En dos décadas de transición, la democracia ha permitido la pluralidad en el Congreso de la Unión y en los gobiernos locales, y después, en las elecciones del año 2000, la alternancia en la Presidencia de la República; sin embargo, no ha posibilitado el mejoramiento sustancial en las condiciones de vida de millones de mexicanos.

Ante esta situación, en sus documentos básicos y desde su fundación en 1989, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha establecido un compromiso con el ejercicio universal de los derechos sociales y con el combate a la desigualdad. Dicho compromiso se expresa en una lucha permanente por alcanzar una más justa distribución del ingreso y de la riqueza, por promover el acceso de las mayorías a mejores condiciones de vida y de trabajo; por romper el círculo vicioso de la pobreza, por la creación de las condiciones materiales y culturales para la equidad y la justicia social.

Con el propósito de hacer valer este principio, el PRD, a través de sus grupos parlamentarios en las cámaras de Congreso de la Unión (diputados y senadores), en los congresos locales y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, considera al desarrollo social como una prioridad. Por ello, se ha impulsado la construcción de una auténtica Política Social de Estado. Es así que los programas sociales constituyen el sello de los gobiernos perredistas, particularmente en el Distrito Federal donde se ha creado una red de protección que ha servido de muralla de contención frente a la reciente crisis económica o a fenómenos como el de la inseguridad, que lamentablemente padecen varias ciudades del país.

En el Senado de la República, el PRD fue impulsor de reformas de enorme trascendencia en lo social. Se logró finalmente reformar el artículo 4 de la Constitución Federal para establecer el derecho a alimentación, y se impulsaron iniciativas para crear una pensión no contributiva a las personas adultas mayores, para fomentar el empleo juvenil y la economía solidaria. Se propuso crear un sistema único para garantizar el acceso universal a la salud.

Por lo que hace al ejercicio de los derechos de las niñas y los niños, el PRD promovió y logró la aprobación de las Ley General de Servicios de Cuidado, Aprendizaje y Desarrollo Integral Infantil. A través de la Comisión de Desarrollo Social, se logró la aprobación de una reforma, avalada parcialmente por los Diputados, con el fin de evitar la discrecionalidad excesiva y el uso político-electoral de los programas públicos; fortalecer tanto la visión intersectorial del desarrollo social como el enfoque de derechos, y avanzar en la coordinación entre órdenes de gobierno.

En estos cinco años, las condiciones de pluralidad que vive el Senado han posibilitado que se ejerza un seguimiento y crítica de las políticas sociales puestas en práctica por el Ejecutivo Federal. Se ha insistido en que el bienestar de la población no debe subordinarse a los objetivos macroeconómicos, debe rescatarse la responsabilidad social del Estado.

Hacia el futuro, los esfuerzos de las senadoras y senadores del PRD se deben concentrar en lograr una reforma social y económica de gran calado, que permita revertir las condiciones que generan la desigualdad, y sobre todo, que garantice el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución.