Las paradojas del desarrollo en el Bajío y los límites del desarrollo regional

El Bajío guanajuatense constituye un territorio privilegiado para observar, desde el análisis crítico de su configuración y de su decurso histórico, algunas de las principales transformaciones económicas, sociales y políticas experimentadas por México durante las últimas cuatro décadas. En su conformación contemporánea se condensan decisiones adoptadas en distintas escalas y espacios de poder -internacionales, federales, estatales y locales, públicos y privados- que orientaron proyectos de modernización, determinaron inversiones e infraestructuras, reorganizaron actividades productivas, propiciaron desplazamientos poblacionales y cambios tecnológicos, y modificaron profundamente las relaciones entre la sociedad y la naturaleza.

El territorio de las paradojas

Sus resultados no han sido unívocos: la expansión de las capacidades productivas, la inserción en cadenas globales de valor, la generación de riqueza y la ampliación de infraestructura coexisten con desigualdades y rezagos sociales persistentes, una grave degradación ambiental, formas extremas de violencia y capacidades institucionales insuficientes para gobernar procesos que desbordan las fronteras municipales. Estas contradicciones hacen del Bajío guanajuatense una expresión territorial particularmente significativa de las posibilidades, tensiones y límites del modelo de desarrollo construido en México desde la década de 1980 y, por ello, un espacio desde el cual interrogar no sólo sus resultados económicos, sino también las relaciones de poder y las condiciones democráticas bajo las cuales se ha decidido quién puede intervenir en la definición del desarrollo, quién participa de sus beneficios y quién soporta sus costos.

El municipio de Celaya permite aproximarse inmediatamente a esa transformación. La ciudad y los municipios que la rodean se encuentran hoy integrados en uno de los corredores industriales, agrícolas, logísticos y comerciales más importantes del país. La presencia de Honda en Celaya y de Toyota en Apaseo el Grande constituye quizá su expresión industrial más visible, pero alrededor de ellas se despliega una estructura económica considerablemente más compleja: empresas proveedoras de diferentes niveles de la industria automotriz, parques industriales, actividades logísticas, agricultura comercial y de exportación, producción agroindustrial, comercio, servicios y una extensa red de pequeñas y medianas empresas. Hacia el poniente, este sistema se conecta con Salamanca, Irapuato, Silao y León; hacia el oriente, con Querétaro y posteriormente con el centro del país. La infraestructura carretera permite además conexiones hacia los principales mercados nacionales y hacia las rutas que conducen a la frontera norte y a los puertos del Pacífico y del Golfo.

La configuración actual de la región difícilmente puede explicarse a partir de una supuesta vocación económica originaria o de un proceso espontáneo de aprovechamiento de ventajas territoriales. Es resultado de una determinada economía política del desarrollo que comenzó a adquirir sus rasgos contemporáneos durante la década de 1980, cuando México inició una transformación profunda de su estrategia de inserción internacional. La adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), en 1986, formó parte de un proceso de apertura que modificó las condiciones bajo las cuales se habían desarrollado durante décadas la industria, el comercio exterior y la intervención económica del Estado.

La posterior negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) profundizó ese cambio y estableció un nuevo horizonte para la organización económica del territorio mexicano. Su entrada en vigor en 1994 debe comprenderse, además, dentro de una reorganización más amplia de la economía mundial. La integración europea avanzaba hacia la constitución de un gran espacio económico; las economías del este y sureste asiático adquirían una presencia creciente en la producción manufacturera y el comercio internacional; la región Asia-Pacífico se consolidaba como uno de los centros dinámicos de la economía mundial. La construcción de un espacio económico norteamericano integrado respondió también a esa modificación de las escalas de competencia y organización global de la producción.

Cambios globales

Para México, la decisión significó mucho más que una reducción arancelaria. Integrarse productivamente con dos de las economías más desarrolladas del mundo, y especialmente con Estados Unidos, implicaba modificar las condiciones materiales en las que funcionaba una parte importante de la economía nacional. Las cadenas productivas requerían infraestructura carretera, comunicaciones, energía, servicios logísticos, disponibilidad de suelo industrial y condiciones institucionales que permitieran reducir tiempos y costos de desplazamiento de mercancías. La nueva geografía económica requería, en consecuencia, producir también una nueva geografía territorial.

El centro de México, y particularmente el Bajío, adquirió una importancia estratégica dentro de ese proceso. Su posición respecto de la Ciudad de México, Guadalajara, el corredor hacia la frontera norte y los principales puertos, sumada a la infraestructura que progresivamente se construyó y modernizó, favoreció la formación de un espacio manufacturero y logístico que durante las siguientes tres décadas modificaría profundamente la estructura económica de Guanajuato.

La instalación de General Motors en Silao durante la década de 1990 constituyó uno de los momentos decisivos de esa transformación. No sólo significó la llegada de una inversión industrial de gran escala. Contribuyó a modificar las expectativas respecto del papel que Guanajuato podía desempeñar en la industria automotriz norteamericana y generó condiciones para el desarrollo posterior de una red de proveedores, servicios especializados, infraestructura y capacidades laborales. Años después se incorporarían Mazda en Salamanca, Honda en Celaya y Toyota en Apaseo el Grande, junto con numerosas empresas proveedoras de distintos niveles de la cadena automotriz.

La dimensión territorial de ese proceso resulta indispensable para comprender sus alcances. La consolidación y modernización de la red carretera, el Aeropuerto Internacional de Guanajuato, la creación de Guanajuato Puerto Interior, los parques industriales y otras inversiones en infraestructura contribuyeron a reducir las distancias económicas entre los centros productivos de la entidad y los grandes mercados nacionales e internacionales. Celaya adquirió una posición particularmente relevante por su localización, su trayectoria económica previa, su concentración de servicios y su capacidad para articular flujos provenientes de distintos municipios del oriente y sur de Guanajuato.

El abandono de la planeación

No debe suponerse, sin embargo, que todas estas decisiones respondieron desde su origen a un diseño único, perfectamente definido y ejecutado de manera lineal durante varias décadas. La evidencia histórica debe permitir distinguir las decisiones expresamente vinculadas con la estrategia de apertura e integración productiva de aquellas que respondieron a otras necesidades y que posteriormente adquirieron una nueva función dentro del corredor económico. Las políticas federales, las decisiones de los gobiernos estatales, las inversiones municipales y las estrategias de las empresas nacionales y transnacionales se desarrollaron en momentos distintos y bajo circunstancias también diferentes. Lo relevante es, por tanto, analizar la forma en que terminaron articulándose y produciendo una determinada configuración territorial.

Esta perspectiva permite apartarse de dos interpretaciones igualmente insuficientes y que han predominado en el discurso del poder público en el estado. La primera consistiría en explicar la transformación regional como resultado casi natural de sus ventajas geográficas. La segunda supondría la existencia de un proyecto acabado desde el inicio, capaz de anticipar la configuración que la región alcanzaría décadas después. En realidad, entre ambas se encuentra un proceso histórico de construcción territorial en el que decisiones públicas y privadas fueron generando nuevas condiciones de acumulación, las cuales, a su vez, modificaron las decisiones posteriores de inversión, infraestructura, localización empresarial y expansión urbana.

Los resultados económicos de ese proceso son considerables. Guanajuato se convirtió en uno de los espacios manufactureros más importantes del país, desarrolló una potente industria automotriz y de autopartes, incrementó su capacidad exportadora, atrajo cuantiosas inversiones nacionales y extranjeras y amplió de manera sustantiva su infraestructura productiva. La industria modificó mercados laborales, impulsó procesos de urbanización y creó oportunidades de empleo que no existían previamente en la misma escala.

La estructura regional

El dinamismo regional tampoco puede reducirse al sector automotriz. El Bajío posee una antigua y poderosa base agrícola que ha experimentado también importantes transformaciones tecnológicas y productivas. La agricultura de riego, la agroindustria y la producción destinada a mercados nacionales e internacionales forman parte de una estructura económica en la que actividades de muy distinta productividad, intensidad tecnológica y escala empresarial comparten un mismo territorio. El desarrollo manufacturero se superpuso así a una región agrícola preexistente, sin sustituirla, generando nuevas relaciones y también nuevas competencias por agua, suelo, trabajo e infraestructura.

A ello se añade el peso de las actividades comerciales y de servicios, especialmente importante en ciudades como Celaya y en el sistema urbano formado por Moroleón y Uriangato. La región posee además un patrimonio histórico, cultural y arquitectónico relevante, expresado en ciudades y localidades como Salvatierra, Yuriria, Acámbaro y Comonfort, entre otras. Estas actividades y atributos muestran una estructura territorial más compleja que la imagen de un corredor exclusivamente industrial y obligan a considerar las diferentes formas mediante las cuales los municipios se relacionan con los procesos regionales de generación de riqueza.

La migración internacional constituye otro componente histórico de esa estructura. Guanajuato ha mantenido durante décadas una intensa relación migratoria con Estados Unidos, particularmente visible en numerosos municipios del sur y oriente de la entidad. Las remesas se han convertido en una fuente fundamental de ingresos para millones de hogares y han financiado consumo, vivienda, educación y distintas formas de inversión familiar y comunitaria. Su magnitud obliga a incorporar una pregunta que generalmente permanece separada de los análisis sobre industrialización: por qué una región que ha incrementado considerablemente su capacidad para atraer capital productivo mantiene, al mismo tiempo, una elevada capacidad de expulsión de población.

La coexistencia de inversión extranjera y migración intensa permite advertir desde ahora que la generación de riqueza y la disponibilidad de oportunidades para la población no pueden considerarse fenómenos equivalentes. Las inversiones pueden incrementar el producto, las exportaciones y el empleo sin modificar en la misma proporción los ingresos de determinados grupos, las capacidades productivas locales o las expectativas de movilidad social. De manera inversa, las remesas pueden mejorar sustancialmente las condiciones materiales de numerosos hogares sin constituir por sí mismas una estrategia de desarrollo regional.

Las contradicciones del desarrollo

El análisis exige observar las relaciones entre estos procesos y no solamente registrar su magnitud. Los indicadores sociales muestran también transformaciones relevantes. La pobreza se ha reducido en distintos periodos; las coberturas de infraestructura básica se han ampliado; la conectividad carretera y digital ha modificado las posibilidades de acceso a bienes, servicios e información; y numerosos hogares cuentan actualmente con condiciones materiales sustancialmente mejores que las existentes algunas décadas atrás. Reconocer estos avances es indispensable para evaluar con rigor los resultados del modelo regional.

Al mismo tiempo, persisten carencias que afectan el ejercicio efectivo de derechos sociales. El rezago educativo continúa teniendo una presencia considerable; la informalidad laboral limita el acceso a la seguridad social; los sistemas de salud presentan problemas de cobertura y acceso efectivo; existen diferencias importantes en vivienda y servicios básicos, y las condiciones sociales varían notablemente entre municipios, localidades y grupos de población. La reducción de determinadas expresiones de pobreza no ha eliminado las desigualdades territoriales ni ha asegurado trayectorias equivalentes de bienestar para quienes habitan la región.

La observación conjunta de estos procesos obliga a precisar el sentido en que se utilizará el concepto de desarrollo a lo largo de este trabajo. La cuestión no puede reducirse a establecer si la economía regional ha crecido. Lo ha hecho, y en algunas actividades de manera muy significativa. Tampoco puede sostenerse que la generación adicional de riqueza resulte innecesaria. Los rezagos existentes en ingreso, infraestructura, servicios, seguridad social, educación y capacidades públicas muestran que la región necesita continuar creciendo y ampliar sustancialmente su capacidad para generar valor.

El problema se encuentra en las relaciones entre crecimiento, productividad, distribución y bienestar. Una economía puede aumentar su producción sin elevar suficientemente la productividad de una parte considerable de sus actividades; puede generar empleos sin que todos ellos proporcionen ingresos adecuados o acceso a la seguridad social; puede incrementar exportaciones sin desarrollar en la misma medida capacidades tecnológicas locales; y puede atraer inversiones mientras una parte de su población continúa considerando la migración como una de las principales estrategias para mejorar sus condiciones de vida.

Por ello, la pregunta relevante no es si debe producirse más riqueza, sino qué riqueza se produce, mediante qué procesos, con qué niveles de productividad, cómo se distribuyen sus beneficios, qué capacidades genera en la población y qué costos sociales, territoriales y ambientales acompañan su producción. Esta formulación permite reconocer al crecimiento económico como una condición necesaria del desarrollo sin identificarlo con éste.

Crecimiento sin bienestar

Entre la generación de riqueza y la ampliación del bienestar intervienen instituciones, relaciones laborales, sistemas fiscales, mecanismos distributivos, políticas públicas, capacidades educativas, sistemas de salud, infraestructura social y formas de organización económica. La calidad y alcance de esas mediaciones determinan en buena medida la capacidad de una sociedad para transformar crecimiento económico en mayores oportunidades y derechos.

La dimensión ambiental introduce un límite adicional que no puede ser tratado como un componente externo de esa discusión. La expansión industrial, agrícola y urbana se desarrolla sobre sistemas naturales concretos y depende de ellos. En el territorio estudiado, esa dependencia adquiere una expresión particularmente visible en el agua. La cuenca Lerma-Chapala y el sistema del río Laja han soportado durante décadas presiones excesivas derivadas del crecimiento urbano, la producción agrícola, las descargas residuales y las actividades industriales. La Laguna de Yuriria y la Presa Solís forman parte de ese sistema hídrico y productivo y ambas enfrentan procesos de deterioro que afectan simultáneamente funciones ambientales, económicas y sociales.

La presión sobre los acuíferos amplía el problema. Buena parte de la producción agrícola, industrial y del abastecimiento urbano depende de aguas subterráneas cuya extracción acumulada plantea interrogantes sobre la viabilidad de mantener las tendencias actuales durante las próximas décadas. A ello se agregan erosión y degradación de suelos, pérdida de vegetación, contaminación y los efectos de una mayor variabilidad climática.

El desarrollo sostenible

Considerar estos procesos como simples costos ambientales del crecimiento conduciría a una comprensión incompleta del problema. La disponibilidad de agua, la fertilidad de los suelos, la estabilidad de los ciclos hidrológicos y la funcionalidad de los ecosistemas constituyen condiciones materiales de la producción y de la reproducción social. Su deterioro afecta las posibilidades futuras de generar riqueza y bienestar. Esta perspectiva exige modificar la concepción de la naturaleza como un conjunto de recursos disponibles para ser utilizados conforme a las necesidades inmediatas de la producción. El agua no existe solamente como insumo para la agricultura, la industria o las ciudades; los ríos no pueden reducirse a fuentes de abastecimiento o receptores de descargas; el suelo no constituye solo una superficie susceptible de cultivo, urbanización o industrialización. Las sociedades y sus sistemas económicos forman parte de sistemas naturales cuyos ciclos y límites condicionan las posibilidades de la vida social.

De ahí que la sostenibilidad no pueda incorporarse al final del proceso productivo como una política correctiva. Debe intervenir en la definición misma de qué se produce, dónde, con qué tecnologías, utilizando qué cantidades de agua, suelo y energía, y bajo qué condiciones de reposición, restauración o preservación. Una estrategia de desarrollo que incremente la riqueza presente deteriorando aceleradamente las condiciones materiales de la producción futura desplaza costos entre territorios, grupos sociales y generaciones.

Esta consideración modifica también la manera de pensar la productividad. Incrementarla sigue siendo una condición indispensable para el desarrollo regional, particularmente si se busca elevar salarios y generar más valor sin depender exclusivamente de una expansión cuantitativa de los factores de producción. Pero la productividad no puede evaluarse ignorando los insumos naturales requeridos para sostenerla. Importa cuánto valor genera una actividad por trabajador o por unidad de capital; importa también cuánta agua, energía, suelo y capacidad ecosistémica consume para obtenerlo. La transición hacia un desarrollo sostenible exige mejorar ambas relaciones.

La estructura económica regional presenta, desde esta perspectiva, un problema que será necesario estudiar con detenimiento: actividades manufactureras insertas en cadenas internacionales de alto valor conviven con agricultura de uso intensivo de agua, pequeños establecimientos de baja productividad, amplios sectores informales y economías familiares dependientes de remesas. No existe, por tanto, una única economía regional, sino una articulación desigual de actividades que ocupan posiciones muy diferentes en la generación y apropiación de valor.

Desarrollo y violencia

A esta heterogeneidad económica se ha superpuesto durante los últimos años una crisis de seguridad de extraordinaria gravedad. Celaya y otros municipios comprendidos en este estudio han registrado niveles de violencia homicida sin precedentes; las desapariciones, la extorsión y el cobro de piso forman parte de la experiencia cotidiana de personas, familias y establecimientos económicos. En efecto, la presencia de organizaciones criminales ultraviolentas ha modificado actividades productivas, decisiones de inversión, movilidad y formas de utilización del espacio público.

La violencia debe ser incorporada al análisis del desarrollo por sus efectos directos sobre las capacidades de las personas y sobre el funcionamiento de la economía. Un establecimiento obligado a incorporar el costo de la extorsión, un pequeño productor que modifica sus actividades por inseguridad, una familia que restringe su movilidad, un joven que encuentra en una economía criminal una alternativa de ingreso o una comunidad afectada por desapariciones enfrentan restricciones que no aparecen adecuadamente representadas en los indicadores convencionales de crecimiento.

La existencia de infraestructura moderna, inversión internacional y actividades exportadoras junto con mercados criminales capaces de imponer rentas y disputar el control territorial plantea además un problema institucional. El crecimiento económico no genera automáticamente capacidades estatales equivalentes. Puede incluso incrementar la complejidad de los territorios y las exigencias impuestas a instituciones que fueron diseñadas para administrar sociedades y economías considerablemente menos interdependientes.

Desarrolo y democracia

El problema institucional remite, sin embargo, a una dimensión propiamente política del desarrollo. La configuración del territorio no es resultado exclusivo de decisiones técnicas sobre inversión, infraestructura o asignación de recursos, sino también de relaciones de poder mediante las cuales determinados actores adquieren capacidades diferenciadas para intervenir en la definición de las prioridades colectivas. La democracia constituye, desde esta perspectiva, una condición sustantiva del desarrollo: importa no sólo que existan mecanismos formales de representación, sino que quienes habitan el territorio dispongan de capacidades efectivas para deliberar, disputar y participar en las decisiones acerca del uso del agua y del suelo, la localización de las inversiones, las prioridades de infraestructura, el crecimiento urbano, la protección ambiental y la distribución de los beneficios y costos derivados de las transformaciones económicas. Preguntarse por el desarrollo regional implica, por ello, preguntarse también quién decide sobre el territorio, mediante qué instituciones, bajo qué relaciones de poder y con qué posibilidades reales de intervención para quienes resultan afectados por esas decisiones.

La corrupción y la impunidad forman parte de este mismo problema. La primera puede alterar los procesos mediante los cuales decisiones y bienes públicos son orientados hacia intereses particulares; la segunda debilita la capacidad del orden jurídico para establecer responsabilidades y garantizar derechos frente a delitos, abusos de poder y distintas formas de violencia. Ambas pueden modificar la distribución efectiva del poder en el territorio, deteriorar la confianza pública y reducir las posibilidades de control democrático sobre las instituciones. Su relevancia adquiere una gravedad adicional cuando se las observa en un contexto marcado por homicidios, extorsiones, desapariciones y fosas clandestinas: allí, la pregunta por la calidad de las instituciones deja de referirse únicamente a su eficiencia administrativa y alcanza la capacidad elemental del Estado para proteger la vida, investigar la violencia, procurar justicia y evitar que quienes producen víctimas puedan beneficiarse de su impunidad.

Esta cuestión conduce directamente al papel de los municipios. Los procesos que estructuran la región exceden sistemáticamente sus límites administrativos y sus capacidades efectivas de gobierno. Las personas pueden residir en un municipio y trabajar, estudiar, comerciar o utilizar servicios especializados en otro. Las empresas organizan cadenas de proveeduría que atraviesan varias jurisdicciones. Las carreteras articulan sistemas urbanos. Los ríos y acuíferos forman unidades ambientales distintas de las divisiones político-administrativas. La contaminación del aire se desplaza a través de ellas. Las organizaciones criminales operan mediante redes regionales y nacionales. La migración conecta pequeñas localidades guanajuatenses con ciudades situadas a miles de kilómetros.

Desarrollo y gobernanza

Sin embargo, una parte fundamental de las responsabilidades relacionadas con el funcionamiento cotidiano del territorio corresponde a gobiernos municipales que presentan capacidades fiscales, técnicas y administrativas muy desiguales. Servicios públicos, ordenamiento territorial, gestión de residuos, agua y saneamiento, movilidad local, espacios públicos y diversas responsabilidades asociadas con seguridad y prevención deben atenderse dentro de estructuras institucionales cuyo horizonte político y administrativo se encuentra delimitado por cada municipio.

Se configura así una asimetría entre la escala de los procesos y la escala de las instituciones encargadas de gobernarlos. Durante las últimas décadas se construyeron mecanismos eficaces para articular regionalmente inversiones, mercancías, infraestructura y cadenas productivas, mientras que la coordinación necesaria para gobernar agua, movilidad, ordenamiento territorial, restauración ambiental, seguridad y desigualdades sociales ha avanzado muy lentamente bajo otras lógicas y con capacidades considerablemente menores.

Esta asimetría constituye una de las hipótesis centrales de la investigación. El Bajío ha alcanzado un elevado grado de integración como espacio económico sin haber construido capacidades equivalentes para gobernarse democrática e institucionalmente como región social, ambiental y territorial.

Desde esta perspectiva, estudiar las capacidades municipales no significa atribuir a los ayuntamientos la responsabilidad exclusiva por los resultados regionales. Sería difícil exigir a un municipio que resuelva de manera autónoma la contaminación de una cuenca que atraviesa varias entidades y decenas de jurisdicciones, la sobreexplotación de un acuífero compartido, las transformaciones de un mercado laboral regional o la actuación de organizaciones criminales que operan a escala nacional y transnacional. La cuestión consiste en determinar qué capacidades poseen efectivamente los gobiernos locales, qué responsabilidades les han sido asignadas, qué recursos tienen para ejercerlas y mediante qué mecanismos pueden coordinarse con otros municipios y órdenes de gobierno.

Delimitación del análisis

La unidad territorial seleccionada para esta investigación responde a esa preocupación. Se analizarán doce municipios: Celaya, Comonfort, Villagrán, Cortazar, Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Salvatierra, Acámbaro, Santiago Maravatío, Yuriria, Moroleón y Uriangato. No se parte del supuesto de que constituyan una región administrativa formal ni una unidad económica homogénea. Su selección responde a la existencia de relaciones territoriales que será necesario identificar y medir con mayor precisión a lo largo de la investigación.

Celaya ocupa una posición central dentro de esta delimitación. Su escala urbana, concentración de actividades económicas, servicios, infraestructura y empleo le permiten ejercer funciones que desbordan sus fronteras municipales. Comonfort, Villagrán, Cortazar y los dos Apaseos mantienen diferentes formas de relación con ese nodo; Salvatierra y Acámbaro articulan territorios agrícolas, comerciales y de servicios con trayectorias propias; Santiago Maravatío presenta una escala y estructura demográfica distintas; Yuriria incorpora una dimensión ambiental, agrícola e histórica específica; y Moroleón y Uriangato conforman una articulación urbana y comercial que introduce otra modalidad de integración regional.

Estas diferencias no constituyen un obstáculo para el análisis. Permiten estudiar cómo una misma transformación de economía política produce efectos distintos según la estructura productiva, la localización, las capacidades institucionales, la disponibilidad de recursos naturales y la trayectoria histórica de cada municipio. La región será entendida, por ello, como una hipótesis territorial antes que como una delimitación dada de antemano. Una tarea inicial consistirá en establecer empíricamente la intensidad y naturaleza de las relaciones económicas, laborales, demográficas, ambientales, carreteras y de servicios existentes entre estos municipios y, particularmente, su articulación con Celaya.

Un modelo de contradicciones

La pregunta que orienta este trabajo puede formularse, en consecuencia, de la siguiente manera: ¿cuáles han sido los resultados y las contradicciones del modelo de desarrollo territorial construido en esta región del Bajío guanajuatense a partir de la apertura comercial de México y de su progresiva integración productiva con América del Norte, y por qué la capacidad desarrollada para atraer inversiones, generar riqueza e insertarse en cadenas nacionales y globales de valor no ha tenido un correlato equivalente en la construcción de capacidades regionales para garantizar bienestar, sostenibilidad ambiental, seguridad, cohesión social y ejercicio efectivo de derechos?

La formulación contiene deliberadamente dos dimensiones del problema. La primera es histórica y remite a la construcción de una determinada estructura productiva y territorial desde las últimas décadas del siglo XX. La segunda es evaluativa y exige examinar los resultados de esa transformación desde una concepción del desarrollo que no puede agotarse en los indicadores de producción, inversión o exportaciones.

La hipótesis general sostiene que las contradicciones observables en la región son resultado de una articulación insuficiente entre las distintas dimensiones del desarrollo. La integración productiva, la inversión y la infraestructura avanzaron con una capacidad de coordinación y una velocidad mayores que la construcción de mecanismos distributivos, capacidades institucionales, sistemas de protección social y formas de gobernanza ambiental y territorial capaces de conducir integralmente las transformaciones generadas.

Esta hipótesis no supone que el crecimiento haya producido necesaria y totalmente los rezagos analizados ni que éstos deban considerarse consecuencias exclusivas y directas de la industrialización. Algunos preceden al proceso de apertura; otros responden a dinámicas nacionales; algunos se han reducido precisamente durante el periodo estudiado y otros han adquirido nuevas expresiones. El objetivo consiste en reconstruir sus relaciones y establecer cuáles capacidades se desarrollaron, cuáles permanecieron rezagadas y qué nuevas tensiones surgieron conforme aumentó la complejidad económica y territorial de la región.

El análisis requiere, por esa razón, una perspectiva temporal suficientemente amplia. Siempre que la información lo permita, se recurrirá a series temporales capaces de mostrar cambios en población, estructura productiva, empleo, ingresos, pobreza, educación, salud, migración, disponibilidad hídrica, uso del suelo, finanzas municipales y violencia. La comparación entre municipios permitirá identificar, además, trayectorias diferenciadas dentro del espacio regional.

Las fuentes serán fundamentalmente públicas y oficiales: censos y encuestas del INEGI, información económica y demográfica, mediciones de pobreza y carencias sociales, registros administrativos, estadísticas laborales y de seguridad social, información educativa, ambiental, hídrica, fiscal y de seguridad pública.

La utilización de información estadística deberá reconocer sus diferentes escalas de representatividad. No todos los indicadores disponibles permiten estimaciones municipales; algunas encuestas producen información estatal o para determinados dominios geográficos. En esos casos, los datos deberán utilizarse únicamente para la escala en que fueron diseñados. Esta precaución resulta particularmente relevante cuando se analicen percepciones sobre servicios públicos, seguridad o desempeño institucional.

El recorrido de esta investigación seguirá la propia construcción del problema. Primero se reconstruirá la formación económica contemporánea de la región y su inserción progresiva en las cadenas nacionales y globales de producción. Sobre esa base se analizarán las relaciones entre crecimiento, productividad y distribución de la riqueza. Posteriormente se estudiará la transformación ambiental del territorio y, particularmente, la presión ejercida sobre agua, suelo y ecosistemas. El análisis se desplazará después hacia las condiciones de vida, la pobreza, los derechos sociales, la migración y las remesas, para incorporar posteriormente la violencia y sus efectos sobre personas, comunidades y actividades económicas.

Sólo después de ese recorrido será posible evaluar adecuadamente las capacidades municipales. El municipio aparecerá así dentro de la estructura de relaciones que debe gobernar y no como una unidad administrativa aislada. Ello permitirá examinar la correspondencia —o falta de ella— entre responsabilidades, recursos, capacidades y escala territorial de los problemas. El análisis de la gobernanza regional permitirá finalmente integrar las dimensiones económicas, sociales, ambientales e institucionales previamente estudiadas.

El propósito último no consiste en elaborar un balance retrospectivo cerrado sobre los aciertos y errores de las últimas décadas. La trayectoria del Bajío muestra capacidades económicas e institucionales que constituyen activos fundamentales para cualquier estrategia futura: infraestructura, localización, empresas, conocimiento productivo acumulado, fuerza laboral, agricultura, conectividad, ciudades, patrimonio cultural y una posición consolidada dentro de las cadenas norteamericanas de producción. Prescindir de esas capacidades no constituye una alternativa razonable de desarrollo.

El problema consiste en definir la siguiente etapa. La región necesita continuar generando riqueza y hacerlo con mayores niveles de productividad; requiere aumentar los ingresos laborales, ampliar las capacidades de las empresas locales, fortalecer las finanzas públicas y garantizar mejores servicios. Pero la continuidad del crecimiento depende también de modificar la relación con el agua, los suelos y los ecosistemas, reducir desigualdades, recuperar condiciones de seguridad y construir instituciones capaces de gobernar procesos cuya escala ya no corresponde con los límites municipales.

Otro curso de desarrollo es posible

La discusión sobre el futuro del Bajío se inscribe así en una pregunta más amplia sobre México. Durante varias décadas el país desarrolló capacidades importantes para integrarse a la economía internacional, atraer inversión, incrementar exportaciones y construir plataformas manufactureras competitivas. La persistencia de desigualdades, carencias sociales, baja productividad en amplios sectores, deterioro ambiental, violencia y debilidad de numerosas instituciones territoriales obliga a discutir qué capacidades adicionales necesita construir para convertir esas ventajas económicas en un proceso de desarrollo sostenible.

El Bajío guanajuatense permite examinar esa cuestión en un territorio concreto. Su importancia analítica no deriva únicamente de la concentración de inversiones o de la intensidad de sus problemas. Radica en la coexistencia de procesos que con frecuencia son estudiados por separado: industria global y agricultura; inversión extranjera y remesas; crecimiento y carencias sociales; infraestructura moderna y deterioro ambiental; ciudades dinámicas y municipios con capacidades institucionales muy distintas; mercados internacionalizados y economías criminales; generación de riqueza y presiones crecientes sobre las condiciones naturales que la hacen posible.

Examinar esas relaciones puede permitir una lectura distinta del desarrollo regional mexicano. La cuestión central deja de ser cuánto crecimiento es posible generar y se desplaza hacia una pregunta más compleja: qué organización económica, social, institucional y territorial permite que la generación creciente de riqueza se traduzca en bienestar, derechos y mayores capacidades para las generaciones presentes sin reducir las posibilidades de quienes habitarán ese mismo territorio en el futuro.

Desde esta perspectiva, el problema que plantea el Bajío no pertenece solamente a Guanajuato. Remite a las capacidades que México deberá construir para gobernar las transformaciones económicas que ya están ocurriendo y las que probablemente se profundizarán con la reorganización de las cadenas productivas de América del Norte. La experiencia acumulada durante las últimas cuatro décadas permite analizar tanto las posibilidades abiertas por la integración económica como las dimensiones que permanecieron insuficientemente articuladas a ella.

El desafío no consiste, por tanto, en elegir entre crecimiento y sostenibilidad, entre inversión y distribución, entre competitividad y derechos. Consiste en construir las mediaciones institucionales que permitan articularlos. Producir más riqueza, elevar la productividad y distribuir mejor sus beneficios sólo pueden formar parte de una estrategia de desarrollo si, al mismo tiempo, se preservan y restauran las condiciones naturales que sostienen la vida, se amplían las capacidades de las personas y se construyen instituciones capaces de gobernar democráticamente un territorio cuyas interdependencias económicas, sociales y ambientales desbordan desde hace tiempo las fronteras municipales.