. Jorge Carpizo Mc Gregor

Nuestra democracia se encuentra amenazada por dos grandes fisuras que están desgarrando el tejido social: la gran crisis del empleo y la crisis de la educación. Ambas ponen en tensión las capacidades y posibilidades presentes y futuras para un desarrollo con inclusión, y ambas representan los signos más evidentes del agotamiento del modelo de desarrollo.

Durante 130 años, una cantidad variable pero significativa de mexicanos ha dejado México para ir a trabajar –y a vivir– a Estados Unidos. Este movimiento puede ser visto como un simple fenómeno de mercado, en el que ciertas personas se trasladan a donde pueden ganar más dinero y vivir mejor, en cuyo caso hay muy poco qué hacer, o, por el contrario, puede ser enfocado desde el punto de vista de Estado, según el cual la prioridad es el desarrollo del país y el bienestar a largo plazo de los mexicanos –aunque esto signifique medidas impopulares o costosas en el corto plazo–. En este segundo enfoque, todos los fenómenos sociales, políticos y económicos relacionados con la movilidad demográfica son de interés público, y sujetos potenciales de política