El acoso laboral y sexual en el ámbito docente

El espacio escolar, tradicionalmente concebido como lugar de formación, cuidado y convivencia, puede también ser un escenario de violencia estructural cuando no garantiza condiciones laborales dignas para su personal docente. El acoso laboral y sexual en el magisterio, particularmente hacia mujeres jóvenes y de nuevo ingreso, constituye una violación a los derechos humanos y refleja las desigualdades de género profundamente arraigadas en las instituciones educativas. Este tipo de violencias no son hechos aislados ni personales, sino parte de un problema estructural que requiere atención urgente.

Autora: Ana Luisa Nerio Monroy[1]

El derecho al trabajo digno, libre de violencia y discriminación, está reconocido tanto en instrumentos internacionales como en la Constitución Mexicana. A pesar de ello, miles de docentes enfrentan diariamente situaciones de y acoso laboral, sobrecarga laboral, exclusión, represalias y acoso sexual, sin contar con mecanismos eficaces para denunciar, ni con garantías de protección. Estas condiciones vulneran el derecho a una vida libre de violencia, especialmente para las mujeres, y contradicen los principios de igualdad, dignidad y no discriminación que deben regir las relaciones laborales.

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En el caso del magisterio, el acoso laboral adopta formas complejas. No se limita al maltrato entre pares o jerárquico, sino que se enmarca en dinámicas institucionales de poder, favoritismo, impunidad y ausencia de protocolos claros. La experiencia de muchas docentes nos muestra que el acoso laboral puede comenzar con la asignación desproporcionada de tareas, el rechazo sistemático de permisos legítimos o la descalificación constante, y escalar hacia formas más graves de violencia simbólica, emocional y sexual.

Este tipo de violencia se agrava por el silenciamiento institucional. En muchas escuelas, las autoridades omiten actuar por intereses personales o políticos, perpetuando el abuso de poder. En la experiencia de una docente consultada, el supervisor escolar —acusado por múltiples docentes de acoso sexual— fue jubilado sin enfrentar consecuencias reales, a pesar de las quejas y denuncias. Esta respuesta institucional reproduce una cultura de impunidad que desalienta a las víctimas a denunciar y las coloca en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Diversos estudios, como la investigación de Julia Lizette Villa Tun[2], revelan que el acoso laboral en el ámbito educativo está profundamente atravesado por cuestiones de género. Las mujeres docentes, especialmente las jóvenes o recién incorporadas, son las principales víctimas. La violencia que enfrentan no solo se expresa en lo laboral, sino también en lo simbólico: su vestimenta, su maternidad, su manera de enseñar o sus vínculos con estudiantes pueden ser usados para cuestionar su legitimidad profesional. Además, cuando el agresor es un varón, suele añadirse una carga sexual explícita o encubierta, basada en estereotipos de género y en el ejercicio abusivo del poder.

Frente a este panorama, las respuestas institucionales siguen siendo insuficientes. Aunque existen normas y protocolos en el sector público para atender la violencia laboral y sexual, en la práctica las y los docentes desconocen sus derechos, no saben a qué instancia acudir y temen represalias que afecten su estabilidad laboral. Esta falta de acceso a la información, junto con la ausencia de redes efectivas de protección, genera una sensación de indefensión y normaliza el maltrato como parte del entorno laboral escolar.

No obstante, las docentes no son pasivas frente a estas agresiones. Han desarrollado estrategias de resistencia que van desde documentar los hechos y buscar redes de apoyo, hasta confrontar directamente a sus agresores. Estas acciones, aunque valientes y necesarias, no deberían recaer únicamente en las víctimas. Corresponde al Estado, como garante de derechos, implementar medidas estructurales para prevenir el acoso, sancionar a los responsables y garantizar la reparación integral a las personas afectadas.

En conclusión, el acoso laboral y sexual en el ámbito docente no es un fenómeno individual ni anecdótico: es un problema estructural que refleja desigualdades de género, abusos de poder y omisiones institucionales. Atenderlo requiere más que protocolos en papel; exige una transformación profunda en la cultura organizacional de las escuelas, así como una verdadera voluntad política de poner al centro la dignidad, la salud y los derechos humanos del personal docente.

La prevención y atención del acoso deben incluir capacitaciones obligatorias, mecanismos de denuncia claros y seguros, acompañamiento legal y psicosocial, y una política de cero tolerancia al abuso de poder. Además, es imprescindible reconocer y visibilizar las voces de las mujeres docentes, cuyas experiencias nos muestran no solo las fallas del sistema, sino también las rutas posibles hacia una educación libre de violencia, donde todas las personas puedan enseñar y aprender en condiciones de respeto, justicia y paz.

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[1] Maestra en RRII por la FCPyS de la UNAM con estudios derechos humanos, no discriminación y género. Tallerista y activista. Autora de “La No Maternidad Elegida. ¡Mujeres que eligen no ser madres y son felices!”, editado por Casa Bonsai (2023). Opiniones a título personal. IG @nerio_analuisa X:@aluisanerio

[2] Julia Lizette Villa Tun, Anuario Mexicano de Historia de la Educación, “Desentrañando el acoso laboral docente: parecidos de familia en las experiencias de mujeres docentes del Estado de México”, 2025. Disponible en: https://www.rmhe.somehide.org/index.php/anuario/article/view/696

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