El 9 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que obliga al Estado mexicano a garantizar a toda la población el acceso a la educación media superior y a alcanzar la cobertura total de este nivel educativo a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022; sin embargo, la consolidación de este mandato constitucional contrasta con la realidad del sistema educativo nacional: aún no se han logrado universalizar los niveles previos de educación (preescolar, primaria y secundaria); según el Censo de 2010, de los 6.71 millones de adolescentes de entre 15 y 17 años de edad que había en ese año en el país, 2.21 millones no asistían a la escuela; y, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior, 2012, en los últimos 10 años 6.5 millones de adolescentes han tenido que dejar el bachillerato

El incremento del trabajo doméstico evidencia la incapacidad de nuestro modelo de desarrollo de generar las oportunidades y puestos de trabajo requeridos por una población económicamente activa que crece significativamente mes con mes

El mundo laboral se encuentra fracturado: el salario mínimo no es suficiente para cumplir el mandato constitucional de garantizar a la población el acceso a una vida digna; 60% de quienes trabajan lo hacen en condiciones de informalidad; hay 2.64 millones de personas desocupadas; 4.1 millones de trabajadores no reciben ingresos, y 6.79 millones que ganan menos de un salario mínimo al día

Presentación

El Índice de los derechos de las niñas y los niños de 0 a 5 años es un instrumento que permite estimar el grado medible de incumplimiento de sus derechos, en función de los datos observables en los 32 Estados de la República y el Distrito Federal.

A partir de esta edición, México Social dará seguimiento a las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación (DOF), relacionadas con las distintas agendas de la cuestión social en nuestro país