Los presupuestos anuales salen al paso pero tienen males de fondo, y el primero de ellos es las insuficiencia crónica. El de 2026 no alcanzará ni para lo básico y dejará necesidades urgentes desatendidas. Son necesidades humanas, de la vida cotidiana, de la seguridad actual y futura de la sociedad, no solo de los equilibrios de la macro economía. Nuestra anemia hacendaria es de larga data, no porque seamos una economía pequeña, sino porque tenemos un Estado anémico en lo fiscal.
Escribe: Enrique Provencio
Antes se decía que nuestra moral tributaria generaba animadversión al pago de impuestos por la desconfianza en la forma en la que se gastaban los presupuestos, por la corrupción y la mala calidad de los servicios públicos, además de la muy antigua costumbre de evadir las contribuciones al fisco. Desde 2019, la resistencia a mejorar los ingresos públicos está dirigida y encabezada por la Presidencia de la República, asegurando que solo se requiere gastar mejor y sin corrupción. Pues mal: no se gasta mejor y tampoco alcanza, y se sigue consolidando una cultura de precariedad hacendaria.
Hay un hecho histórico interesante. Cuando otras economías disponían de un ingreso por persona equivalente al que ahora hay en México, ya tenían ingresos tributarios cercanos al 30 por ciento de su producto nacional, y gastos algo mayores a esa proporción. Eso les dio capacidad para construir lo que entonces se entendió como estados de bienestar, que consistieron no solo en sistemas de servicios públicos de salud, educación, seguridad social y otros beneficios, sino también, quizá sobre todo, en un conjunto de acuerdos colectivos que propiciaron las mejoras distributivas, la prosperidad económica y la movilidad social. Con dificultades, y a pesar de andanadas en contra que ya duran décadas, esos estados de bienestar han sobrevivido, aunque ahora enfrentan nuevos problemas, desde el envejecimiento hasta el cambio climático, pero siguen siendo las mejores modalidades que se conocen del capitalismo, las llamadas socialdemocracias. Hasta ahora, al menos.
El nuestro es uno de esos casos en los que no se alcanza a formar un estado económicamente capaz, ni un entramado decente de instituciones que asegure a la población el acceso a servicios esenciales que permitan el cumplimiento de los derechos. Los mercados no suplen esa carencia, y una parte minoritaria de la sociedad puede educarse, atender o prevenir sus problemas de salud, tener recursos para la vejez y así con otras necesidades a lo largo de su vida. Para la mayoría, lo que prevalece es la precariedad social, que solo será superada cuando se disponga de recursos públicos suficientes, o, al menos, que complementen bien lo que las personas hacemos por nuestra cuenta para procurarnos bienestar. Esto ocurre, como lo hemos visto, incluso su baja la pobreza monetaria.
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Todas las comparaciones hay que matizarlas, pero son útiles como referencia. Solo dos ejemplos, uno en salud y el otro en transición climática. En el caso de la salud, un servicio público aceptable implicaría, al menos, duplicar lo que ahora gastamos en infraestructura, personal médico, de enfermería y de técnicos, en laboratorios, medicamentos, equipos de apoyo, investigación y otros fines asociados. Desde hace 15 años estamos estancados en alrededor de 2.5 puntos porcentuales del producto dedicado al gasto público de salud, que además es muy desigual por subsistemas y regiones. Ni la dramática experiencia de la pandemia del Covid 19 nos hizo cambiar de idea. Países con una capacidad económica comparable, algunos de ellos de América Latina, realizan un esfuerzo en salud dos o tres veces mayor según su presupuesto comparado con el producto nacional. Lo que se está proponiendo para 2026 y luego la perspectiva para 2031 nos sigue dejando rezagados.
El otro de muchos ejemplos posibles es el de la acción climática. México se está comprometiendo, algo tarde pero todavía en buena hora, con una transición que dentro de unos 30 años nos lleve a conseguir las emisiones netas cero de gases de efecto invernadero, y desarrollar capacidades adaptativas. Dio la casualidad de que el propósito se publicó en el nuevo Programa Sectorial de Medio Ambiente 2025-2030 el mismo día que la Cámara de Diputados recibió el proyecto de presupuesto para 2026. Sin embargo, si se aprueba el proyecto como está, de nuevo reducirían el presupuesto ambiental, que en los dos primeros años del actual gobierno se habrá recortado en 44 por ciento. También se propone bajar las previsiones del anexo transversal de cambio climático, aunque este es más una simulación que un presupuesto climático. Se estima que la inversión necesaria para la transición climática es de alrededor de 1,5 puntos porcentuales del producto, algo inalcanzable en comparación con lo que ahora se asigna a política climática.
Como estos ejemplos hay decenas, de la educación al agua potable, de las carreteras a los servicios de cuidados, de la investigación científica a la gestión de riesgos. Si solo se tratara de cubrir lo que está dicho en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y en los programas de gobierno que se están publicando, tendríamos que emprender una revisión profunda de las capacidades hacendarias, de lo que tributamos a los ingresos públicos, y de lo que destinamos a financiar los servicios y la infraestructura que necesitamos. Los cambios que se le hacen al presupuesto son marginales, y para los próximos años así está previsto que continuemos, gestionando la insuficiencia hacendaria crónica.
