La pobreza del debate sobre CONEVAL

La discusión sobre el final del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) fue una muestra de la degradación a la que la mayoría parlamentaria ha llevado el debate público. Acudieron a falsedades y ruindades para justificar una decisión que, en efecto, ya estaba tomada desde 2024 en las reformas al artículo 26 constitucional, y sellaron la extinción de una de las instituciones más exitosas de las últimas décadas.

Escrito por:  Enrique Provencio D.

En las tribunas de ambas cámaras se repitió que CONEVAL duplicaba funciones tanto en la medición de pobreza como en la evaluación, y era ya innecesario, que ocasionaba altísimos gastos, que no era objetivo y difundía información impropia, que sus evaluaciones eran parciales o reiterativas, entre otras líneas que provenían de la propia exposición de motivos de las reformas a la Ley General de Desarrollo Social.

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Los dictámenes recogieron la aventurada postura de que CONEVAL debilitaba al estado mexicano, que no solo era oneroso sino también ineficiente, y que cuando se creó ya existían instituciones para medir la pobreza. A estas y otras supuestas razones hubo quienes incluso hablaron de la corrupción neoliberal en el organismo. Luego, los mensajes en X y en otras redes empeoraron todo y en algunos casos vulgarizaron al extremo las sinrazones, como en el caso de quien dijo y luego le festejaron que ese Consejo había sido algo así como la caja chica del PRI y el PAN. Lo consigno aquí solo para dar un ejemplo del nivel al que puede llegar una cadena de absurdos a la hora de decidir una reforma institucional.

No había un responsable de medir la pobreza hasta que se aprobó la Ley General de Desarrollo Social en 2004, con una decidida participación de muchas personas que luego se integraron al actual partido gobernante, o están en el Congreso o en el gobierno. Pueden distorsionar la historia y rellenar dictámenes y exposiciones de motivos con distorsiones solo para aprobar decisiones que se tomaron sin fundamentos y solo a partir de prejuicios políticos, pero la decisión de asignar al CONEVAL la medición de la pobreza y la evaluación de las políticas de desarrollo social tuvieron un apoyo unánime porque generaron un mecanismo plural, profesional, transparente e independiente de las autoridades de política social.

Decir ahora que todo aquello obedeció a criterios neoliberales es absurdo. El trabajo de CONEVAL ocasionó disgustos y rechazos de todos los gobiernos, y en algunos casos los funcionarios de varias secretarías promovieron cambios para que modificara sus criterios de medición y evaluación porque los resultados no correspondían a la propaganda oficial. El rechazo oficial se magnificó con los ánimos centralizadores a partir de 2019, con la estigmatización de casi todos los órganos autónomos y con el desprecio por el conocimiento y la investigación como elementos de la planeación y aplicación de las políticas públicas. Peor aún, era el único organismo en cuya dirección intervenían personas expertas en los temas de pobreza y evaluación, a través de su Comisión Ejecutiva, lo que permitía que las decisiones se tomaran no solo de manera más informada y documentada, sino también de forma corresponsable y plural. Fue una experiencia formidable, con la intervención de grupos académicos muy comprometidos con la política social. Merecen todo el respeto de la sociedad.

En los días recientes casi toda la atención se puso en la medición de la pobreza, y poco se dijo de la evaluación de la política social. Gracias al trabajo del CONEVAL, a que transparentó los mecanismos de medición y puso a disposición del público los programas y rutinas de cálculo, desde hace años grupos y personas pueden estimar la pobreza en sus distintas expresiones, realizar ejercicios alternativos, y además pueden hacerlo en cuanto tienen a mano los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares del INEGI. El cambio en los criterios de medición estaba previsto desde siempre en la legislación, y el paso a nuevas metodologías era obligado, y, de hecho, estaba en curso. Lo esencial es que la medición se acerque cada vez más al cumplimiento efectivo de los derechos, y que exprese la complejidad social mexicana, que rebasa claramente la pobreza.

La tarea de la evaluación no se duplicaba con la que realiza la Secretaría de Hacienda, que por cierto es cada vez más limitada. Hay un vacío argumental en el cambio que ya se consumó, pues no se sostiene rechazar la independencia de un organismo para asignar sus tareas a un autónomo. La tarea fundamental que le asigna la Constitución al INEGI de normar y coordinar Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica debe salvaguardarse, de tal modo que la nueva función de evaluador no comprometa su autonomía. Lo más probable es que si se realiza profesionalmente, la tarea de evaluación integral que se le adicionó se vuelva una zona de riesgos y colisiones con el Ejecutivo. Estará en las autoridades la responsabilidad de respetar los resultados de la evaluación, y en las del INEGI la de hacer valer su autonomía y hacer honor a sus nuevas facultades de medición de la pobreza y de evaluación de la política de desarrollo social.

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