Asimismo, la desigualdad en las zonas indígenas se ex­presa en la mortalidad de las niñas y niños, quienes tienen tres veces más pro­babilidades de morir antes de los cinco años que en el Distrito Federal, y los ríos de las violencias han inundado todo el te­rritorio nacional: sólo en 2010, se come­tieron 22 millones de delitos.

Frente a lo anterior, es preciso repen­sar las palabras con las que se designa la tragedia; por ejemplo:  

a) Tristeza: más de la mitad de nues­tros jóvenes declaran no poder dejar de sentirse tristes.  

b) Dolor y Desesperanza: más de la mitad de los adolescentes han sentido alguna vez que no vale la pena vivir.  

c) Soledady Exclusión: 90% de los adultos mayores, las personas con discapacidad y los indígenas sienten que no se respetan sus derechos.  

d) Desconfianza y División: más del 90% de los mexicanos no confía en las autoridades.  

e) Incertidumbre y Miedo: más del 60% de los mexicanos cree que el fu­turo será peor que el presente, y se ha llegado al extremo de que médicos y profesores no pueden acudir a traba­jar por la presencia de múltiples vio­lencias y del crimen organizado.

¿Cómo llegamos a ser tan injustos?

Desde mi perspectiva, como producto de la “retirada” del Estado y la primacía de “la guerra de los codiciosos”, creyendo que el Mercado sería el gran promotor del desa­rrollo, con base en la iniciativa individual, el egoísmo, y la competencia económica.

De igual forma, mediante la constan­te negación de la mitad de la población nacional, es decir, de los derechos de las mujeres, lo que representa una ruptura ética que no podemos seguir aceptando; así como a través de un proceso de dete­rioro institucional que ha derivado en un desorden generalizado, cuya expresión más dramática y dolorosa provocó la tra­gedia de la Guardería ABC.

¿En dónde estamos?

Presenciamos el agotamiento del modelo de desarrollo, cuyos principales síntomas son: la expansión ilimitada de la infor­malidad, el crecimiento de la pobreza, las pandemias de la obesidad y el ham­bre, y la insuficiencia de empleos dignos para todos.

Asistimos también al agotamiento del modelo educativo como eje y motor de la movilidad social, y propiciamos −y ahora padecemos− un sistema de salud desarticulado, con prestaciones y servi­cios diferenciados, profundizando las disparidades desde la propia acción del Estado.

Permitimos la formación de un federalismo social salvaje, con un “cen­tro” incapaz de conducir, articular y dar sentido y propósito al desarrollo nacio­nal, y alentamos la competencia y proli­feración de ofertas de servicios sociales, diferenciadas entre estados y municipios, que a la larga han generado dispares ni­veles, en cobertura y calidad; disper­sando las acciones, desperdiciando los recursos y minimizando los impactos.

Vivimos en entornos de profundo des­orden urbano, que alientan las violencias, impiden la convivencia, y rompen con la cohesión social; y aceptamos la práctica cotidiana de la discriminación, con lo que hoy, la vida de “los diferentes” se escribe en clave de exclusión y vulnerabilidad. Toleramos también la corrupción como una realidad generalizada, que agudiza la pobreza y la insuficiencia de los recursos, acrecentando la crisis de ilegalidad que hay en todo el país.

Asimismo, existe evidencia de que el crimen organizado, en algunas regiones, ha generado prácticas y apoyos sociales, suplantando al Estado, vía la provisión de bienes y servicios.

¿Cuáles son las opciones para el cambio?

Frente al escenario planteado tenemos dos opciones. La primera, a la que llamo la “solución inercial”, que significa funda­mentalmente tres cosas:  

a) Mantener los objetivos vigentes de la política social: generación de capaci­dades individuales, construcción de programas focalizados y la apuesta por redes mínimas de protección social.  

b) Llevar a cabo un proceso de geren­cia y reingeniería de programas, con el fin exclusivo de mejorar la eficien­cia, ampliar las coberturas y elevar los montos de los apoyos monetarios.  

c) Profundizar las reformas para am­pliar el mercado “alineando los in­centivos”, pero dejando intactas las estructuras de desigualdad.

La otra opción es la de la audacia

La urgencia nacional exige ver en la Cues­tión Social al elemento con mayor capa­cidad para generar sentido a la acción política. Es momento de reconocer que abatir la desigualdad y erradicar la po­breza son dos de las más complejas tareas que puede enfrentar cualquier Estado.

Estamos obligados a asumir, con res­ponsabilidad, que se trata de una misión que no será fácil, pero, al mismo tiempo, que estamos ante la materia más im­portante que nuestra generación debe abordar, pues el reto es nada menos que resolver nuestros viejos dilemas, pro­fundizados y agudizados por una nue­va agenda de riesgos sociales que han cobrado dimensiones verdaderamente inéditas.

Debemos decir, pues, que no es sólo con más programas ni mediante una nueva gerencia de lo público como va­mos a cerrar nuestras más profundas “venas abiertas”, que hoy se expresan en la imposibilidad de acceder a lo elemen­tal para la vida, y que asumen los horri­bles rostros de siempre: el hambre y la enfermedad.

Por todo esto, el Estado debe recupe­rar su capacidad de rectoría, promoción y regulación de la economía, la produc­tividad y el empleo digno, y transfor­mar el objetivo de la política social para centrarlo en la edificación de una nueva ciudadanía social. Debe, asimismo, di­señar una nueva institucionalidad para enfrentar las violencias, erradicar la dis­criminación, promover la cohesión social e impulsar la movilización y la participa­ción ciudadana.

Hay que cambiar nuestras priorida­des y colocar al centro de las decisiones públicas el pleno cumplimiento de los derechos sociales.

Trazar la ruta es definir el cambio

México requiere redefinir sus metas. Plantearlas con audacia puede darnos la claridad requerida, sobre qué y cómo ha­cer para lograrlas. Así, afirmando que la política económica no debe seguir sepa­rada de la política social, sino incrustarse en ella para darle concreción al cambio de régimen económico y dirección a la justicia social, asumo que es posible, como una base mínima para un nuevo modelo de desarrollo social, lograr entre 2012 y 2018:

EN EL ÁMBITO EDUCATIVO:

a) Consolidar una verdadera reforma educativa, a fin de garantizar el de­recho al aprendizaje, y promover una cultura para la paz y los derechos humanos; 

b) Erradicar el analfabetismo; abatir el rezago educativo, lograr la inclusión universal a la educación des­de el preescolar hasta el bachi­llerato, y conseguir que el 60% de los jóvenes tengan acceso a la educación superior; y 

c) Triplicar el número de bibliote­cas públicas, espacios recreativos, así como la disponibilidad de libros per cápita.

EN EL ÁMBITO DE LA SALUD: 

a) Garantizar el acceso universal a la seguridad social independiente­mente de la condición laboral de las personas; 

b) Duplicar el número de médicos, en­fermeras y camas hospitalarias por cada mil habitantes, así como dupli­car el número de clínicas y hospitales que hay actualmente en el país; 

c) Reducir a la mitad de su nivel actual las tasas de mortalidad por diabetes e hipertensión, mortalidad materna e infantil; erradicar la mortalidad de menores de 5 años por deficiencias nutricionales y las tasas de mortali­dad por causas violentas; y 

d) Garantizar el acceso oportuno a me­dicamentos de calidad y de bajo costo a toda la población.

EN GENERAL, EN LO SOCIAL: 

a) Debemos reconocer que sin reducir la desigualdad no será posible abatir drásticamente los niveles de pobreza que hoy padecemos. 

b) Garantizar el acceso universal de los hogares al conjunto de bienes y servicios considerados como in­dispensables para el bienestar (por ejemplo, agua, drenaje, saneamiento, refrigerador, lavadora, computadora e internet). 

c) Recuperar la noción de desarrollo, or­denamiento y planeación urbana a la luz de las recientes reformas a la Ley de Vivienda, con el objetivo de cons­truir ciudades incluyentes y espacios urbanos para la convivencia. 

d) Asumir que no hay desarrollo social posible sin una visión de sustentabili­dad ambiental de largo plazo.

Una nueva República Social exige asumir a la Cuestión Social como el eje de articulación para el diálogo y los nue­vos acuerdos fundamentales requeridos para volver a cimentar el pacto social; y convocar e incorporar, en las posiciones clave del Estado, a las figuras de mayor probidad ética y capacidad profesional, a fin de restituirle su capacidad de aplicar y hacer cumplir las leyes y normas que se da a sí mismo. Asimismo, es necesa­rio construir nuevas fórmulas de acuerdo para consensar una política social de Es­tado capaz de plantearse y alcanzar me­tas como las aquí propuestas.

En consecuencia, será indispensable la voluntad política para asignar los re­cursos necesarios –que existen y están disponibles- para realizar tales objetivos. 

Una apretada síntesis

Reconstruir a México como una verda­dera República Social exige a nuestra generación, actuar al nivel de las dimen­siones que nos imponen los retos del pre­sente. Por ello será necesario, partiendo de lo que tenemos, realinear y reformar instituciones y programas, asumiendo que deberemos eliminar algunos y susti­tuirlos por nuevas propuestas. 

Enfrentamos también, el reto de reno­var la coordinación, concertación y coo­peración entre la Federación, los Estados y los Municipios; y mejorar los esquemas de fomento y fortalecimiento de la so­ciedad civil, así como repensar el pacto fiscal, en particular el Capítulo 5º de la Ley de Coordinación Fiscal, y generar un nuevo sistema redistributivo del ingreso.

Asumiendo que no es posible rec­tificar la propuesta social sin rectificar la propuesta económica, tendremos que imaginar un nuevo modelo de de­sarrollo capaz de potenciar el mercado interno y garantizar a todos el cumpli­miento de los derechos que nos reconoce la Constitución.

En resumen, los meses por venir nos imponen el reto y el mandato de diseñar el futuro, con el propósito mayor de ge­nerar un modelo de crecimiento para la equidad.

Cimentar una nueva República So­cial, implicará honrar a la Generación del Bicentenario y del Centenario –que es la nuestra- y mostrar que fuimos ca­paces de asumir que la hora de la Justicia Social está en el aquí y el ahora. •