A pesar de los múltiples esfuerzos de especialistas, organizaciones de la sociedad civil y académicos, el Congreso Mexicano no ha construido un proceso ordenado y sistemático para homologar nuestro marco constitucional y legal con los principios y definiciones que establecen las Convenciones, Acuerdos y Tratados que el Estado Mexicano ha ratificado ante la comunidad internacional.
Por otro lado, existe una serie de Iniciativas de reforma Constitucional o legal; o bien para crear nuevos ordenamientos, que están directamente relacionados con las agendas de la cuestión social. En muchas ocasiones, estas iniciativas resultan contrarias a lo deseable en términos de los derechos humanos por lo que su debate y discusión cobra una mayor relevancia.
Por lo anterior, a partir de este número de mayo, México Social presentará un seguimiento a las Iniciativas que se están discutiendo en el Congreso de la Unión, que sean identificadas como de alto impacto para la agenda del desarrollo social y la ampliación del marco de prerrogativas y libertades que tenemos en nuestro país.
En esta ocasión, se ha logrado detectar tres iniciativas de una relevancia mayor: a) una Iniciativa de Reforma Constitucional en materia del derecho a la alimentación; b) el veto presidencial a la Iniciativa de reforma al Artículo 16 de la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable; y ; c) la Iniciativa de Ley de Asociaciones Público-Privadas.
Sin derecho a la alimentación
De acuerdo con los datos del CONEVAL, en el año 2008 había en México más de 19 millones de personas en pobreza alimentaria; asimismo, la medición multidimensional de la pobreza nos muestra un muy alto porcentaje de personas privadas del derecho a la alimentación.
Este solo dato debería ser suficiente para que el Congreso de la Unión hubiese asumido ya la recomendación que desde hace varios años ha hecho la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en el sentido de modificar el marco jurídico a fin de garantizar tanto el derecho a la alimentación como a la seguridad alimentaria.
Desde 1994 se han presentado diversas Iniciativas en la materia; las más recientes fueron promovidas por las entonces senadoras Arely Madrid Tovilla y Yolanda Eugenia González Hernández, así como las promovidas por el Diputado Luis Antonio Ramírez Pineda y el Senador Heladio Ramírez López.
Debe destacarse que esta Iniciativa duerme “el sueño de los justos” en el Congreso, debido a que hay una reticencia mayor a aceptar los conceptos de Seguridad Alimentaria, así como el relativo a la Rectoría del Estado Mexicano en esa materia.
La Iniciativa que ya fue aprobada por el Senado, y que no ha logrado generar los consensos necesarios en la Cámara deSenadores, propone la adición de un párrafo tercero al artículo 4º, así como adicionar un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La propuesta consiste en elevar el Derecho Alimentario a rango Constitucional, es decir, responsabilizar al Estado de proteger y garantizar este derecho para todos los mexicanos; asimismo lo obliga, a llevar a cabo las medidas necesarias para garantizar el abasto suficiente y oportuno de los alimentos considerados como básicos mediante dos vertientes:la primera consiste en crear el marco normativo adecuado, y en segundo término, diseñar las políticas públicas necesarias para lograr que el derecho a la alimentación se cumpla en todo momento y lugar.
Asimismo, dicha iniciativa recoge en esencia la mayoría de los instrumentos internacionales que en materia alimentaria se han suscrito por el Estado mexicano, es decir, acuerdos firmados por México que establecen el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria. Ejemplo de ellos son: La Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria Mundial de 1996; el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito en 1966 y que entró en vigor en 1976; La Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Mal Nutrición aprobada en 1974 y La Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948.
La Comisión responsable de analizar dicha iniciativa fue la de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, misma que la dictaminó y la pasó a votación del Pleno el día jueves 29 de abril de 2010, con 356 votos a favor y 2 abstenciones de las Diputadas del Partido Acción Nacional (PAN), Norma Sánchez Romero y Guadalupe Vera Hernández.
Una vez aprobada en la Cámara de Diputados pasó a la Cámara de Senadores en donde fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. Ante la demora en el Dictamen, el día 9 de noviembre de 2010, la Presidencia del Senado emitió un exhorto a las comisiones para que agilizaran la presentación del dictamen.
Dado que tal Dictamen no ha sido ni discutido ni aprobado o rechazado, el 8 de febrero del 2011 los Senadores Armando Contreras Castillo y José Luis García Zalvidea, del Partido de la RevoluciónDemocrática (PRD), solicitaron a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores exhortar nuevamente a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para que emitan el dictaminen correspondiente.
Las Comisiones que no han emitido el Dictamen están integradas por los siguientes Legisladores, quienes estarían obligados a rendir un informe que nos explique a los mexicanos la razón por la cual se nos sigue negando el derecho a la alimentación:
- Comisión de Puntos Constitucionales: es presidida por el Senador Pedro Joaquín Coldwell (PRI); tiene como Secretarios al Senador Rubén Fernando Velázquez López (PRD) y el senador Ulises Ramírez Núñez (PAN)
- Comisión de Estudios Legislativos, Primera: es presidida por el Senador José Alejandro Zapata Perogordo (PAN;y tiene como Secretarios al Senador Fernando Baeza Meléndez (PRI) y Pablo Gómez Álvarez (PRD)
Vetado el campo mexicano
La figura del Veto presidencial no existe en nuestro marco jurídico. Sin embargo, en la práctica existe un mecanismo que funciona de hecho como el equivalente al “veto”, que puede ser utilizado por el Ejecutivo Federal, a fin de negarse a publicaren el Diario Oficial de la Federación los Decretos aprobados por el Congreso, cuando considere que se está violando la Constitución o bien que las leyes son inaplicables.
No es muy común que el Ejecutivo rechace leyes que ha aprobado el Congreso, y por eso llama la atención el “veto de facto” que impuso al Decreto por el se propuso adicionar un párrafo al artículo 16 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, propuesta el día 18 de septiembre del 2007 por el Senador Antonio Mejía Haro integrante del Grupo Parlamentario del PRD.
Dicha iniciativa propone establecer que el Ejecutivo Federal, sujeto a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes, establezca que las previsiones presupuestales anuales para el fomento de las actividades económicas del desarrollo rural sustentable sean crecientes con respecto al año inmediato anterior, en congruencia con la disponibilidad de recursos a partir de los ingresos que autorice el Congreso de la Unión al Gobierno Federal.
El Proyecto de Dictamen se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, de Recursos Hidráulicos, de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos. Una vez superado todo el proceso legislativo, el 3 de marzo del 2011 se remitió el Decreto aprobado al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Pese a lo anterior, el 29 de marzo de 2011, se recibió la respuesta del Ciudadano Presidente Felipe Calderón Hinojosa quien devolvió el Decreto a la Cámara de Senadores argumentando que: “reconoce la importancia de dotar cada vez más y de mejores instrumentos al agro mexicano, sin embargo, las características del Proyecto de Decreto repercuten negativamente en la atención de dichas problemáticas, toda vez que la reforma propuesta vulnera los principios constitucionales que rigen la planeación, la programación y el presupuesto, inserta al campo mexicano en un esquema de rigidez presupuestaria y no considera las fuentes de financiamiento adicionales para cubrir los requerimientos presupuestarios que se señalan.”
Es evidente que el argumento ofrecido por el Ejecutivo Federal no podría ser considerado jamás suficiente, porque del contenido de lo aprobado por el Congreso no se deriva un esquema rígido de planeación ni de presupuestación para el campo. Antes bien, lo que se percibe es una negativa del Gobierno Federal a asignar más recursos para el campo, porque tendría que llevarse a cabo un proceso de reasignación de recursos de otras áreas, por ejemplo, el gasto corriente.
¿Adiós a la Rectoría del Estado?
La Ley de Asociaciones Público-Privadas es una propuesta que el Poder Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Senadores, para su estudio y dictamen, el 10 de noviembre de 2009. Dicha iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, a la de Hacienda y Crédito Público y la de Estudios Legislativos.
La propuesta consiste en crear unmarco jurídico para “formalizar” las asociacionesentre la Administración Pública Federal (APF) y particulares para la prestación de servicios. Los servicios incluyen la construcción de infraestructura mediante financiamientos distintos a los contemplados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, así como por la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público.
Asimismo contempla que la iniciativa privada se convierta en un proveedor de servicios de la APF, con la obligación de construir la infraestructura necesaria para la prestación de los mismos, asumiendo de manera paritaria los riesgos que represente la ejecución de los proyectos.
A favor de dicha propuesta el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) declaró considerar como una prioridad que la Cámara de Diputados aprobara la reforma. Dicho Consejo aseguró que de no emprender los cambios que el país requiere, implicará cancelar la posibilidad de alcanzar tasas de crecimiento sostenido superiores a 5.0%, con los consecuentes problemas en la generación de empleos.
En contra el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda del Senado Tomás Torres del PRD, advierte la Iniciativa es inconstitucional pues es atentatoria del Artículo 27 de la Carta Magna.
El pasado marzo, mediante oficio, el titular del Ejecutivo, Felipe Calderón, exhortó a la Cámara de Diputados a aprobar la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas, así como la legislación concerniente a la banca de desarrollo.
Es importante destacar que el Dictamen a discusión de la mencionada la Ley de Asociaciones Público Privadas implica reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones: de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de la Ley de Expropiación; de la Ley General de Bienes Nacionales y del Código Federal de Procedimientos Civiles.
El martes 12 de octubre del 2010 el proyecto de decreto fue aprobado por el Senado y se remitió a la Cámara de Diputados, en donde fue turnada a las Comisiones Unidas de Economía y de la Función Pública, con opinión de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Justicia.
Frente a esta Iniciativa, destacados académicos han señalado que la Iniciativa que se comenta contiene cuando menos tres grandes despropósitos:
- Representa la renuncia del Estado a la posibilidad de mantener y fortalecer el patrimonio nacional, en franca violación al espíritu de la Constitución;
- Constituye también la renuncia del Estado a su responsabilidad de conducir la planeación del desarrollo nacional y;
- Implica una nueva lógica de adquisiciones y compras que incrementarán las posibilidades de corrupción y manejo poco transparente de los recursos destinados a la obra pública.
Dada la relevancia de esos señalamientos, los Diputados Ildefonso Guajardo (PRI); Alejandro Cano Ricaud (PRI); María Antonieta Pérez Reyes (PAN); Indira Vizcaíno Silva (PRD) -todos integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Economía-; así como los Diputados Pablo Morales Escudero (PVEM); Patricio Chirinos del Ángel (PRI); Marcos Pérez Esquer (PAN); y Juan Carlos López Fernández (PRD) integrantes de la mesa directiva de la Comisión de la Función Pública, tendrán una responsabilidad mayor en el sentido de decidir por el bien del país, o apostar, como ya lo han hecho otros legisladores, por el privilegio y la protección de los intereses que están promoviendo airadamente la aprobación de esta Iniciativa. •
