La primera frase de la Constitución es inequívoca: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección…”. Que tal goce es desigual y limitado, que el cumplimiento es parcial, y que las autoridades no garantizan los derechos, como lo establece el artículo 1º constitucional, es algo conocido, aunque no siempre con la información suficiente.
Escribe Enrique Provencio
La reciente actualización del Sistema de Información de Derechos Sociales (SIDS)[1], que ahora está a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y del que antes se ocupaba el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), permite conocer más sobre una muestra de los derechos asociados a la medición de la pobreza multidimensional. Cubre el periodo 2016 a 2024, en cortes cada dos años, para educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación, con algunos indicadores de acceso. También incluye indicadores sobre brechas de desigualdad.
La apreciación sobre el cumplimiento de los derecho es una tarea delicada. El CONEVAL formuló un documento metodológico[2] y en 2020 difundió la primera versión del SIDS. El subtítulo de este documento es significativa: “Hacia una medición del estado del desarrollo“, y lo es porque el grado en el que cumplamos con los derechos establecidos, en acceso, disponibilidad, accesibilidad y calidad, será el grado de nuestro desarrollo económico y social. El panorama que ahora brinda el SIDS con su actualización, refleja un panorama heterogéneo del cambio de 2016 a 2024, con algunos derechos avanzando, y otros estancados o retrocediendo, con marcadas diferencias por estados y regiones. Por ahora me referiré a la educación, solo con anotaciones descriptivas a partir de los indicadores.
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1) El indicador agregado del derecho a la educación, que es el de población sin rezago educativo, parecería dar un resultado de estancamiento, pero en realidad nos coloca frente a un retroceso en el periodo que cubre la serie. En esos ocho años no logramos reducir la carencia en acceso a la educación, que en el promedio nacional pasó de 18.5 a 18.6 por ciento de 2016 a 2024 (ver gráfica). Hubo una ligera mejora a partir de 2022, y por ahora no se sabe si ese cambio se está sosteniendo. Para un país con recursos como el nuestro, con la experiencia de un siglo en el tema, resulta ominoso que en casi una década no hayamos conseguido una mejora y un cambio significativo en la superación del rezago educativo. Por eso se trata de un retroceso: hemos perdido mucho tiempo sin avances en este indicador general, aunque pudimos haber conseguido mejoras.
2) Más allá del estancamiento numérico del rezago educativo como promedio nacional, el hecho es que hubo un comportamiento muy heterogéneo. En 8 estados aumentó el rezago en más de un punto porcentual, y en 6 entidades disminuyó en más de un punto porcentual. Esto podría considerarse como algo regular, dadas las notables diferencias regionales. Sin embargo, mal haríamos en tomarlo como algo normal, ya que hay un grupo que sigue teniendo un rezago educativo muy alto, como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, y estos tres estados fueron de los que más retrocedieron entre 2016 y 2024. En Chiapas, por ejemplo, el rezago se movió de 30.2 a 34 por ciento en ese periodo, y no dejó de crecer en ninguno de los bienios. El estado más pobre de México está cruzando por un mayor incumplimiento en el derechos a la educación, lamentablemente. Está por verse que ocurre en el corte de 2026, aunque no se sabe de medidas que apunten a revertir esta lamentable tendencia en Chiapas.
3) Con los resultados observados, se puede decir que la desigualdad educativa entre los estados aumentó de 2016 a 2024. Aquí una medida simple pero elocuente considerando la población sin rezago: la brecha entre Ciudad de México y Chiapas pasó de 1.3 en 2016 a 1.4 en 2024[3]. Esto ocurrió no porque la capital de país haya mejorado mucho (en realidad casi no cambió), sino porque en Chiapas hubo un retroceso. Si se toman los tres estados de menor rezago contra los tres estados de mayor rezago, ocurrió lo mismo: la brecha pasó de 1.2 a 1.3. Tampoco esto debe verse como algo corriente: al contrario, la desigualdad territorial en educación debería estar bajando, no creciendo, y tendríamos que estar realizando esfuerzos más intensos de mejora en las entidades más pobres, no solo de política nacional, sino también de los estados y municipios.
4) Algunos de los componentes educativos registraron una mejora entre 2016 y 2024, por ejemplo, el de “población de 15 a 21 años con educación básica, que asiste al nivel medio superior”. Como proporción de la población de ese grupo de edad, el porcentaje correspondiente era de 62.5 en 2016 y alcanzó 66.2 en 2024, una mejora de 36 puntos porcentuales. Casi todo el ascenso ocurrió después de 2022, por cierto. Hubo estados, como Hidalgo, donde el avance fue muy destacado, de +18.6 puntos. En otros, en cambio, hubo retrocesos, sobre todo en Nayarit y San Luis Potosí, o no se registraron cambios relevantes. Todavía se trata de un nivel de cobertura insuficiente, sin duda, pero al menos empezó a mejorarse a partir de 2022. También en la eficiencia terminal de educación media superior se registra una mejora muy relevante.
5) Si en educación media superior se registra tal logro, en la “Población de 18 a 29 años con educación media superior, que asiste a educación superior” hay malas noticias. En el promedio nacional, en 2016 el 42.7 por ciento de ese grupo de edad asistía a la educación superior, y para 2024 la proporción había bajado a 41.1. Una baja de 1.4 puntos porcentuales. En 17 estados esa pérdida fue superior al promedio nacional, y en nueve estados el descenso fue superior a 5 puntos porcentuales. Es un hecho grave, claramente. La pérdida ocurrió después de la pandemia, incluso en algunas de las entidades de menor pobreza. Guerrero y Oaxaca, en cambio, lograron los mayores avances de cobertura en educación superior, lo que hace ver que no todo el problema educativo, al menos en este nivel, se debe al rezago social.
6) Hay otro indicador que se refiere directamente a la política de apoyo social. La “población de 3 a 29 años con ingreso inferior a la línea de pobreza, que asiste a educación pública obligatoria y recibe beca” se redujo de 28.2 a 27.4 por ciento en el periodo, y la pérdida se dio sobre todo de 2016 a 2020. Esto pudo haber influido en el mal desempeño de otros aspectos, contribuyendo al mayor rezago, al menos en algunos estados, y ocurrió en los años en que se dio la transición entre los programas enfocados a la mejora educativa y de la salud, hacia los de cobertura abierta y no focalizada.
Valga como ilustración, aunque otros derechos tuvieron mejoras: estos apuntes muestras, a partir del Sistema de Información de Derechos Sociales, que entre 2016 y 2024 se registró un retroceso en algunos aspectos del derecho a la educación, con un incremento de las desigualdades territoriales. El diseño de algunas políticas, por ejemplo de becas, pudo contribuir al mayor rezago en algunos estados.
México: Población sin rezago educativo 2016-2024. %.
[1] Sistema de Información de Derechos Sociales (SIDS). INEGI. https://www.inegi.org.mx/desarrollosocial/sids/ 3 de marzo de 2026.
[2] CONEVAL. Sistema de Información de Derechos Sociales (SIDS). Hacia una medición del estado del desarrollo. 2020. https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/SIDS/Documento%20Conceptual_Metodologico.pdf
[3] En este caso la brecha se refiere al cociente del índice de la población sin rezago educativo en Ciudad de México, sobre el índice que corresponde a Chiapas.
