cuba
Inspirado en el trabajo doctoral de Raisiel Damián Rodríguez, Violencia y revolución. El totalitarismo cubano a la luz de la teoría mimética de René Girard, decidí elaborar este ensayo sobre la situación actual de Cuba y Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro.
Por: Jorge Federico Márquez Muñoz
El texto de Rodríguez es la aproximación más ambiciosa y sistemática para pensar el totalitarismo cubano desde la teoría mimética. Su mérito principal es haber comprendido que la obra girardiana contiene un potencial político aun insuficientemente explorado. Allí donde muchos estudios sobre Cuba permanecen atrapados entre la denuncia moral o la descripción politológica convencional, Rodríguez propone otra lectura: entender el totalitarismo como una estructura antropológica sostenida por mecanismos sacrificiales.
La tesis muestra que la revolución cubana no puede explicarse solo como fenómeno ideológico o económico, sino como una religión política. Al situar el régimen dentro de la lógica girardiana del sacrificio, el autor ilumina cómo la violencia política no aparece como accidente ni desviación, sino como principio organizador del orden social. El sistema no elimina la violencia: la administra, la canaliza y la legitima mediante la construcción periódica de víctimas. Esta interpretación es especialmente fecunda porque permite comprender la continuidad histórica del régimen más allá de sus crisis económicas o cambios generacionales. La estabilidad no proviene de la eficacia gubernamental, sino de la repetición simbólica del mecanismo expiatorio.
Notable es la contribución teórica que Rodríguez introduce al replantear un punto delicado de la teoría girardiana: la supuesta espontaneidad de la multitud en la elección del chivo expiatorio. Su propuesta del “líder-sacerdote-caudillo” representa una ampliación significativa del modelo original. En el totalitarismo moderno, la unanimidad no surge de manera difusa. Es orientada, pedagógicamente construida y ritualizada por el poder político. El líder identifica al enemigo, organiza el consenso y transforma la violencia en acto moralmente necesario. Con ello, Rodríguez logra tender un puente entre la antropología de Girard y la teoría política del siglo XX, mostrando cómo la sacralización del poder sustituye a los antiguos rituales religiosos.
El análisis de la Cuba contemporánea constituye otro de los momentos más logrados del trabajo. Lejos de limitarse al periodo heroico de la Revolución, la tesis describe el tránsito hacia una fase de agotamiento sacrificial. El mito revolucionario pierde su capacidad movilizadora, pero el sistema continúa reproduciendo mecanismos de exclusión y sospecha. El resultado es una sociedad marcada por la apatía, el miedo y el éxodo, donde la víctima deja de ser un grupo específico y termina siendo el conjunto de la población. Esta intuición —que el totalitarismo culmina cuando universaliza la condición sacrificial— ofrece una clave interpretativa poderosa para comprender la persistencia del régimen pese a su evidente fracaso material.
Rodríguez no convierte la teoría mimética en un esquema rígido, sino en una herramienta viva que dialoga con la historia latinoamericana. Su reflexión sobre la victimización política en el continente, así como su crítica a las narrativas que absolutizan la identidad de víctima, muestra una conciencia poco frecuente del peligro señalado por el propio Girard: que la revelación de la víctima puede convertirse, paradójicamente, en nueva fuente de violencia.
La tesis muestra que la teoría mimética no pertenece únicamente al ámbito literario o religioso, sino que puede convertirse en un instrumento analítico privilegiado para comprender los totalitarismos modernos. El elogio que merece el trabajo de Raisiel Rodríguez no es solo por la solidez de su investigación sobre Cuba, sino por haber abierto un camino metodológico: mostrar que detrás de las estructuras políticas contemporáneas siguen operando, transformados pero reconocibles, los antiguos mecanismos sacrificiales que Girard identificó en los orígenes de la cultura. Su tesis confirma así que el estudio del totalitarismo exige mirar más allá de la ideología y atender a las dinámicas profundas del deseo, la rivalidad y la violencia que continúan configurando la historia humana[1].
La captura de Nicolás Maduro, por parte del gobierno de Estados Unidos, el 3 de enero de 2026, inauguró un momento sacrificial clásico: un enemigo exterior concentra simbólicamente amenazas difusas —narcotráfico, migración, crimen transnacional— y permite una descarga momentánea de tensión política interna.
La captura de Nicolás Maduro no terminó en el momento militar de su arresto. El modo en que fue trasladado tuvo un gran impacto simbólico. Allí el acontecimiento dejó de ser una operación estratégica y se convirtió en una representación ritual. El traslado fue una secuencia cuidadosamente visible.
Tras su captura en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses, Maduro fue inmediatamente aislado: vendado de los ojos, con auriculares insonorizados, vestido con ropa neutral y bajo control físico total de militares estadounidenses.
Una fotografía difundida oficialmente lo mostró así a bordo del transporte militar, sostenido únicamente por agentes armados. Fue el primer momento del sacrificio, el de la separación de la víctima del cuerpo social. La venda cumple una función simbólica profunda: elimina la reciprocidad visual. El capturado deja de ser sujeto político se convierte en objeto ritual. No mira; es mirado.
El traslado siguió una ruta escalonada helicóptero desde Caracas, traslado al buque militar USS Iwo Jima, paso por base estadounidense, vuelo gubernamental hacia Nueva York, aterrizaje en base aérea militar, helicóptero hacia Manhattan, convoy blindado hacia oficinas de la DEA e ingreso al centro de detención federal.
Esta secuencia no solo logística, también reproduce una procesión sacrificial, una preparación de la víctima.
Cada etapa reduce progresivamente su estatus:
El movimiento físico equivale a una degradación simbólica. Las imágenes públicas son una pedagogía del castigo. Las primeras imágenes difundidas lo mostraron esposado, escoltado por agentes armados, caminando por pasillos fríos, trasladado bajo fuerte dispositivo policial. Era un “criminal domesticado”.
Estas imágenes cumplen una función clásica del sacrificio: no sólo castigar, sino mostrar. El sacrificio necesita espectadores para producir orden. Además, el mensaje implícito no estaba dirigido únicamente a Venezuela, sino a múltiples públicos: las élites políticas extranjeras, adversarios internos y la opinión pública estadounidense. La escena enseña que el soberano puede convertirse en reo.
Pero hay momento paradójico. Al llegar a Manhattan. El mismo individuo exhibido como enemigo es conducido ante un juez federal. El ritual cambia: de violencia militar a procedimiento jurídico. La ley detiene la lógica sacrificial total. La víctima obtiene voz y declara incluso: “Soy prisionero de guerra”. El sacrificio no puede consumarse plenamente porque la modernidad jurídica lo frena.
En sociedades arcaicas, el sacrificio terminaba restaurando unanimidad. Aquí ocurre algo nuevo: las imágenes producen impacto global, pero no reconciliación política. El traslado genera fascinación mediática, polarización y debate. No unifica, divide.
Estamos ante un sacrificio sin catarsis. El traslado de Maduro muestra una mutación histórica del mecanismo sacrificial. El enemigo es capturado como en rituales antiguos, su degradación se hace pública mediante imágenes, el poder produce una pedagogía ejemplar, pero el derecho moderno impide la consumación total del sacrificio.
El resultado es una escena típicamente contemporánea: un sacrificio espectacular destinado a restaurar orden simbólico, detenido a mitad de camino por el katéchon jurídico. La violencia necesita mostrarse, pero ya no puede fundar plenamente[2].
Las cifras muestran inmediatamente la erosión moderna del mecanismo sacrificial. Según la encuesta nacional delWall Street Journal analizada por Vera Bergengruen el 18 de enero: 49 % de estadounidenses aprobaron la operación militar y 7 % la desaprobaron.
El sacrificio sólo restablece orden cuando genera unanimidad. Aquí ocurre lo contrario: el acto produce división simétrica. Este chivo expiatorio no reconcilia.
Entre el 5 y el 10 de enero, el traslado de Maduro a un tribunal federal en Manhattan transformó el evento militar en proceso legal. Según la crónica judicial de Cristian Farias el acusado recibió defensa legal, traducción, se le garantizó el debido proceso completo y la posibilidad de apelaciones.
El tribunal funcionó como katéchon: el freno institucional que impide la expansión de la violencia sacrificial. La guerra se ritualizó jurídicamente.
Entre el 7 y el 13 de enero la encuesta Economist–YouGov, analizada en The Economist, mostró un cambio abrupto: Antes de la operación -encuesta previa al 3 de enero- 50 % de votantes MAGA apoyaba remover a Maduro y el 25 % se oponía.
Después de la captura, con una medición -entre el 3 y el 5 enero-, 80 % apoyaban la acción militar y sólo 9 % se oponían.
Fue un caso de mímesis vertical: el deseo político se reorganizó tras la decisión del modelo, el líder.
A mediados de enero, cuando la administración estadounidense sugirió que podría “dirigir” Venezuela, el acontecimiento entró en fase titánica: Trump buscaba una demostración visible de la supremacía hemisférica de Estados Unidos.
Pero las cifras revelaron resistencia social. Según Wall Street Journal, en ese momento 57 % de estadounidenses rechazaron que EE. UU. gobernara Venezuela. Y 52 % consideraban que el presidente debió solicitar autorización del Congreso.
En cuanto a los seguidores de Trump, Yvonne Wingett Sanchez mostró como reinterpretaron la captura como prueba potencial del fraude electoral de 2020, según una extraña tesis que decía que Maduro había participado en el fraude electoral. El sacrificio exterior no clausuró la crisis interna; la reactivó simbólicamente. El enemigo exterior se convirtió en explicación retroactiva del conflicto doméstico.
El 20 de enero, Ashley Parker analizó la reacción de los opositores a Trump, tras la captura de Maduro y se encontró con: ausencia de movilización masiva, normalización rápida del evento y descenso de la indignación pública. Aunque persistía división política, la sociedad entró en una fase de aceptación fatigada. Girard denominaría este momento indiferencia post-sacrificial: la violencia ya no escandaliza ni cohesiona.
La captura de Maduro demuestra que el mecanismo sacrificial moderno sigue operando, pero ha perdido su capacidad reconciliadora: produce alineamientos miméticos temporales medibles en encuestas, no unidad política duradera. Estados Unidos aparece como una sociedad donde el sacrificio todavía ocurre, el katéchon lo contiene, el mimetismo lo amplifica, el titanismo lo dramatiza y la indiferencia lo neutraliza[3].
Trump, Marco Rubio, J.D. Vance y el entorno estratégico del presidente, comparten un objetivo simbólico: definir qué significa realmente America First, ya en el poder. Antes de la captura de Maudro no tenían todavía enemigo externo plenamente estructurante. La rivalidad era interna.
Desde Girard, esto corresponde a una fase clásica: cuando los rivales desean lo mismo, buscan un escenario para exteriorizar la tensión. La política exterior aparece entonces como mediación del conflicto doméstico.
La captura de Maduro introduce el primer momento. La acción fue impecablemente planificada pero pésimamente teorizada. La ausencia de doctrina coherente no es accidental; revela la crisis mimética.
La operación cumplió tres funciones simultáneas: prueba de fuerza presidencial, reafirmación ideológica para halcones y resolución simbólica de tensiones internas.
Venezuela deja de ser sujeto político y se convirtió en un instrumento simbólico para el poder estadounidense, en un tercero aplastado por titanes -en este caso, las potencias internacionales y los partidos políticos en EE.UU.-
Tras la operación, cada actor intentó del significado del acontecimiento. Trump dijo el sentido de la intervención era el petróleo y la reconstrucción del país; Rubio habló de una cruzada anticomunista; y Vance habló de seguridad y narcotráfico.
Esto indica que el acontecimiento aún no produce unanimidad sacrificial. El sacrificio, para generar orden, necesita consenso narrativo; aquí ocurrió lo contrario: proliferación de sentidos, competencia simbólica y lucha por la autoría. La violencia no unió sino que reveló rivalidad.
Rubio representa el actor que mejor logró acomodarse al hecho. Su trayectoria —del internacionalismo al nacionalismo estratégico— mostró una conversión mimética completa: primero rival de Trump, luego imitador y finalmente intérprete doctrinal del nuevo poder. Su ascenso culminó cuando se convirtió en el arquitecto de la política hemisférica y Secretario de Estado. Así, el rival derrotado adoptó el modelo vencedor y terminó reforzándolo.
Trump rompió con su propia doctrina anti-intervencionista. En términos de teoría mimética es claro que el líder que combate un sistema, al ocupar el lugar de vencedor en ese sistema, comienza a imitarlo. El poder funciona como mediador del deseo.
Trump no usa el intervencionismo por convicción ideológica, sino porque la rivalidad internacional exige demostrar equivalencia con presidentes anteriores. No intervenir significaría aceptar inferioridad.
La reacción más reveladora fue la ausencia de Vance. Fue excluido de decisiones clave. Su posición es clave: comparte el deseo de liderazgo, pero percibe el riesgo sacrificial. Vance sospechó que el sacrificio podía fracasar y evitó quedar ligado a él. Fue la figura del heredero prudente en un momento de incertidumbre mimética.
Tras la caída de Maduro ocurre el giro central. El orden esperado no aparece. La dictadura chavista continúa parcialmente, la democracia no llega, la oposición queda marginada.
Hubo entonces una cambio en los objetivos clásicos de las intervenciones estadounidenses: en lugar de democracia y libertad, se busca estabilidad y alineamiento geopolítico.
Al no haber más cambios, más castigados del régimen chavista, tampoco ocurre plenamente la catarsis colectiva. La opinión pública permanece dividida, los aliados dudan y las narrativas continúan en conflicto.
El mecanismo sacrificial moderno falla porque está desmitificado. El sacrificio ya no genera consenso, sino desorden prolongado. Entonces ocurre un desplazamiento típico: el enemigo no desaparece; se redistribuye hacia nuevos focos; China, Cuba y otras rivalidades globales. Los titanes compiten entre sí, los terceros absorben la violencia y el sacrificio deja de producir orden[4].
La captura de Nicolás Maduro fue presentada como un acto decisivo destinado a cerrar una crisis prolongada. Sin embargo, diveros análisis muestran una conclusión convergente: lejos de resolver el conflicto venezolano, la intervención puede inaugurar una fase más peligrosa e incierta. Leída desde la teoría mimética de René Girard, esta convergencia revela algo más profundo: la operación responde a una lógica sacrificial moderna que promete restauración política, pero corre el riesgo de intensificar la rivalidad, erosionar normas y multiplicar conflictos. La intervención aparece así no como solución definitiva, sino como sacrificio político incapaz de fundar un nuevo orden.
En primer lugar la salida de Maduro representa apenas “el fin del comienzo”, no el final de la crisis venezolana. El chavismo no era un régimen personal sino una coalición compleja: redes militares, élites económicas extractivas, estructuras criminales e intermediarios políticos regionales.
La crisis estructural se personalizó en una figura visible. La eliminación del líder funcionó como acto simbólico que prometía restaurar el orden, pero no transformó las rivalidades que sostienen el conflicto. El sacrificio apuntó al individuo porque la complejidad sistémica resulta políticamente intolerable. Por ello, la operación corre el riesgo de ser fútil: elimina al símbolo sin modificar la estructura que produce la violencia.
En segundo lugar, cabe mencionar que el verdadero desafío comienza después de la operación militar, no durante ella . La dificultad consiste en gestionar el vacío de poder sin caer en caos o intervención prolongada.
El sacrificio solo estabiliza cuando produce consenso colectivo. Aquí ocurre lo contrario. El acto no genera unanimidad sino controversia internacional, disputas jurídicas y competencia geopolítica. Según Hathaway y Shapiro, la intervención implica una ruptura con el orden internacional basado en reglas, sustituyendo la justificación jurídica por la mera fuerza . Cuando desaparece la norma mediadora, la violencia deja de ser excepcional y corre el riesgo de volverse imitable.
La violencia pierde entonces su capacidad reconciliadora y se transforma en precedente.
La intervención se inserta en una competencia estratégica más amplia. El problema ya no es solo Venezuela, sino la relación entre grandes potencias. Es una carrera titánica. El abandono de límites jurídicos produce un mundo donde la fuerza sustituye a la norma, en donde se produce indiferenciación: las potencias dejan de distinguirse por reglas y comienzan a reflejarse unas a otras. La intervención deja entonces de ser un caso particular y se convierte en modelo que pueden usar las potencias rivales.
En tercer lugar, la contraproductividad estratégica aparece en el análisis de Kasparov, quien señala que la victoria táctica de la captura de Maduro, tiene el riesgo de convertirse en un problema global. El ajedrecista reconoce que la captura pudo abrir una oportunidad histórica, pero advierte que la ausencia de un proyecto político posterior puede desperdiciarla.
El acto violento crea una expectativa de renovación, pero al no fundar nuevas instituciones legítimas, revela que el verdadero motor era la rivalidad y no la reconciliación. Peor aún, el desplazamiento del discurso democrático hacia objetivos materiales —como el control energético— muestra cómo el sacrificio político pierde su dimensión moral y deja visible el deseo competitivo. La violencia ya no parece redentora, sino instrumental.
En cuarto lugar, el análisis militar añade otro nivel de riesgo: la intervención exige recursos que debilitan otros frentes estratégicos y generan sobreextensión. Cada rivalidad exige nuevas respuestas para evitar parecer débil. La acción se multiplica no por coherencia estratégica, sino por imitación preventiva. El resultado es una expansión del conflicto más allá de la capacidad real del actor: múltiples teatros simultáneos, pérdida de prioridades y en consecuencia, vulnerabilidad creciente. La seguridad buscada produce inseguridad acumulada.
En quinto lugar, los analistas hablan del mito del “efecto dominó” y la ilusión redentora. Aquí se cuestiona la idea de que la caída de Maduro desencadenaría transformaciones regionales automáticas. Esta expectativa reproduce una estructura sacrificial clásica: eliminar al culpable permitiría restaurar el orden general. Pero cada régimen posee resiliencias propias y no existe contagio político automático.
Esto revela el fracaso del mito moderno del acontecimiento redentor único. Las crisis contemporáneas no se resuelven mediante momentos decisivos, sino mediante procesos largos y ambiguos.
En quinto lugar, mientras las potencias compiten, Venezuela se convierte en escenario de rivalidad más que en sujeto político. En la lógica mimética, los titanes se concentran en su rival y los terceros quedan reducidos a medios estratégicos. No son enemigos ni aliados: se vuelven irrelevantes. Esta indiferencia constituye uno de los rasgos más peligrosos del titanismo contemporáneo.
El diagnóstico de los analistas converge en una misma dirección: la captura de Maduro puede representar un triunfo operativo pero, simultáneamente, un fracaso estructural. Desde la teoría mimética la razón es clara: la crisis fue tratada como problema personal, la violencia se utilizó como acto fundacional pero el sacrificio ya no produce orden legítimo.
Así emergen los tres riesgos centrales: futilidad, porque el sistema permanece; riesgo, porque se erosiona la mediación normativa internacional; contraproductividad, porque la rivalidad entre potencias se intensifica y la crisis se amplía. No asistimos al final del conflicto venezolano, sino a la transformación de una crisis nacional en un episodio de rivalidad mimética global sin mecanismo claro de reconciliación[5].
La captura de Nicolás Maduro produjo en América Latina un efecto político que supera ampliamente el hecho militar mismo. Más que inaugurar una transformación inmediata del equilibrio regional, el acontecimiento alteró el imaginario estratégico del continente. Lo decisivo no fue únicamente la intervención, sino la reacción mimética que ésta desencadenó: una expansión del miedo, una anticipación colectiva de violencia futura y la percepción de que el orden hemisférico había cruzado un umbral invisible. El episodio revela así la diferencia fundamental entre el riesgo real generado por la operación y la exageración simbólica del riesgo que emergió después.
Antes de la intervención, América Latina vivía una forma de estabilidad paradójica. Venezuela constituía un foco permanente de crisis —económica, migratoria y política—, pero al mismo tiempo funcionaba como un límite reconocible dentro del sistema regional. El régimen chavista concentraba condena internacional, tensiones ideológicas y ansiedad política, pero esa misma concentración permitía contener la violencia en un espacio relativamente delimitado. En términos girardianos, el conflicto estaba parcialmente circunscrito porque existía una figura que absorbía la acusación colectiva. La permanencia del régimen, aunque problemática, mantenía diferencias claras entre orden y desorden dentro del continente.
La operación estadounidense rompió ese equilibrio. La captura del líder venezolano actuó como un gesto sacrificial visible: una demostración de poder destinada no sólo a producir efectos estratégicos inmediatos, sino a enviar una señal. Sin embargo, los objetivos de Washington parecían limitados —acceso energético, control migratorio y reconfiguración geopolítica puntual— y no implicaban un rediseño integral de América Latina. Aquí surge la primera paradoja: el acto fue interpretado regionalmente como el inicio de una doctrina expansiva, aun cuando su lógica era más restringida.
A partir de ese momento se activó un proceso típicamente mimético. Gobiernos latinoamericanos comenzaron a reaccionar menos ante los hechos que ante la posibilidad de su repetición. La intervención dejó de ser un caso singular y pasó a percibirse como precedente. El temor a una normalización del intervencionismo estadounidense generó condenas diplomáticas, advertencias sobre soberanía y debates internos sobre vulnerabilidad nacional. Países como México, Brasil y Colombia interpretaron el evento como señal de un cambio estructural del orden hemisférico. El acontecimiento adquirió fuerza imitativa: su significado creció más rápido que sus consecuencias materiales.
El riesgo real, sin embargo, se situaba en otro nivel. La eliminación del líder no implicaba la desaparición del sistema político venezolano. El aparato estatal, las élites chavistas y las economías informales permanecían intactas. Se abrió entonces la posibilidad de una competencia interna por el poder y de una dispersión de la violencia. La caída de una figura central puede desorganizar el orden basado en el miedo sin sustituirlo por una nueva legitimidad. Es una crisis post-sacrificial: cuando el sacrificio no restaura la comunidad, la violencia deja de concentrarse y se difunde. Los riesgos regionales concretos —migraciones, expansión criminal, tensiones fronterizas— derivaban precisamente de esta posible desestructuración, no de una invasión continental.
No obstante, la percepción dominante en América Latina evolucionó hacia un escenario más dramático. Se multiplicaron hipótesis sobre futuras intervenciones, amenazas contra otros gobiernos e incluso un retorno pleno al intervencionismo del siglo XX. Esta reacción revela una exageración mimética del peligro. El temor surgía del efecto demostración más que de planes verificables. Cuando un tabú político se rompe públicamente, la imaginación colectiva proyecta su repetición indefinida. Así, la región comenzó a comportarse como una comunidad que teme convertirse en el próximo chivo expiatorio.
En este contexto aparece la dinámica del titanismo hemisférico. La intervención no puede entenderse únicamente como relación bilateral entre Estados Unidos y Venezuela, sino como episodio dentro de rivalidades más amplias entre grandes potencias: Estados Unidos contra China, Rusia e Irán. América Latina se convierte entonces en “espacio tercero”: un territorio donde se manifiestan tensiones estratégicas externas sin ser su origen. Venezuela funciona como escenario operativo, Cuba como víctima indirecta y países como Colombia o México como actores obligados a reajustarse ante presiones cruzadas. Cuanto más intensa es la rivalidad entre titanes, menos visibles se vuelven quienes quedan fuera del duelo principal.
La consecuencia más profunda es una paradoja política. La intervención buscaba mostrar control, pero produjo incertidumbre; pretendía cerrar un conflicto específico, pero abrió una multiplicidad de temores regionales. El riesgo exagerado comenzó a generar efectos reales: realineamientos diplomáticos, acercamientos a potencias externas y polarización interna. En otras palabras, la percepción del peligro empezó a crear las condiciones de inestabilidad que inicialmente sólo se temían. Se trató de una profecía mimética autocumplida, donde el miedo colectivo transforma la interpretación de un acto en fuerza histórica efectiva.
Así, América Latina entró en una fase post-sacrificial. Ningún líder eliminado logra restaurar el orden, ninguna intervención produce cierre definitivo de la violencia, y cada demostración de poder genera nuevas rivalidades sin resolver las anteriores. El continente no enfrenta necesariamente una ola inevitable de intervenciones militares, pero sí una transformación más sutil: la instalación de una incertidumbre permanente sobre los límites del poder y la soberanía.
El verdadero peligro, por tanto, no reside únicamente en la intervención misma. La región comienza a vivir bajo la expectativa constante de futuros sacrificios políticos. En ese clima, la violencia real puede ser menor que la violencia imaginada, pero sus efectos políticos resultan igualmente profundos. América Latina descubre que el orden contemporáneo ya no se define por guerras abiertas ni por equilibrios estables, sino por crisis sucesivas cuya intensidad depende tanto de la percepción mimética como de los hechos materiales.
La intervención en Venezuela muestra, finalmente, que el mundo hemisférico ha entrado en una etapa donde el riesgo se multiplica simbólicamente antes de materializarse. No es la repetición automática del imperialismo clásico lo que define el momento histórico, sino la expansión del miedo imitativo que convierte cada acontecimiento excepcional en anuncio de una catástrofe general. En ese sentido, el continente no vive aún una guerra regional, pero sí algo quizá más característico de nuestra época: una inestabilidad mimética prolongada, sostenida por la anticipación permanente de la próxima crisis[6].
La intervención estadounidense en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro produjo inmediatamente una reacción global que parecía anunciar el inicio de una escalada entre grandes potencias. China denunció una violación del derecho internacional, Rusia expresó solidaridad diplomática con Caracas e Irán interpretó el episodio como una advertencia directa contra los regímenes sancionados. A primera vista, el acontecimiento parecía abrir la posibilidad de una reacción coordinada de los adversarios estratégicos de Washington. Sin embargo, observada desde una perspectiva girardiana, la dinámica revela algo distinto: no una escalada inevitable, sino una combinación de riesgos reales limitados y riesgos simbólicamente exagerados, propios de una rivalidad mimética entre potencias que buscan preservar prestigio más que iniciar una guerra.
Los conflictos más peligrosos nacen de la proximidad imitativa. Estados Unidos, China, Rusia e Irán no actúan como civilizaciones inconmensurables, sino como actores que se observan mutuamente y aprenden del gesto del rival. Venezuela se convirtió así en un objeto mimético: no sólo un país petrolero, sino un símbolo de presencia global y de reconocimiento estratégico. Durante dos décadas China había invertido más de cien mil millones de dólares en el país, convirtiéndolo en el núcleo de su proyección latinoamericana; la operación estadounidense mostró los límites de esa influencia al demostrar que Pekín carecía de capacidad militar para proteger a un socio distante. El riesgo percibido fue el de una reacción china dura; el riesgo real fue mucho menor. Beijing optó por la protesta diplomática y el repliegue prudente, confirmando que su estrategia regional sigue siendo económica antes que militar.
Aquí aparece el primer mecanismo girardiano: la exageración mimética del peligro. Cada potencia interpreta la acción del rival como anuncio de una ofensiva global, aunque los incentivos estructurales favorezcan la contención. Analistas internacionales señalaron que la operación estadounidense fue leída en Pekín como señal estratégica más que como preludio de guerra directa, incluso vinculada a lecciones sobre Taiwán, lo que muestra aprendizaje imitativo antes que respuesta militar. El miedo a la escalada funciona entonces como lenguaje político interno, no como intención inmediata de confrontación.
El caso ruso confirma aún más esta lógica. Moscú había convertido a Venezuela en una pieza simbólica de su desafío hemisférico a Estados Unidos, pero su reacción fue limitada a declaraciones diplomáticas. La incapacidad rusa para intervenir reveló restricciones materiales profundas: el desgaste militar en Ucrania y la limitada capacidad de proyección global reducen su margen de acción. Rusia necesita demostrar equivalencia simbólica con Washington, pero carece de medios para sostenerla en todos los escenarios. El riesgo de confrontación directa fue ampliamente discutido; en realidad, el episodio mostró la tendencia contraria: los actores evitan el choque directo y desplazan la rivalidad hacia otros espacios.
Irán representa una tercera variación del mismo patrón. La alianza Caracas-Teherán había funcionado como red de supervivencia frente a sanciones, incluyendo cooperación energética y estructuras financieras paralelas. La captura de Maduro fue interpretada como advertencia estratégica hacia líderes aislados internacionalmente. Sin embargo, lejos de provocar una escalada militar, el resultado fue una recalibración defensiva. Teherán comprendió que era una acción limitada de coerción selectiva, no una guerra abierta. El temor a una expansión del conflicto —ampliamente difundido en discursos políticos— operó más como narrativa movilizadora que como escenario probable.
Las tres potencias reaccionaron dentro de una misma estructura psicológica: la necesidad de evitar humillación simbólica sin cruzar el umbral de la guerra. La rivalidad titánica produce gestos retóricos intensos precisamente porque la violencia total es demasiado costosa. En el sistema nuclear contemporáneo, la destrucción del rival equivale a la autodestrucción; por ello, la competencia se desplaza hacia demostraciones limitadas, sanciones, operaciones indirectas y conflictos periféricos.
Venezuela funciona entonces como tercero sacrificado. No es el objetivo último de la rivalidad, sino el espacio donde los titanes pueden actuar sin enfrentarse directamente. La intervención estadounidense envió mensajes simultáneos a Pekín, Moscú y Teherán, pero ninguno respondió con fuerza equivalente porque hacerlo implicaría aceptar la lógica de escalada que todos buscan evitar.
El verdadero riesgo no reside en una guerra inmediata entre grandes potencias, sino en la acumulación de gestos simbólicos destinados a restaurar prestigio. Cada actor necesita demostrar que no ha sido derrotado; así surgen respuestas indirectas —misiles demostrativos, presiones regionales, guerras híbridas— que pueden producir accidentes o errores de cálculo. El peligro no es la intención deliberada de guerra, sino la dinámica mimética que empuja a responder para no parecer inferior.
En consecuencia, la intervención estadounidense en Venezuela no inauguró una escalada inevitable entre Estados Unidos, China, Rusia e Irán. Reveló un orden internacional donde los riesgos reales son moderados, pero los riesgos imaginados se amplifican porque el reconocimiento entre rivales depende de la percepción pública de fuerza. El sistema se estabiliza provisionalmente mediante episodios periféricos que absorben la tensión global.
El episodio venezolano muestra que el siglo XXI no avanza hacia guerras directas entre potencias, sino hacia una sucesión de crisis dramatizadas donde la exageración del peligro cumple una función política esencial: mantener la rivalidad sin permitir su resolución definitiva[7].
La captura de Nicolás Maduro fue un acontecimiento simbólico global: un acto que reconfiguró imaginariamente el orden mundial antes incluso de transformar materialmente la política internacional. El hecho concreto importa menos que la interpretación colectiva que desencadena. El mundo no reaccionó sólo a una operación militar; reaccionó al significado sacrificial de esa operación.
La captura funcionó como un gesto ritual: la extracción del culpable destinado a restaurar el orden. Sin embargo, precisamente ahí nace la ambigüedad fundamental del momento histórico: el mismo acto que promete estabilización produce simultáneamente miedo, imitación y exageración del riesgo.
En la narrativa estadounidense dominante, la caída de Maduro aparece como eliminación de un agente del caos: un líder criminalizado cuya expulsión permitiría recomponer el equilibrio hemisférico. Esta lógica reproduce el mecanismo clásico del chivo expiatorio: una comunidad proyecta sobre una figura concreta la causa del desorden y espera que su eliminación restablezca la paz.
Pero en la modernidad el sacrificio pierde eficacia porque ya no existe unanimidad simbólica. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Mientras algunos aliados celebraron la operación, una parte considerable del sistema internacional la condenó como violación de soberanía y del derecho internacional, generando una reacción global profundamente dividida.
El primer riesgo. El riesgo más profundo no fue militar sino simbólico. Durante décadas, el derecho internacional funcionó como un katéchon moderno, un freno imperfecto pero compartido al uso unilateral de la violencia. La operación estadounidense —sin mandato del Consejo de Seguridad— fue percibida por numerosos analistas como una ruptura de ese límite normativo.
Cuando una regla común es violada sin sanción efectiva, deja de poseer carácter sagrado. La norma no desaparece jurídicamente; pierde credibilidad. Aquí surge un riesgo real para el orden mundial: si una superpotencia puede capturar al jefe de Estado de otra nación bajo justificación penal, otros actores pueden imitar el precedente. Rusia, China o potencias regionales adquieren permiso simbólico para actuar del mismo modo. La violencia se vuelve imitativa.
El segundo riesgo. La intervención no ocurre en el vacío. Se inserta en una rivalidad creciente entre grandes potencias. Analistas internacionales señalaron que el episodio envía señales directas a Moscú y Pekín sobre la disposición estadounidense a ejercer poder unilateral.
Las rivalidades más peligrosas nacen cuando los adversarios comienzan a parecerse. Al reclamar una esfera hemisférica propia, Estados Unidos legitima indirectamente que otras potencias reclamen las suyas. El gesto destinado a reafirmar superioridad puede producir simetría conflictiva.
El orden liberal —basado en reglas universales— corre así el riesgo de transformarse en un sistema de bloques imitativos.
El tercer riesgo. La reacción posterior mostró la incapacidad de las instituciones multilaterales para responder de manera coherente. Naciones Unidas expresó preocupación, pero no logró acción concreta debido a la división entre potencias.
Se desató una crisis de mediaciones: los mecanismos que antes canalizaban conflictos dejan de funcionar, y los actores comienzan a enfrentarse directamente sin árbitros creíbles. El riesgo no es una guerra inmediata, sino un aumento estructural de incertidumbre.
Sin embargo, junto a estos riesgos reales aparece otro fenómeno: la exageración colectiva del desastre.
Muchos discursos interpretaron la captura como el inicio inevitable de una guerra mundial o del colapso inmediato del orden internacional. Esta reacción revela un mecanismo mimético inverso: el miedo se contagia tan rápido como la violencia.
El sistema internacional ha sobrevivido históricamente a múltiples violaciones normativas sin colapsar. Incluso críticos de la operación reconocen que las instituciones y equilibrios estratégicos siguen operando, aunque debilitados. La alarma global cumple también una función psicológica: dramatizar el evento para reorganizar posiciones políticas internas. El peligro percibido crece porque todos observan las reacciones de todos.
Un elemento constante es la indiferencia hacia el tercero. Venezuela deja de ser sujeto político y se convierte en escenario donde se representan rivalidades mayores. China, Rusia, Europa y Estados Unidos discuten principios globales, mientras el país funciona como espacio donde el orden internacional ensaya nuevas reglas. El sufrimiento local queda subordinado a la competencia simbólica entre potencias.
Este desplazamiento es típico del mecanismo sacrificial moderno: el conflicto central se traslada hacia la periferia para evitar su explosión en el centro.
La paradoja final es que la captura buscaba cerrar una crisis; en cambio abrió una secuencia. No existe ya un acto capaz de restaurar unanimidad internacional. Cada intervención genera nuevas sospechas, nuevas imitaciones y justificaciones futuras. El orden mundial no entra en guerra, pero sí en una fase distinta: una rivalidad permanente sin resolución simbólica. El riesgo real no es el caos inmediato, sino la normalización progresiva de excepciones.
La captura de Nicolás Maduro fue interpretada por muchos analistas como una ruptura peligrosa del orden internacional. Sin embargo, toda crisis mimética posee también su imagen inversa: la promesa de una restauración. Allí donde unos vieron el colapso del sistema, otros creyeron asistir al nacimiento de un nuevo equilibrio mundial más estable, más claro y quizá más realista.
Estas expectativas positivas no deben descartarse; pero tampoco pueden aceptarse sin examinar su dimensión mimética. Así como el miedo se contagia, también lo hace la esperanza. El acontecimiento venezolano activó simultáneamente ventajas potenciales reales y exageraciones colectivas sobre lo que el poder puede lograr mediante un acto ejemplar de fuerza.
Durante décadas, el orden internacional liberal funcionó bajo la impresión creciente de parálisis. Intervenciones fallidas, guerras prolongadas y bloqueos institucionales habían debilitado la credibilidad de las grandes potencias para actuar decisivamente.
La operación contra Maduro fue interpretada por algunos estrategas como una señal de que Estados Unidos recuperaba capacidad de acción rápida y limitada. Algunos analistas la describieron incluso como una victoria inicial para la seguridad regional y un mensaje directo a China y Rusia.
Esto puede entenderse como un intento de restaurar diferencias jerárquicas: el sistema internacional se estabiliza cuando los actores reconocen quién posee capacidad efectiva de imponer límites. La violencia ejemplar busca reintroducir claridad donde había ambigüedad.
Una ventaja real posible es que un sistema donde las líneas de poder son visibles puede reducir errores de cálculo y disuadir conflictos indirectos.
Claro que de esto hay también una exageración mimética. Es ingenuo creer que una demostración puntual de fuerza restablece automáticamente el orden global. La historia muestra que la autoridad simbólica no se reconstruye tan rápido como se destruye.
Por otra parte, hay una ventaja estratégica en la disuasión y señalización entre grandes potencias. La operación envió una señal estratégica: Estados Unidos estaba dispuesto a actuar unilateralmente en su esfera regional. Para algunos observadores, esto podría fortalecer la disuasión internacional.
La disuasión funciona cuando el rival reconoce un modelo superior y evita imitarlo violentamente. La acción busca congelar la rivalidad antes de que escale.
Una ventaja real posible derivada de lo anterior es que una demostración creíble de capacidad puede reducir desafíos oportunistas y estabilizar temporalmente zonas periféricas.
Claro está, es una exageración mimética suponer que la disuasión elimina la rivalidad. Al contrario, el poder visible suele convertirse en modelo imitativo. El rival no se retrae necesariamente; muchas veces, por el contrario, aprende.
Otra posible ventaja está en ventaja económica imaginada mediante la reapertura energética y la estabilidad material. Es decir, la captura del tirano fue presentada también como oportunidad para reactivar la industria petrolera venezolana y fortalecer la seguridad energética occidental. En teoría, la estabilización económica de Venezuela podría reducir migración, crimen transnacional y presión regional. Es decir, si se lograra reconstrucción institucional, una economía venezolana funcional aliviaría tensiones hemisféricas acumuladas durante años.
Pero esta expectativa también puede ser exagerada y consiste en el pensamiento mágico de que la creencia de que eliminar al líder equivale a reconstruir el Estado. El sacrificio simplifica artificialmente conflictos mucho más profundos.
Otra ventaja fue la claridad moral. La captura fue interpretada, para una parte de la opinión pública occidental, como la caída de un régimen responsable de crisis humanitaria y éxodo masivo. El evento permitió reordenar narrativamente el conflicto: el culpable había sido identificado y removido.
Con ello, los acontecimientos dramáticos pueden abrir ventanas políticas para negociaciones o transiciones antes bloqueadas.
Pero es una exageración pensar que la unanimidad moral obtenida contra un enemigo produce estabilidad duradera. En la modernidad, la unanimidad dura poco; pronto reaparecen nuevas divisiones.
Otra ventaja fue el retorno de la realidad estratégica. Algunos análisis sostienen que el episodio revela un cambio hacia una política internacional más explícita, basada en intereses y no en ficciones normativas.
Esta “desilusión” puede tener una función estabilizadora: cuando los actores dejan de ocultar la rivalidad bajo discursos universales, disminuye la hipocresía estructural que genera resentimiento. Es decir, un orden más realista puede producir negociaciones más claras entre potencias.
Pero estas conclusiones pueden llevarnos a confundir realismo con estabilidad. La transparencia del poder no elimina la rivalidad; a veces puede intensificarla.
Emerge finalmente una intuición esencial. El mayor riesgo no proviene del fracaso de la intervención, sino de su aparente éxito inicial. La violencia eficaz genera deseo imitativo. Si un acto parece resolver rápidamente un problema complejo, otros actores tenderán a repetir el modelo. Así, la ventaja se convierte en precedente. La promesa de orden puede multiplicar intervenciones futuras.
Venezuela funcionó como sacrificio estabilizador… y como ilusión. En el imaginario estratégico, Venezuela aparece como prueba de que el sistema internacional aún puede producir decisiones claras. Pero el sacrificio moderno nunca cierra completamente la crisis: sólo redistribuye tensiones. El orden prometido tras la captura no es necesariamente falso; es incompleto.
La captura de Maduro contiene ventajas potenciales reales para el orden mundial: reafirmación de disuasión, apertura de oportunidades económicas, clarificación estratégica y posible estabilización regional. Sin embargo, estas ventajas han sido amplificadas por una dinámica mimética que tiende a convertir un episodio contingente en símbolo de renovación histórica.
El mundo no entró automáticamente en una era más estable.
Pero tampoco en el caos inevitable. Lo que surgió fue un momento en que la humanidad volvió a creer —aunque sea provisionalmente— que la eliminación de una figura podía restaurar el orden. Y precisamente esa creencia, más que el hecho militar, es lo que reorganiza hoy la imaginación del sistema internacional[8].
Venezuela es uno de los ejemplos centrales de Anne Applebaum, en Autocracy Inc. para mostrar como los autoritarismos del siglo XXI crean una red de colaboración sobre la base de la ambición.
Venezuela es caso paradigmático del nuevo orden autoritario global: un sistema donde el poder ya no depende del éxito económico ni del consentimiento social, sino de redes internacionales que permiten a las élites sobrevivir incluso al colapso nacional. Venezuela es un ejemplo extremo de sacrificio social estabilizador, donde la destrucción del país funciona como mecanismo de conservación del régimen.
El proceso comienza con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, en un contexto de rivalidad política creciente y crisis de legitimidad institucional. La transformación del régimen no fue inicialmente represiva sino progresivamente cleptocrática.
El momento decisivo ocurrió entre 2002 y 2003, cuando tras la huelga petrolera el gobierno despidió aproximadamente 19,000 trabajadores de PDVSA, sustituyó técnicos por leales políticos. Este acto marcó la mutación estructural del régimen: la economía dejó de ser productiva y se convirtió en un aparato de control político.
El conocimiento técnico —potencial fuente de autonomía social— fue expulsado del sistema, tratado como elemento peligroso. El nuevo orden necesitaba uniformidad mimética, no competencia.
La corrupción venezolana no fue accidental sino constitutiva. Durante los años de altos precios petroleros, miles de millones —posiblemente decenas de miles de millones— de dólares desaparecieron en cuentas offshore, mientras el Estado mantenía la ilusión redistributiva.
La muerte de Chávez en 2013 inauguró la fase crítica: el régimen perdió su legitimidad carismática y recurrió abiertamente a la coerción.
En 2014, las protestas de los venezolanos contra el régimen fueron brutalmente reprimidas. Hubo Al menos 30 muertos durante las movilizaciones. En 2017, durante las protestas de marzo y después, durante las de agosto, el resultado de la represión estatal fueron 163 muertos, 3,000 heridos, 1351 encarcelados y 2997 detenidos.
La represión no fue exclusivamente nacional. China suministró equipos antidisturbios y vigilancia. Cuba aportó asesoría de inteligencia. Rusia brindó respaldo político y financiero. Aquí emerge el rasgo decisivo de Autocracy, Inc.: el sacrificio ya no es interno, sino cooperativo entre autocracias. El pueblo venezolano se convirtió en víctima funcional cuya neutralización estabilizaba a toda la red autoritaria. La oposición fue demonizada por la red de estados autoritarios, no solo por el régimen chavista.
Cuando el precio del petróleo cayó entre 2014 y 2015, el modelo perdió su base material. El Estado ya no podía comprar lealtades ni sostener diferencias sociales estables. La economía entró en contracción profunda y comenzó la indiferenciación social: profesionales, obreros y clases medias compartían la misma precariedad.
El colapso económico venezolano fue uno de los más severos registrados fuera de una guerra. La economía llegó a contraerse cerca de 75% en menos de una década. Las cifras sociales muestran la magnitud del deterioro: 82% de la población en pobreza, 53% en pobreza extrema, salario mínimo cercano a 2.36 USD mensuales, inflación en niveles de tres dígitos (entre 170 y 180% en 2025). Estas cifras describen una sociedad donde el dinero pierde significado y el trabajo deja de garantizar supervivencia.
En la medida en que el gobierno venezolano perdía la capacidad de controlar gran parte de su territorio, comenzó una perversa alianza con grupos delincuenciales. Si bien existían desde el inicio del chavismo, en los últimos diez años evolucionó a gran velocidad. El resultado fue la construcción de un Estado criminal híbrido, donde instituciones públicas, grupos armados y economías ilegales operaban de manera conjunta.
El Estado dejó de contener la violencia criminal y comenzó a imitarla. La frontera entre autoridad y crimen desapareció. Este fenómeno coincide con la represión sistemática documentada por Amnistía Internacional: además de asesinatos durante las protestas poselectorales, se registró en los últimos años de chavismo más de 2,000 detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y persecución política generalizada. El régimen producía víctimas múltiples y permanentes.
El “modelo Maduro” se convirtió así en un paradigma de regímenes dispuestos a aceptar el fracaso total del país con tal de conservar el poder. Las cifras sociales revelan la dimensión sacrificial: 78% de los venezolanos comían menos que antes, 41% pasaban días enteros sin comer y como única forma de supervivencia estaba la migración masiva de millones de personas hacia América Latina y EE.UU.
El indicador más brutal del fracaso social venezolano no es económico sino demográfico. Según ACNUR, casi 7.9 millones de venezolanos abandonaron el país durante las décadas de chavismo. Nunca en la historia moderna latinoamericana una población huyó en tal magnitud sin guerra civil formal.
Además, el éxodo funcionó como el sacrificio moderno que evitó la explosión interna. Al emigrar millones, la presión social disminuyó; la rivalidad no se resolvió, solo se desplazó geográficamente.
Esto representa una inversión radical del orden político clásico: la comunidad ya no protege a sus ciudadanos, sino que los sacrifica.
Bajo sanciones internacionales, desde 2008 e intensificadas después de 2017, el régimen se adapta mediante el narcotráfico, la minería ilegal de oro, el contrabando, el secuestro y la extorsión. Estas prácticas no son anomalías sino sustitutos del contrato social.
El sistema produce cohesión interna entre las élites —criminales, políticas y militares— mediante participación compartida en la violencia económica —una forma moderna de comunión sacrificial—.
De acuerdo con Applebaum, como parte de la función del régimen venezolano en la red internacional de autocracias, redes digitales vinculadas a Venezuela participaron en operaciones informativas internacionales, incluida la elección mexicana de 2018, amplificando polarización y narrativas antiinstitucionales.
El sacrificio venezolano adquiere entonces dimensión mimética global: se exporta el modelo narrativo de la “resistencia venezolana”. En este contexto la violencia dejó de ocultarse, se normalizó como método de gobierno.
Para Applebaum, Venezuela demuestra que las autocracias del siglo XXI ya no necesitan éxito económico ni legitimidad popular. Basta con pertenecer a una red internacional capaz de sostener el poder mediante dinero ilícito, tecnología represiva y propaganda compartida.
En el caso venezolano el sacrificio ya no restablece el orden social —lo sustituye. El régimen sobrevive porque la sociedad ha sido ofrecida como víctima permanente.
La élite gobernante preservó el poder mediante represión y economías ilícitas y supo explotar las rivalidades geopolíticas para encontrar la ayuda de actores internacionales. No sólo logró conservar el poder, sino también enriquecerse de un modo obsceno. El pueblo venezolano quedó convertido en un medio y dejó de ser fin.
El fracaso venezolano revela un fenómeno central del siglo XXI: no siempre las sociedades colapsan mediante guerra abierta; pueden ser lentamente sacrificadas por rivalidades políticas, económicas y geopolíticas que utilizan a la población como tercero sacrificable[9].
En Cuba se ha consolidado una estructura de poder que funciona como un Estado paralelo económico-militar, separado de la sociedad que gobierna. La revolución terminó transformándose en una corporación política cerrada —lo que Werlau ha denominado “Castro, Inc.”— donde partido, fuerzas armadas y patrimonio económico se fusionan en una misma entidad.
Este aparato opera como un katéchon extremadamente costoso: contiene el colapso político inmediato y preserva el orden, pero lo hace trasladando el costo humano hacia la población mediante empobrecimiento, represión, emigración y explotación económica de sus propios ciudadanos.
Entre 2006 y 2015, bajo la reorganización impulsada por Raúl Castro, el conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial (GAESA) comenzó a controlar los sectores generadores de divisas: turismo, comercio exterior, banca, remesas y zonas especiales de desarrollo. Hacia mediados de la década de 2010 el grupo dominaba aproximadamente 40% de la economía cubana, operaba sin auditoría pública ni control institucional efectivo.
La expansión turística ilustra la racionalidad del sistema. Mientras el país enfrentaba deterioro energético y alimentario, el Estado destinó 37.4% de toda la inversión nacional a hoteles, frente a apenas 2.7% para agricultura. La empresa militar Gaviota creció hasta superar las 44,000 habitaciones hoteleras y se convirtió en la principal captadora de divisas. El turismo, presentado como vía para financiar bienestar social, terminó financiando la autonomía económica del aparato militar.
El acuerdo energético con Venezuela revela con claridad la lógica extractiva de la elite cubana. Entre finales de 2024 y 2025 Cuba recibió alrededor de 70,000 barriles diarios de petróleo, valorados hasta en 1,300 millones de dólares anuales. Oficialmente el suministro debía sostener el consumo interno. Sin embargo, aproximadamente 40,000 barriles diarios —cerca del 60%— fueron revendidos en el mercado internacional, incluso mientras la isla sufría apagones prolongados y crisis eléctrica generalizada. En algunas regiones los cortes alcanzaban 32 horas consecutivas y más del 60% del país quedaba sin electricidad en horarios pico. La renta geopolítica sustituyó a la administración económica: el recurso destinado a la población se convirtió en ingreso financiero para la élite.
El mismo patrón aparece en la exportación de servicios médicos internacionales. Durante décadas presentadas como internacionalismo solidario, las misiones médicas evolucionaron hacia el principal negocio externo del régimen. Gobiernos extranjeros pagan salarios completos al Estado cubano, mientras los profesionales reciben solo una fracción del ingreso.
Este sistema implica restricciones severas a los trabajadores: vigilancia, retención parcial de salarios, limitaciones de movilidad y sanciones si abandonan la misión. Diversos análisis lo consideran una forma de trabajo coercitivo institucionalizado, ya que los médicos no negocian directamente sus contratos ni reciben la remuneración íntegra.
El resultado social es paradójico. Mientras miles de médicos son enviados al extranjero para generar divisas, el sistema sanitario interno enfrenta escasez extrema: solo 3% de la población logra acceder regularmente a medicamentos necesarios, y amplias zonas carecen de personal médico suficiente.
El cuerpo profesional se convierte en objeto sacrificial económico: ciudadanos transformados en recurso exportable para sostener el aparato estatal.
La lógica extractiva alcanza un punto aún más radical en el fenómeno reciente del reclutamiento de ciudadanos cubanos para conflictos internacionales, particularmente vinculado a la guerra en Ucrania. Se ha documentado la existencia de redes de contratación que ofrecen salarios y promesas migratorias a jóvenes cubanos afectados por la crisis económica, muchos de los cuales terminan integrados en estructuras militares extranjeras bajo condiciones opacas y coercitivas.
Este fenómeno introduce una dimensión nueva: el paso del internacionalismo ideológico al mercenarismo económico. La precariedad interna empuja a ciudadanos a convertirse en combatientes externos, mientras el Estado obtiene beneficios políticos o económicos derivados de esas relaciones.
Desde el punto de vista de derechos humanos, esto implica múltiples violaciones potenciales: explotación de vulnerabilidad económica, falta de consentimiento plenamente informado, restricciones legales para abandonar el país y utilización de la pobreza como mecanismo de reclutamiento.
El mecanismo es claro: cuando el sistema ya no puede sacrificar enemigos internos visibles, transforma a sus propios ciudadanos en instrumentos sacrificables en conflictos ajenos.
Mientras estos mecanismos operan, la distancia entre élite y sociedad se amplía. Documentos financieros revelan que GAESA acumuló hasta 18 mil millones de dólares en activos líquidos, con 14.5 mil millones depositados en cuentas opacas.
Al mismo tiempo, el salario medio estatal equivale a 14 dólares mensuales, la moneda se devaluó de 20 pesos por dólar en 2019 a cerca de 450 en 2025, y la economía acumuló una contracción cercana al 11% desde 2019 . Cerca de 89% de las familias vive en pobreza extrema y 70% omite al menos una comida diaria.
El deterioro económico se acompaña de control político intensificado. En 2024 al menos 109 personas fueron detenidas por protestas, con condenas que alcanzan 15 años de prisión, además de vigilancia digital y hostigamiento sistemático contra periodistas y activistas. Sin embargo, la característica distintiva del caso cubano no es la violencia espectacular sino el desgaste social prolongado.
Desde 2020 aproximadamente una cuarta parte de la población ha emigrado, uno de los mayores éxodos contemporáneos sin guerra abierta. La emigración funciona como válvula sistémica: reduce presión interna y genera remesas que sostienen la economía. El sacrificio ya no ocurre en plazas públicas ni cárceles masivas; ocurre en aeropuertos y rutas migratorias.
Cuba muestra la mutación final de un régimen revolucionario en corporación política extractiva. El Estado paralelo de “Castro, Inc.” preserva estabilidad mediante renta geopolítica, reventa de petróleo, exportación de profesionales y formas contemporáneas de mercenarismo económico.
El katéchon revolucionario continúa conteniendo el colapso, pero a un costo creciente: la sociedad es empobrecida, exportada o expulsada para sostener la permanencia del poder. El sistema ha encontrado una forma particularmente estable del sacrificio moderno: no destruir abiertamente a la víctima, sino convertirla en recurso económico mientras el país, lentamente, deja de existir como comunidad viva.
Uno de los fenómenos más llamativos del sistema cubano contemporáneo es que la revolución que proclamó abolir la lógica capitalista terminó reconstruyendo una de las concentraciones económicas más cerradas del hemisferio occidental. Esta transformación no tomó la forma clásica de privatización, sino la creación de un Estado-empresa militarizado, opaco y vertical, que administra la economía nacional como una corporación estratégica. Este proceso dio origen a lo que puede describirse como Castro Inc.: un régimen donde la legitimidad revolucionaria convive con una gestión empresarial centralizada bajo control de las Fuerzas Armadas.
La mutación comienza tras el colapso soviético. Entre 1990 y 1993 el PIB cubano cayó 36 %, las importaciones se redujeron más del 70 %, y el suministro de petróleo descendió de cerca de 13 millones de toneladas anuales a menos de 4 millones. El régimen perdió subsidios estimados en 6 000 millones de dólares anuales, equivalentes a más del 20 % del PIB de la época. La crisis fue económica y mimética de legitimidad. Sin el antagonismo estructurante de la Guerra Fría, el sistema necesitaba reinventar un mecanismo de supervivencia.
Durante los años noventa y especialmente bajo Raúl Castro, se consolidó GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.), conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Para mediados de la década de 2010 GAESA controlaba entre 50 % y 70 % de las divisas que ingresaban al país. Bajo su órbita quedaron: más del 80 % del sector turístico, cerca del 90 % de las operaciones portuarias, la zona especial del Mariel, cadenas comerciales en divisas, remesas familiares canalizadas por FINCIMEX, aeropuertos, marinas, transporte y logística.
Se estiman reservas financieras cercanas a 18 000 millones de dólares administradas por estructuras vinculadas al conglomerado militar, cifra superior a las reservas internacionales de varios países centroamericanos, mientras el salario estatal promedio en Cuba ronda apenas 20 los dólares mensuales.
Desde la lectura girardiana esta estructura cumple una función precisa: absorber la rivalidad social. En lugar de una oligarquía visible —que generaría antagonismo directo— la riqueza queda concentrada en una institución sacralizada: el ejército revolucionario. No hay burguesía identificable contra la cual dirigir resentimiento; la acumulación aparece como patrimonio nacional.
La economía cubana se divide entonces en dos mundos casi incomunicados. Por un lado, una economía en moneda nacional caracterizada por escasez crónica, apagones eléctricos que en 2024-2025 alcanzaron cortes diarios de 8 a 12 horas en varias provincias y un poder adquisitivo reducido en más del 70 % desde 2018. Por otro, enclaves dolarizados —hoteles, tiendas MLC, infraestructura turística— administrados por GAESA y orientados a captar divisas extranjeras.
El turismo ilustra esta lógica sacrificial. Entre 2010 y 2019 el régimen invirtió miles de millones de dólares en hoteles mientras la producción agrícola nacional caía. Incluso durante la crisis económica posterior a la pandemia, el Estado destinó alrededor del 35 % de la inversión pública total al turismo, pese a la caída de visitantes desde más de 4.7 millones en 2017 a menos de 2 millones en 2023-2024. La prioridad no era alimentar a la población sino preservar la fuente de divisas controlada por el aparato militar.
Aquí emerge el Estado-empresa sacrificial. El sistema exige privaciones permanentes como condición de estabilidad política. La pobreza deja de interpretarse como fracaso administrativo y se convierte en prueba moral colectiva frente al enemigo externo. El sacrificio cotidiano sustituye al crecimiento económico como principio legitimador.
Este modelo genera el doble monstruoso girardiano. El régimen denuncia el capitalismo mientras reproduce sus formas más concentradas: monopolio, control laboral y acumulación cerrada. Capitalismo y anti-capitalismo se vuelven indistinguibles. La revolución combate simbólicamente aquello que materialmente encarna.
La militarización económica cumple además una función de contención política. Al fusionar riqueza y fuerza coercitiva, el sistema elimina la posibilidad de fractura interna entre élites económicas y aparato represivo. Quien controla las armas controla también el acceso a divisas. En términos del katéchon, GAESA actúa como barrera institucional contra el colapso estatal.
Sin embargo, esta estabilidad depende estructuralmente del exterior. Tras la desaparición soviética, Cuba sobrevivió gracias al petróleo venezolano, que llegó a alcanzar hasta 100 000 barriles diarios durante el auge chavista. Cuando ese flujo comenzó a caer después de 2014 —reduciéndose a menos de 40 000 barriles diarios en varios periodos— reaparecieron apagones, escasez y contracción económica, mostrando que el Estado-empresa no había resuelto la crisis productiva, solo la había administrado.
El sistema posterga la violencia social redistribuyendo continuamente el sacrificio: salarios mínimos, migración masiva —más de 500 000 cubanos salieron del país entre 2021 y 2024— y deterioro material generalizado sostienen el equilibrio político mientras la élite militar conserva recursos estratégicos.
La paradoja final es profundamente reveladora. La revolución sobrevive precisamente porque se transforma en una corporación estatal altamente concentrada. Pero al permanecer envuelta en lenguaje épico y antiimperialista, esa transformación aparece como necesidad histórica y no como contradicción.
Castro Inc. no es simplemente corrupción ni desviación ideológica. Es la forma contemporánea del mecanismo sacrificial estatal: un sistema que mantiene cohesión social administrando escasez, ocultando acumulación y desplazando la rivalidad hacia enemigos externos. Su estabilidad no nace de la prosperidad, sino de la capacidad de convertir la precariedad en fundamento moral del poder[10].
El internacionalismo cubano suele presentarse como una política exterior excepcional: una revolución pobre que, en nombre del humanitarismo, exporta médicos, maestros y solidaridad. Sin embargo, observado más de cerca este fenómeno revela algo más profundo. No se trata simplemente de cooperación internacional ni únicamente de propaganda ideológica, sino de un mecanismo estructural mediante el cual un Estado económicamente débil transforma el sacrificio humano, la rivalidad geopolítica y la necesidad económica en una forma singular de proyección de poder. El internacionalismo cubano funciona así como un dispositivo sacrificial moderno que convierte la escasez interna en influencia externa.
Desde los años sesenta, Cuba desarrolló misiones internacionales que comenzaron con envíos médicos a Chile en 1960 y Argelia en 1963, expandiéndose posteriormente hacia África, América Latina y Asia. Con el tiempo, estas misiones se transformaron en el eje económico del régimen. Para 2018, la exportación de servicios médicos generaba alrededor de 6.3 mil millones de dólares anuales, convirtiéndose en la principal fuente de divisas del país y representando cerca del 46 % de sus exportaciones. En 2025, las brigadas médicas seguían aportando alrededor de 7 mil millones de dólares, con unos 24 000 profesionales desplegados en 56 países, más de la mitad en Venezuela.
Este sistema no es solo una economía exterior. Opera mediante una transformación simbólica del sacrificio. El médico internacionalista aparece simultáneamente como héroe altruista y recurso económico estatal. El discurso oficial insiste en el don humanitario, pero el funcionamiento real introduce cálculo económico, disciplina política y control laboral. La diferencia entre ayuda y exportación lucrativa desaparece: el don se vuelve intercambio. Esta indiferenciación permite que el sistema funcione sin reconocer explícitamente su dimensión sacrificial.
El internacionalismo cubano cumple así varias funciones simultáneas. Primero, genera divisas en ausencia de una economía productiva competitiva. Segundo, construye prestigio moral internacional, compensando la debilidad económica y militar. Tercero, crea redes diplomáticas y políticas que amplían la supervivencia del régimen. En términos miméticos, Cuba compite por reconocimiento moral, desplazando la rivalidad hacia el terreno simbólico del humanitarismo.
Este modelo se extendió más allá de la medicina. Incluyó cooperación educativa, asesoría militar, inteligencia, entrenamiento deportivo y diplomacia cultural. Cada sector reproduce la misma lógica: convertir capital humano estatal en instrumento geopolítico. El internacionalismo no es entonces un complemento del sistema cubano; es su sustituto económico estructural. La isla exporta presencia política porque no puede exportar producción industrial.
Cuanto más débil económicamente se vuelve el Estado, más necesita expandirse internacionalmente para sostener su legitimidad interna. El exterior funciona como espacio donde se reconstituye simbólicamente la revolución que ya no puede sostenerse materialmente dentro del país.
El caso venezolano representa el punto culminante de este proceso. A partir de la llegada de Hugo Chávez al poder y la firma del acuerdo bilateral de 2004 dentro del ALBA, la relación dejó de ser cooperación para convertirse en una simbiosis estructural. Venezuela comenzó a enviar hasta 96 000 barriles diarios de petróleo subsidiado a Cuba, mientras La Habana desplegaba decenas de miles de médicos, técnicos y asesores estatales. En algunos periodos el intercambio alcanzó cerca de 100 000 barriles diarios, equivalentes a miles de millones de dólares anuales.
No se trató simplemente de un intercambio económico (“petróleo por médicos”), sino de una transferencia mimética de modelo político. Venezuela imitó el sistema cubano de control social, inteligencia y movilización política, mientras Cuba encontró en la renta petrolera venezolana el sustituto del subsidio soviético perdido en 1991.
Fue una penetración institucional profunda: asesoría en inteligencia, seguridad presidencial y reorganización estatal, con miles de colaboradores cubanos operando dentro del aparato venezolano . Era una relación de mediación externa: Venezuela desea el modelo revolucionario que Cuba encarna, mientras Cuba depende materialmente del imitador para sobrevivir.
La paradoja mimética emerge rápidamente. El imitador posee mayores recursos materiales —el petróleo venezolano— pero menor prestigio revolucionario. El modelo original, aunque pobre, conserva cohesión ideológica y experiencia de control político. El resultado es una relación asimétrica donde el país más pequeño ejerce influencia estructural sobre el más rico.
Esta dinámica adopta rasgos de cuasi colonización indirecta. No hay ocupación territorial ni administración formal, pero sí transferencia de técnicas de control, dependencia energética inversa y subordinación estratégica. Venezuela financia la supervivencia económica cubana mientras adopta su arquitectura política. En términos girardianos, el sacrificio se desplaza: el pueblo venezolano soporta el costo económico mientras el sistema reproduce estabilidad en ambos regímenes.
El mecanismo sacrificial se vuelve doble. Al interior, la crisis venezolana produce pobreza masiva y migración; al exterior, el enemigo imperial —Estados Unidos— sirve como explicación total del deterioro. Así, la rivalidad externa evita que la violencia social se dirija contra el sistema político mismo.
El internacionalismo cubano puede describirse entonces como una forma de “imperialismo sin imperio” o un “imperialismo enano”. Carece de capital, ejército expansivo o poder financiero, pero logra proyección internacional mediante capital simbólico y control organizativo.
Cuando una sociedad pierde capacidad productiva, busca legitimidad en el reconocimiento moral externo. El internacionalismo funciona como ritual permanente que reafirma la identidad revolucionaria. Cada misión médica, cada brigada, cada alianza política reproduce la narrativa de una revolución necesaria para el mundo, aun cuando su propia población experimente miseria.
Así, el internacionalismo cubano es un sistema que transforma la precariedad en influencia, el sacrificio en legitimidad y la rivalidad geopolítica en fuente de supervivencia.
La tragedia final es profundamente girardiana: cuanto más éxito tiene el modelo fuera de sus fronteras, más evidente se vuelve su incapacidad para prosperar dentro de ellas. Y cuanto más necesita expandirse para sobrevivir, más depende de nuevas víctimas económicas —como ocurrió con Venezuela— para sostener el equilibrio del sistema.
El poder internacional de Cuba constituye una anomalía histórica. Carece de capacidad militar proyectiva, capital financiero global o peso económico significativo —su PIB representa menos del 0.1 % de la economía mundial— y, sin embargo, ha mantenido durante décadas una presencia diplomática, médica e ideológica desproporcionada respecto a sus recursos materiales. Coma ya mencioné, este fenómeno puede describirse como un “imperialismo enano”: una forma de expansión que no conquista territorios ni mercados, sino que se sostiene mediante la exportación organizada de cuerpos, símbolos y narrativas.
Desde una lectura girardiana, este modelo no puede comprenderse como simple política exterior. Es un sistema de gestión sacrificial que transforma la escasez interna en influencia externa. El internacionalismo cubano funciona porque produce víctimas visibles que legitiman moralmente al régimen y, simultáneamente, construye redes simbólicas que amplifican su prestigio internacional.
El núcleo del sistema son las misiones profesionales en el extranjero, especialmente las médicas. Desde los años sesenta hasta la actualidad, Cuba ha enviado más de 400 000 trabajadores sanitarios a más de 150 países, convirtiendo la exportación de servicios en su principal fuente de divisas durante el siglo XXI.
Sin embargo, el funcionamiento económico introduce una estructura sacrificial. Los países receptores pagan al Estado cubano, no al profesional. Diversos informes internacionales y denuncias ante organismos de derechos humanos han señalado que el gobierno retiene entre 75 % y 95 % del salario abonado, mientras los trabajadores reciben una fracción limitada del ingreso generado. El médico aparece así simultáneamente como héroe humanitario y recurso fiscal.
El sistema necesita presentar al profesional como símbolo moral universal mientras lo somete a disciplina extrema. La misión no es completamente voluntaria: rechazarla puede implicar sanciones laborales, bloqueo profesional o marginación. Pasaportes retenidos, vigilancia política interna y restricciones de movimiento han sido documentadas por testimonios recogidos en investigaciones independientes .
La dimensión más profundamente sacrificial aparece en el papel de las familias. Muchos profesionales cumplen misiones de dos o tres años mientras sus hijos y cónyuges permanecen en Cuba. La separación funciona como mecanismo de control indirecto. La familia se convierte en rehén que garantiza la obediencia del enviado. El sacrificio no recae solo en el trabajador, sino en el núcleo familiar completo, ampliando el alcance del mecanismo sacrificial.
El Estado que proclama solidaridad internacional sostiene parte de su economía mediante la exportación controlada de su propia población profesional. El cuerpo humano reemplaza al producto industrial como mercancía estratégica.
El imperialismo enano no se limita a la economía. Su segunda dimensión es la expansión simbólica mediante una diplomacia extraordinariamente extensa. Cuba mantiene una red diplomática que supera ampliamente lo esperable para su tamaño económico, con embajadas, consulados y misiones culturales en decenas de países. Esta presencia cumple funciones más amplias que la representación estatal clásica: organiza redes de solidaridad, intercambios académicos, eventos culturales y vínculos políticos de largo plazo.
Aquí emerge otra lógica girardiana: la competencia por prestigio moral. Incapaz de competir materialmente con grandes potencias, Cuba compite en el terreno simbólico del reconocimiento ético. La revolución se presenta como víctima histórica del imperialismo y, al mismo tiempo, como defensora universal de los pueblos del Sur global. Esta doble posición —víctima y redentora— genera una poderosa atracción mimética.
Las agencias de inteligencia cubanas han logrado convertir algunasLas universidades en América Latina y Estados Unidos en espacios de propaganda cubana disfrazada de humanitarismo y conocimiento académico. Investigaciones y testimonios recogidos por María Werlau describen estrategias de largo plazo orientadas al mundo académico, incluyendo intercambios, becas, congresos y redes intelectuales. Casos documentados de penetración en círculos académicos estadounidenses —incluyendo instituciones asociadas a la Ivy League— muestran cómo la narrativa revolucionaria encontró receptividad en ambientes universitarios marcados por crítica al imperialismo y búsqueda de modelos alternativos.
El fenómeno no depende necesariamente de espionaje directo. La mayoría de los casos funciona mediante mimetismo intelectual. Profesores, estudiantes e investigadores adoptan narrativas que presentan a Cuba como experimento moral excepcional, reproduciendo simbólicamente la legitimidad del régimen. En América Latina, universidades públicas y redes culturales desempeñan un papel similar, ahí prestigio revolucionario opera como capital simbólico capaz de sobrevivir incluso al deterioro económico visible de la isla.
Las comunidades intelectuales modernas buscan causas moralmente significativas que otorguen identidad colectiva. Cuba ofrece una narrativa clara: resistencia heroica frente a un enemigo poderoso. La identificación con la víctima genera cohesión simbólica y reduce la disposición a cuestionar las contradicciones internas del sistema.
El imperialismo enano combina dos movimientos complementarios. Por un lado, exporta sacrificio humano —médicos, técnicos y profesionales— cuya entrega sostiene económicamente al Estado. Por otro, exporta significado moral mediante redes diplomáticas e intelectuales que amplifican su prestigio global. El poder no se ejerce mediante coerción territorial, sino mediante la organización del reconocimiento.
El sistema necesita producir víctimas para sostener su legitimidad, pero no puede reconocerlas como tales. El médico debe aparecer como héroe voluntario, no como trabajador sacrificado; la influencia académica debe parecer admiración espontánea, no estrategia política. El éxito del imperialismo enano depende precisamente de esta invisibilidad del sacrificio.
Cuba no domina mediante riqueza ni fuerza militar. Domina narrativamente, transformando precariedad en virtud y sacrificio en diplomacia. Su expansión no construye imperios territoriales, sino comunidades simbólicas que reproducen la revolución fuera de sus fronteras incluso cuando su base material interna se erosiona[11].
El exilio cubano constituye uno de los fenómenos políticos más duraderos del mundo contemporáneo. No fue una simple diáspora migratoria ni una comunidad desplazada por razones económicas, sino una formación histórica donde identidad, memoria y conflicto permanecen inseparables. El exilio revela una transformación profunda del conflicto político moderno: la rivalidad ya no necesita territorio para sobrevivir. La distancia, lejos de debilitarla, puede intensificarla.
La Revolución cubana produjo algo más que oposición interna: produjo una comunidad definida por la expulsión. Entre 1959 y 1962, tras el triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959, aproximadamente 250 000 cubanos abandonaron la isla, principalmente miembros de clases medias urbanas, profesionales y antiguos funcionarios. La nacionalización masiva de empresas en 1960, la ruptura diplomática con Estados Unidos en 1961 y la radicalización socialista posterior a la Crisis de los Misiles de octubre de 1962 consolidaron la salida como mecanismo político estructural. El mecanismo no fue el sacrificio físico clásico, sino una variante moderna del chivo expiatorio: la exclusión política permanente. Miles de opositores reales o potenciales fueron empujados fuera del espacio nacional, estabilizando temporalmente el orden interno mediante la eliminación simbólica del rival. El conflicto no desapareció; cambió de lugar.
Al perder acceso al poder real dentro de la isla, la oposición exiliada transformó la lucha concreta en lucha moral absoluta. La política dejó de ser negociación de lo posible y se convirtió en combate por la legitimidad total.
El exilio cubano desarrolló una identidad cohesionada por la memoria de la pérdida. El exiliado no vive como inmigrante sino como sujeto suspendido entre dos mundos: integrado económicamente en Estados Unidos, pero emocionalmente orientado hacia una patria ausente. En términos miméticos, el objeto perdido —Cuba— se vuelve infinitamente deseable precisamente porque ya no puede poseerse. La distancia idealiza.
Las cifras revelan la magnitud histórica del fenómeno. Entre 1959 y 2024, más de 2.4 millones de cubanos emigraron hacia Estados Unidos, equivalente a cerca del 20 % de la población total de la isla. Episodios críticos marcaron esta expansión: el puente aéreo de Camarioca (1965) y los Vuelos de la Libertad (1965-1973) trasladaron a unos 300 000 emigrados; el éxodo del Mariel en 1980 añadió aproximadamente 125 000 personas en pocos meses; la crisis de los balseros de 1994 produjo más de 35 000 salidas marítimas en un solo verano; y la nueva ola migratoria posterior a la pandemia y al colapso económico llevó a que solo entre 2021 y 2023 más de 500 000 cubanos ingresaran a Estados Unidos, la mayor migración en la historia nacional.
De esta condición surge una dinámica interna característica: la competencia por la autenticidad política. Dentro del exilio, distintos actores rivalizan por representar la verdadera Cuba futura. La rivalidad deja de dirigirse únicamente contra el régimen y comienza a reproducirse entre semejantes. La distancia elimina los costos inmediatos del discurso y favorece posiciones más duras, incrementa el apoyo a presiones externas mientras disminuye la atención a problemas cotidianos internos. La libertad política absoluta se combina con una creciente abstracción del conflicto.
El caso cubano introduce un elemento singular: el exilio no permaneció únicamente como comunidad nostálgica, sino que logró convertirse en actor político real dentro de Estados Unidos. Desde los años setenta y especialmente durante los ochenta, los cubano-americanos desarrollaron una capacidad de organización electoral excepcional. La creación de la Cuban American National Foundation (1981) marcó un punto de inflexión. Para 1990, el sur de Florida concentraba ya más de 700 000 votantes de origen cubano, y hoy el número supera los 1.3 millones. En elecciones presidenciales altamente competidas —como 2000, decidida en Florida por apenas 537 votos— este bloque electoral adquirió peso estratégico decisivo.
Este proceso representa una mutación del conflicto: el rival ya no es enfrentado directamente, sino a través de un tercero poderoso. Estados Unidos se convierte en mediador. La oposición exiliada intenta alcanzar aquello que no puede obtener en Cuba mediante la intervención indirecta del poder norteamericano. El embargo económico impuesto en 1962, reforzado por la Ley Torricelli (1992) y la Ley Helms-Burton (1996), no puede comprenderse plenamente sin esta mediación política. El antagonismo cubano se trasladó parcialmente al sistema político estadounidense, donde la rivalidad adquirió nueva energía simbólica. Miami dejó de ser refugio y se convirtió en plataforma geopolítica.
El éxito político del exilio depende, en parte, de la persistencia del conflicto con el régimen cubano; en América triunfa parcialmente en su condición de víctima, y para serlo debe persistir la dictadura en la isla. La identidad colectiva se organiza alrededor de una causa permanente. El enemigo exterior cumple una función estructural de cohesión interna.
La influencia política del exilio fortalece un titanismo opositor: la tendencia a formular objetivos absolutos —caída total del régimen, justicia histórica— difíciles de reconciliar con procesos graduales. La política se moraliza. Al mismo tiempo surge el riesgo de indiferencia mimética: la lucha simbólica internacional puede eclipsar el sufrimiento cotidiano dentro de la isla. Mientras se debaten sanciones y legitimidad geopolítica, la economía cubana experimentó una contracción acumulada cercana al 35 % del PIB entre 2019 y 2023, con inflación superior al 70 % anual en 2022 y apagones eléctricos de hasta 10-12 horas diarias en varias provincias durante 2024-2025.
El exilio se sostiene además por una temporalidad particular: la espera del regreso. El retorno funciona como mito organizador. No necesita cumplirse; basta con permanecer como posibilidad. Incluso cuando generaciones nacidas en Estados Unidos —que ya constituyen más del 40 % de los cubano-americanos menores de 40 años— nunca han vivido en Cuba, la memoria heredada continúa estructurando identidad política.
Desde la perspectiva girardiana, revolución y exilio se definieron mutuamente. El régimen necesitó un enemigo permanente para estabilizar su legitimidad; el exilio necesitó la persistencia del régimen para preservar su razón histórica. Durante décadas, la narrativa oficial cubana atribuyó al embargo pérdidas acumuladas superiores a 150 000 millones de dólares (cálculo oficial presentado ante la ONU en 2023), mientras el gobierno utilizaba esa presión externa como explicación estructural del fracaso económico.
Pero el mecanismo sacrificial nunca fue unilateral. El exilio también se constituyó miméticamente frente a la Revolución. Durante décadas, muchos vivieron bajo la expectativa del retorno inminente, como si el tiempo histórico hubiera quedado suspendido en 1959. La identidad política dependía de la permanencia del adversario: sin Castro —fallecido en noviembre de 2016— el sentido simbólico de la espera comenzó gradualmente a transformarse.
El tiempo introdujo una mutación decisiva. Las nuevas generaciones priorizan vínculos económicos sobre antagonismos ideológicos. Las remesas enviadas desde el exterior alcanzaron entre 3 000 y 4 000 millones de dólares anuales antes de las restricciones financieras de 2020, convirtiéndose en una de las principales fuentes de divisas del país. Así, el exilio terminó desempeñando un papel ambiguo: mientras denunciaba el fracaso del sistema, contribuía involuntariamente a amortiguar sus efectos sociales.
La Revolución prometió redención histórica y produjo diáspora; el exilio prometió restauración y produjo adaptación. Ambos proyectos quedaron atrapados en una rivalidad cuyo objeto —la Cuba ideal— nunca existió plenamente. Se desea no un objeto real, sino el reconocimiento absoluto que el rival parece poseer.
Después de más de sesenta y cinco años de confrontación, el conflicto perdió parte de su energía mítica. El exilio conserva la memoria del sacrificio; la isla conserva la inercia del poder; pero ninguno posee ya la intensidad simbólica de la Guerra Fría. Cuando el deseo que sostenía la rivalidad se debilita, lo que emerge no es la victoria de uno sobre otro, sino algo más silencioso: el agotamiento del mito político que organizó durante décadas la historia cubana[12].
Entre 2014 y 2023 Venezuela produjo el mayor desplazamiento humano contemporáneo del hemisferio occidental: más de cinco millones de venezolanos salieron del país, entre ellos dirigentes políticos, parlamentarios, periodistas y cuadros técnicos opositores que enfrentaban persecución judicial o amenazas directas. Este proceso no solo alteró la geografía humana regional, sino que modificó la estructura misma de la confrontación política venezolana.
El exilio funciona como una forma moderna de expulsión sacrificial. Tras las protestas de 2014, la represión posterior a las movilizaciones masivas de 2017 y, sobre todo, después del fracaso del intento de transición política de abril de 2019, numerosos líderes opositores quedaron ante la alternativa de la cárcel o la salida del país. Sin necesidad de decretar expulsiones formales, el régimen produjo un desplazamiento político efectivo. El conflicto no desapareció; simplemente fue trasladado fuera del espacio nacional.
El estudio empírico del International Crisis Group permite observar con precisión esta transformación. El análisis examinó 357 dirigentes opositores, de los cuales 94 se encontraban en el exilio, mediante el estudio de más de cinco millones de mensajes publicados en Twitter entre 2013 y 2020. Los resultados muestran que, tras emigrar, aumenta de manera significativa la retórica dura contra el régimen, crece el respaldo a sanciones internacionales y a medidas de presión externa, mientras disminuye la atención a problemas cotidianos internos como servicios públicos, apagones o escasez. Al perder capacidad de acción territorial, el actor político intensifica la competencia simbólica y moral.
El fracaso político de 2019 marca el nacimiento pleno de una oposición transnacional. A partir de ese momento la oposición deja de operar desde un único espacio y se divide entre quienes permanecen dentro de Venezuela y quienes actúan desde Colombia, España y, especialmente, Estados Unidos. Esta separación territorial genera tensiones estratégicas profundas. Las condiciones reales dentro del país obligan a los actores internos a calcular riesgos inmediatos, mientras que el exilio puede sostener posiciones maximalistas sin enfrentar costos directos. El propio informe recoge la percepción de un dirigente opositor: lo que es posible en Miami no es posible en Venezuela.
La verdadera fuerza del exilio venezolano se manifiesta fuera del país. Desde 2019, dirigentes opositores en el extranjero participaron en reuniones con autoridades estadounidenses y europeas, desarrollaron labores de cabildeo para promover sanciones internacionales y buscaron orientar estrategias de presión externa contra el régimen. Durante el periodo 2019-2022 Washington adoptó algunas de las sanciones financieras y petroleras más amplias aplicadas a un país latinoamericano en décadas, reflejando la capacidad del exilio para influir en la agenda internacional. Estados Unidos se convirtió en el tercero mediador del conflicto, el actor cuya intervención es buscada por las partes como instrumento decisivo en la rivalidad.
Las redes sociales desempeñan un papel fundamental en esta mutación del poder político. Al sustituir el territorio perdido, plataformas como Twitter permiten a los exiliados intervenir en debates internos venezolanos y amplificar su visibilidad internacional, en ocasiones con mayor alcance que dirigentes dentro del país. La política deja de depender exclusivamente del control institucional y pasa a desarrollarse como una competencia simbólica permanente ante audiencias globales.
Sin embargo, la misma dinámica que fortalece al exilio produce su límite estructural. A medida que el discurso se internacionaliza, el sufrimiento cotidiano dentro de Venezuela pierde centralidad y la confrontación adopta un lenguaje abstracto centrado en legitimidad, sanciones o intervención externa. Este proceso es una forma de indiferencia mimética: la rivalidad termina sustituyendo al objeto que originalmente justificaba la lucha. La población concreta corre el riesgo de convertirse en un tercero invisible dentro del conflicto.
La radicalización externa puede reducir los márgenes necesarios para negociaciones políticas y dificultar posibles acuerdos internos. El exilio venezolano posee influencia narrativa, diplomática y mediática significativa en Estados Unidos, pero carece de control territorial, organización política estable dentro del país y capacidad directa de movilización social interna. Su poder es real, aunque fundamentalmente simbólico.
La evolución histórica permite observar una secuencia clara: las crisis políticas y represivas entre 2014 y 2017 producen la expulsión progresiva de actores opositores; el fracaso de 2019 consolida la diáspora política; entre 2019 y 2021 se intensifica la radicalización discursiva. Desde entonces el conflicto venezolano se internacionaliza crecientemente. El exilio no enfría la rivalidad, sino que la universaliza. La oposición venezolana en Estados Unidos encarna así una figura política característica del siglo XXI: un actor con influencia global pero sin territorio, capaz de moldear narrativas internacionales mientras enfrenta enormes dificultades para transformar directamente la realidad interna que dio origen a su lucha[13].
Antes de hablar del futuro, lo más inquietante, tras casi dos meses de la intervención estadounidense, es responder a la pregunta, ¿qué ha cambiado en Venezuela?
Más que un simple cambio de liderazgo funcionó como un acto sacrificial: la expulsión de una figura capaz de concentrar sobre sí misma la violencia acumulada de una sociedad agotada tras más de una década de colapso económico, migración masiva y deterioro institucional. Lo que cambió después no fue la estructura profunda del sistema venezolano, sino el equilibrio simbólico, político y geopolítico que sostenía su funcionamiento.
El primer cambio fue político, aunque lejos del derrumbe esperado del régimen. Tras la captura, el poder fue asumido inmediatamente por la vicepresidenta Delcy Rodríguez bajo la fórmula jurídica de “ausencia temporal”, evitando elecciones inmediatas y preservando la continuidad estatal. El aparato administrativo, militar y judicial permaneció intacto. Este dato adquiere mayor relevancia si se recuerda que Venezuela había experimentado entre 2013 y 2025 una contracción acumulada del PIB cercana al 75%, una de las mayores caídas económicas en tiempos de paz registradas en el mundo contemporáneo. La eliminación del líder permitió presentar una ruptura simbólica sin necesidad de desmontar el sistema que había sobrevivido a ese colapso.
El segundo cambio observable ocurrió en materia de derechos humanos. En febrero de 2026 se aprobó una ley de amnistía que permitió la liberación o revisión judicial de aproximadamente 2,200 detenidos, incluidos numerosos presos políticos. Organizaciones independientes señalaron que aún permanecían varios centenares bajo procesos penales o restricciones políticas, lo que indica que la apertura fue parcial. Este gesto corresponde al momento posterior al sacrificio: una fase ritual de clemencia destinada a demostrar que el orden ha sido restaurado tras la expulsión del culpable principal.
También se produjo un cambio perceptible en la economía, aunque principalmente psicológico. Durante las primeras seis semanas posteriores a la captura se registró una estabilización del tipo de cambio paralelo y una reducción puntual de precios en algunos alimentos básicos. Analistas locales reportaron caídas de entre 10% y 25% en productos como carne y harina en mercados urbanos, mientras aumentaba la circulación de dólares en efectivo. Sin embargo, estas mejoras ocurrieron sobre una economía que todavía arrastra una inflación acumulada de varios millones por ciento desde 2017 y donde más del 80% de los hogares continúa en condiciones de pobreza. El alivio económico respondió más a expectativas políticas que a reformas estructurales. El sacrificio produjo confianza antes que prosperidad real.
El cambio más profundo se manifestó en el plano internacional. Antes de 2026, Venezuela funcionaba como un punto de proyección estratégica para alianzas con Cuba, Rusia, China e Irán. Tras la captura, comenzó un reacomodo gradual. Parte del personal de seguridad cubano inició su retirada y se redujo la cooperación visible en inteligencia; empresas energéticas rusas enfrentaron presiones y pérdida de contratos; mientras China adoptó una postura pragmática orientada a proteger préstamos estimados en más de 60 mil millones de dólares concedidos a Caracas desde comienzos del siglo XXI. Paralelamente, Estados Unidos intensificó cooperación antidrogas y negociaciones petroleras, intentando reinsertar a Venezuela en el circuito energético occidental. No hubo expulsiones totales, sino desplazamiento del centro de gravedad geopolítico.
El contexto social mostró la dimensión humana del cambio y, al mismo tiempo, sus límites. Para el momento de la captura, más de 7.7 millones de venezolanos habían abandonado el país, constituyendo uno de los mayores éxodos contemporáneos. Durante las semanas posteriores no se produjo un retorno masivo. La migración continuó siendo la principal estrategia de supervivencia para millones, lo que revela que el sacrificio político no modificó inmediatamente las condiciones materiales que originaron la diáspora.
El chavismo, lejos de desaparecer, mostró una notable capacidad de adaptación. El nuevo discurso oficial comenzó a separar la continuidad del proyecto político de la figura del líder capturado, desplazando sobre este último la responsabilidad histórica del desastre económico y del aislamiento internacional. Este proceso confirma una intuición central de Girard: la comunidad preserva su cohesión atribuyendo la culpa a una víctima singular. El sistema sobrevive porque logra redefinir retrospectivamente la fuente del mal.
Tras años de crisis —una economía reducida a una cuarta parte de su tamaño original, millones de migrantes y niveles históricos de pobreza— la sociedad encontró en la eliminación del líder una forma momentánea de reconciliación simbólica. Maduro fue convertido en chivo expiatorio histórico: suficientemente culpable para explicar el pasado y suficientemente ausente para permitir la continuidad del orden. La paz posterior no nació de una transformación radical, sino de una violencia canalizada que restauró provisionalmente la estabilidad. Venezuela no salió del ciclo sacrificial; simplemente logró aplazarlo mediante una nueva redistribución de la culpa colectiva[14].
Mi pronóstico para Venezuela: cada semana, como ya está sucediendo, el nuevo gobierno tendrá que sacrificar algo del chavismo: liberación de presos, aliados indeseables, destitución de funcionarios cubanos en el gobierno venezolano, salida de asesores militares y políticos cubanos del país, salida de propagandistas comunistas y un largo etcétera.
Todos estos cambios discretos, estos pequeños sacrificios, tendrán un efecto acumulativo. Como después de un tiempo se verá que el poder estadounidense avance lento, pero con gran voluntad, comenzarán las defecciones, las traiciones, los chantajes en la propia elite venezolana. Para sobrevivir, comenzarán a entregarse unos a otros. La oposición se verá fortalecida en el proceso y comenzará a verse como un grupo viable, sino para tomar el poder por completo, al menos si para tener su parte del pastel. Lo cual producirá un nuevo equilibrio de poder, con contrapesos. Y entonces, solo entonces, comenzará la democratización[15].
Nora Gámez Torres nos regala una postal macabra. Cuba actual como como un país atrapado en una crisis material profunda que ya no puede describirse solo en términos económicos, sino como un deterioro general de la vida cotidiana. La escasez atraviesa todos los niveles: ataúdes de cartón sustituyen a los tradicionales por falta de madera y combustible, los cadáveres deben transportarse en carretillas y barrios enteros conviven con basura acumulada durante meses. En muchas ciudades la gente cocina en las calles con leña o carbón ante la falta prolongada de gas y electricidad, mientras los apagones pueden superar las veinte horas diarias, paralizando transporte, comercio y servicios básicos. La imagen que emerge no es la de una crisis pasajera, sino la de un sistema logístico y urbano que ha comenzado a dejar de funcionar.
El colapso energético ha arrastrado especialmente al sistema sanitario, uno de los pilares históricos del régimen. Hospitales sin electricidad suficiente han debido cancelar cirugías a escala nacional, reducir camas y operar con personal mínimo, mientras la falta de combustible dificulta el traslado de pacientes y suministros médicos. La inflación extrema agrava el cuadro: productos básicos alcanzan precios equivalentes a un salario mensual y el transporte público prácticamente se detiene, aislando regiones enteras. El resultado es una sensación extendida de precariedad permanente, donde el Estado prioriza la supervivencia institucional mientras la infraestructura social se deteriora aceleradamente.
A este panorama se suma un riesgo creciente de epidemias, consecuencia directa de la acumulación de basura, la quema de desechos en zonas urbanas, la escasez de agua potable y el debilitamiento del sistema de salud preventiva. Las condiciones de insalubridad favorecen la propagación de enfermedades infecciosas y respiratorias, mientras la falta de medicamentos y de capacidad hospitalaria limita la respuesta sanitaria. Así, la crisis deja de ser solo económica o energética y adquiere un carácter biopolítico: el deterioro de los servicios básicos comienza a traducirse en amenazas directas a la salud pública, reforzando la percepción de que el país atraviesa la peor emergencia social.
Mi pronóstico para Cuba. La presión ejercida por Donald Trump y Marco Rubio se convierte en el factor central de reorganización del sistema, pero sin producir una democratización abrupta. La lógica de este escenario no sería la caída inmediata del régimen, sino una transición controlada en la que la presión externa obliga a cambios económicos y humanitarios progresivos mientras el poder político permanece esencialmente intacto. Lejos de reproducir el modelo de ruptura de Europa del Este, se trataría de una transformación pragmática diseñada para evitar el colapso estatal y la inestabilidad regional.
Estados Unidos comienza a entender que un derrumbe rápido del régimen cubano podría desencadenar consecuencias difíciles de manejar: migración masiva, crisis humanitaria profunda y posible fragmentación institucional. Por ello, la presión energética y financiera no buscaría provocar una implosión, sino crear una situación en la que La Habana necesite negociar para garantizar su propia supervivencia. La extrema vulnerabilidad energética descrita en el dossier —apagones prolongados, paralización del transporte, suspensión de cirugías y deterioro de servicios básicos— convierte al suministro de combustible y al acceso a divisas en instrumentos decisivos de negociación. En este contexto, Washington podría modular alivios parciales a cambio de reformas verificables, estableciendo una dinámica de presión constante.
El resultado sería una apertura económica gradual. Cuba ya ha iniciado, aunque de manera contradictoria, un proceso limitado de legalización del sector privado; sin embargo, ese sector permanece atrapado entre restricciones regulatorias, distorsiones monetarias y competencia del conglomerado estatal-militar. Bajo presión externa sostenida, el gobierno podría ampliar el espacio económico privado sin renunciar al control político, permitiendo importaciones, mecanismos financieros más estables y cierta seguridad contractual. La economía comenzaría entonces a desplazarse desde la mera supervivencia hacia la acumulación, generando por primera vez en décadas condiciones para la aparición de una clase media emergente vinculada a servicios, turismo, pequeñas empresas y actividades profesionales.
En este escenario, los derechos humanos avanzarían también de forma gradual y negociada. No habría una liberalización política inmediata ni elecciones competitivas en el corto plazo, pero sí una reducción progresiva del costo represivo del sistema. Liberaciones selectivas, disminución de persecuciones por delitos de expresión y mayor tolerancia social funcionarían como gestos necesarios para sostener los acuerdos con Washington y legitimar el alivio económico internacional. La mejora material de la vida cotidiana —electricidad más estable, abastecimiento regular, reactivación sanitaria— sería el principal factor de pacificación social, más que una apertura ideológica repentina.
Un elemento decisivo sería el papel del exilio cubano. Durante décadas, las remesas han funcionado como un mecanismo de subsistencia; en este nuevo escenario pasarían a convertirse en inversión productiva. Para que ello ocurra, Estados Unidos debería ofrecer garantías políticas y jurídicas que reduzcan el temor histórico a expropiaciones. Mediante acuerdos bilaterales de protección de inversiones y mecanismos de arbitraje internacional, el capital de la diáspora podría regresar en forma de pequeñas y medianas empresas, proyectos turísticos, reconstrucción urbana y servicios. El exilio dejaría de ser únicamente oposición política externa para convertirse en actor económico central de la transformación interna.
Lo decisivo es que este camino también resulta racional para la élite cubana. Pues el sistema ya no dispone de patrocinadores externos sólidos y enfrenta un deterioro material creciente. Continuar una resistencia cerrada implicaría administrar indefinidamente una economía en colapso, con servicios públicos degradados y emigración constante que erosiona la base laboral y la legitimidad estatal. La alternativa sería aceptar reformas económicas limitadas que permitan recuperar energía, divisas y gobernabilidad cotidiana sin perder el monopolio político inmediato. Desde la perspectiva del poder, una apertura controlada ofrece algo fundamental: conservar la capacidad de dirigir el ritmo del cambio y evitar una transición caótica que podría escapar a su control.
Así, la presión de Trump y Rubio no conduciría necesariamente a una revolución democrática, sino a un equilibrio nuevo. Estados Unidos obtendría estabilidad regional y reducción de flujos migratorios; la élite cubana preservaría el poder mientras reconstruye la economía; y la sociedad comenzaría a experimentar mejoras materiales que permitirían el surgimiento gradual de una clase media. El cambio no sería espectacular ni ideológico, sino acumulativo. Cuba no abandonaría de inmediato su sistema político, pero empezaría a transformarlo desde dentro, no por conversión doctrinal, sino por necesidad histórica[16].
Ciudad de México, 24 de febrero de 2026.
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