Esas dos condiciones no se han cubierto. Por eso consideramos necesario e impostergable, profundizar el debate sobre la reforma social que México necesita. 

A los viejos rezagos que enfrentamos desde hace mucho tiempo, se han agregado nuevos fenómenos que incrementan las fuentes de vulnerabilidad al tejido y la cohesión social. Los procesos migratorios; los cambios en la configuración de las familias; el incremento en el uso de drogas; la transición demográfica y el consecuente impacto en los sistemas de salud; la pobreza en su rostro tradicional y las nuevas formas de exclusión que se extienden a los núcleos urbanos; las diversas formas de discriminación; la amenaza de fenómenos delictivos a nivel global, como la trata de personas; son cuestiones frente a las cuales nuestras instituciones, en muchos casos, se han visto rebasadas.

Nuestro grupo parlamentario se inscribe en la corriente reformadora que ha impulsado cambios legales que son necesarios para enfrentar estos nuevos riesgos sociales, y hemos sido actores centrales de las reformas jurídicas y la creación de instituciones para su instrumentación.

El largo camino que llevó a la aprobación, en febrero de 2007, de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, tuvo como antecedente esfuerzos legislativos a los que se dio continuidad en el Senado de la República, lo mismo que iniciativas impulsadas desde la sociedad civil y organismos no gubernamentales.

Menciono, entre ellos, la propuesta de Ley Federal contra la Explotación Sexual Infantil, que junto a la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, presentamos el 27 de septiembre de 2004, siendo legisladores de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados. Colegas de otros partidos también presentaron propuestas, de tal manera que en la LX Legislatura logramos construir los consensos para la aprobación, prácticamente unánime, del nuevo marco jurídico integral contra la trata de personas, con el Senado como cámara de origen.

México cuenta hoy con una ley federal, que establece una definición clara de la trata de personas, mecanismos de prevención e identificación de las víctimas, un programa de profesionalización y capacitación de las autoridades, mayores penas para los tratantes de personas, y la obligación de construir un Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, con la intención no sólo de sancionar, sino de recuperar a las víctimas de ese delito atroz.

Estamos en la etapa en que el marco jurídico vigente y la adopción a nivel local de los lineamientos y principios internacionales deben remover obstáculos para combatir la trata, para que México y sus entidades federativas coincidan con la comunidad internacional en la lucha común contra esta terrible amenaza a los derechos humanos, la dignidad de las personas y la seguridad humana.

Con el mismo sentido, el 24 de febrero de 2011, aprobamos una nueva Ley de Migración, que se asegura el interés del Estado mexicano por dar a los migrantes un trato de respeto a los derechos humanos, similar al que exigimos para nuestros compatriotas en Estados Unidos. La ley tiene como principio el que en forma alguna una situación migratoria irregular configura un delito.

En un paso legislativo y de gran trascendencia, recién aprobamos la reforma constitucional en materia de derechos humanos, cuya importancia estriba en que ahora la persona ocupa el centro del sistema jurídico y los derechos humanos, en su más amplio sentido y alcance, son anteriores y superiores al Estado, y no se pueden revocar, suspender o restringir.

Con las reformas mencionadas nuestro país construye un cuerpo armónico de leyes que favorecen el respeto a la dignidad, la libertad y la vida del ser humano, base de todo sistema que aspire a una convivencia plenamente democrática.

Sin embargo, el marco jurídico es insuficiente ante una política social que se ha encaminado, en forma predominante, a paliar la pobreza, cuando lo que se requiere son instrumentos de política pública que se orienten a la formación de capital humano y al fomento de oportunidades y capacidades productivas, antes que a subsidiar la pobreza y perpetuar el atraso con programas asistencialistas.

Estamos convencidos que debemos pugnar por una política social integral que dé certidumbre al cumplimiento de los derechos sociales. Ello demanda un consenso en la definición de una reforma social que se sustente en una política económica capaz de romper con el círculo perverso de bajo crecimiento con más desigualdad.

Si los programas de combate a la pobreza se descentralizan pueden tener un mayor impacto. Por ello, nuestro grupo parlamentario ha propuesto transformar el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en un órgano autónomo de evaluación y generación de políticas públicas, así como transferir a las entidades federativas su instrumentación y adecuación a las necesidades locales y regionales.

Con base en lo anterior, el CONEVAL desempeñaría una función esencial de articulación de las políticas en materia educativa y cultural, salud y seguridad social.

En forma complementaria, se necesita hacer planteamientos sobre cómo mejorar la educación, la salud y la seguridad social, la vivienda y el desarrollo rural, para resolver las causas que subyacen en la reproducción de la pobreza y la desigualdad. El debate sobre la reforma social en México tiene que darse en torno a cinco ejes fundamentales: educación y cultura para el bienestar y el desarrollo; el fomento de la sociedad del conocimiento; el derecho a la seguridad social universal; desarrollo urbano y calidad de vida; y desarrollo rural y agropecuario.

La agenda de temas sociales está abierta y en espera de ser abordada desde la esfera de las políticas públicas, el diseño institucional y el ámbito legislativo. Esta es una tarea que requiere de amplios consensos, que el Grupo Parlamentario del PRI se propone impulsar por razones de justicia social.