Escrito por 4:22 pm Agendas locales, Mario Luis Fuentes

Austeridad y cambio institucional

Terminar con la ostentación y el gasto faraónico del gobierno es de suma relevancia para recuperar la necesaria austeridad republicana. Llevar a la práctica esta idea le permitirá a la nueva administración tener algunos márgenes de maniobra y ciertas disponibilidades presupuestales para poner en marcha algunos de los programas que ha anunciado el virtual presidente electo


A pesar de lo anterior, el redimensionamiento de la burocracia, en términos de recorte al gasto en salarios, debería ir acompañado de un profundo proceso de reforma institucional, que permita hacer más eficiente y eficaz al gobierno, así como reorientar perspectivas desde las cuales se han diseñado e implementado las políticas públicas en nuestro país.

Por ejemplo, sin duda, es fundamental combatir la pobreza y reducirla, pero eso debería hacerse con base en un enfoque de derechos humanos y, particularmente, con base en la perspectiva de los derechos de la niñez. Esto debe ser así, porque es un mandato constitucional: el artículo 4º contiene el mandato de cumplir en todo momento con el principio del interés superior de la niñez. Éste implica dos cosas: poner a las niñas siempre primero en todas las decisiones públicas y destinar hasta el máximo de los recursos disponibles para la plena garantía de sus derechos.

Lo anterior es relevante, porque lo que no puede obviarse es que México necesita invertir más en lo social, pues en los últimos años ha habido importantes recortes que han afectado la calidad de los servicios de salud, educación y vivienda, por mencionar sólo algunos rubros. Esta realidad obliga, entonces, a que la austeridad en el gasto público, debe tener como uno de sus objetivos centrales disponer de más dinero para destinarlo a las áreas sustantivas del gobierno en aras de avanzar rápidamente en la reducción de las desigualdades.

Por otro lado, combatir a la pobreza, sin considerar el derecho constitucional a la no discriminación, establecido en el Artículo 1º de la Carta Magna, continuará limitando los efectos de las políticas públicas; en efecto, las poblaciones indígenas y las afrodescendientes, son las que enfrentan mayores condiciones de pobreza y marginación social y eso se asocia tanto a las condiciones estructurales del modelo de desarrollo, como a la discriminación, de tal forma que puede sostenerse con toda propiedad, que hay personas empobrecidas como efecto de prácticas discriminatorias y de segregación en amplias franjas del país.

Un argumento similar puede esgrimirse en lo relativo a la igualdad salarial entre hombres y mujeres en este ámbito, la perspectiva de género debe implementarse buscando no sólo para lograr la paridad en cargos públicos, sino también la igualdad sustantiva en el ámbito privado, lo cual incluye no sólo al mercado laboral, sino también el trabajo doméstico, tanto remunerado, como no remunerado, espacios en los que los estereotipos de género y la discriminación siguen siendo una constante en todo el país.

Todo lo anterior permite sostener que si el nuevo gobierno tiene un reto, éste consiste en democratizar el sistema de toma de decisiones del Ejecutivo, en lo relativo al desarrollo y el bienestar de la población y ello implica reflexionar con seriedad la estructura sectorial con que, actualmente, opera el gobierno y la cual fue diseñada bajo un modelo de distribución del poder propia de una lógica presidencialista.

Reformar la vida púbica, desde una perspectiva amplia, exige de un cambio institucional de gran calado, que permita construir una auténtica nueva generación de políticas públicas, que permitan transitar del modelo imperante hasta ahora, el cual pone el énfasis en la prestación de servicios sociales básicos, a otra que dé pleno cumplimiento, apegándose a los principios de universalidad, integralidad y progresividad establecidos en la Constitución.

Regenerar significa, según el Diccionario de la lengua española, la reconstrucción de un organismo, por sí mismo, de sus partes perdidas o dañadas; es de esa magnitud, el reto que deberá asumirse el próximo 1º de diciembre por la nueva Presidencia de la República.

Investigador del PUED-UNAM | Twitter: @mariolfuentes1

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