Esta ocasión no fue el impacto directo de un huracán, sino una perturbación tropical, la 90-E de 2025, la que desató otro desastre, con 76 personas fallecidas y 39 no localizadas, según los registros al 18 de octubre. Son más muertes que las padecidas en Acapulco y cercanías por el huracán Otis, casi dos años antes, el 25 de octubre de 2023, lo que habla directamente de la gravedad de los hechos recién vividos en 108 municipios de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.
Escrito por: Enrique Provencio D.
Los desastres remueven no solo la tierra y las aguas, sacuden la regularidad de los acontecimientos, la normalidad de la experiencia colectiva y la relación que tenemos con el medio que habitamos. Lo usual es que junto con las movilizaciones para el rescate y la atención de las emergencias, surjan los cuestionamientos sobre nuestra capacidad para anticipar los detonantes, sobre todo cuando se trata de peligros hidro meteorológicos, para prevenir los cuantiosos daños humanos y materiales, y, principalmente, para reducir la vulnerabilidad humana ante estos y otros peligros de origen natural.
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) avisó a partir del 6 de octubre, que se avecinaban intensas lluvias en esa región que resultó tan afectada, y sus despachos de los siguientes días especificaban que las precipitaciones serían extraordinarias y torrenciales, de hasta más de 250 mm, como ocurrió, efectivamente. Esto es muy relevante, pues desatadas las inundaciones durante la noche del jueves 9 y la madrugada del viernes 10 de octubre, se llegó a decir, incluso por parte de algunas autoridades, que no se esperaban tales descargas pluviales.
Otro asunto distinto es que las alertas del SMN hayan llegado a tiempo y con la urgencia necesaria a las autoridades estatales y municipales, lo cual, al parecer no ocurrió. Y es necesario decir “al parecer”, porque no hay información accesible que facilite la trazabilidad de las alertas tempranas, lo que sigue siendo un rasgo lamentable de nuestro sistema de protección. Puede haber buen pronóstico e incluso avisos al momento, pero esto no supone que exista un sistema efectivo de alerta temprana, sobre todo para los municipios más aislados y de mayor rezagos social, y con autoridades que casi no cuentan con capacidades para la respuesta y la gestión de riesgos adecuada. No fueron solo esos municipios los que no reaccionaron a tiempo, sino también las autoridades estatales, las de Veracruz, destacadamente, pues se movilizaron cuando el desastre ya estaba en curso.
El Gobierno Federal desplegó más de 22,000 personas para atender a los afectados, dedicando recursos de todo tipo en las zonas más dañadas para el rescate de poblaciones que quedaron incomunicadas, y con la infraestructura de sus poblaciones muy perjudicada o inservible. Desde el mismo viernes 10 de octubre fue notorio que la Presidenta de la República estuvo presente en los sitios de mayor impacto, y que los días siguientes convocó a las instituciones que debían canalizar recursos y equipos ante la emergencia. Como ocurre en estos casos, por fortuna, cientos de grupos acopiaron y canalizaron la ayudas urgentes aportadas por la población.
La empatía obliga a posponer reflexiones o críticas a la incapacidad colectiva, no solo la gubernamental, para prevenir los desastres y lograr que las recuperaciones se hagan adecuadamente. Ante tantas muertes y tantas familias sufriendo pérdidas de todo tipo, generalmente se pospone la reflexión e incluso la documentación de los hechos, y después no pasamos a un análisis detenido del estado que realmente guarda la gestión integral de riesgos de desastre, el ordenamiento territorial, la adaptación ante los impactos del cambio climático, la capacidad de financiamiento para la prevención y la recuperación, entre tantos temas que se entrelazan.
Las autoridades y algunos legisladores y dirigentes políticos cercanos, rechazaron de inmediato planteamientos críticos sobre deficiencias institucionales, y quizá no haya sido muy correcto políticamente señalarlos en plena emergencia, pero lo cierto es que debemos tener una deliberación pública intensa, un debate bien informado sobre el estado del llamado sistema nacional de protección civil. Como ha ocurrido los últimos años, tras los recurrentes desastres, de inmediato aparece de nuevo el tema de la desaparición del FONDEN (Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales), y los intercambios se centran en la pertinencia de su extinción y la funcionalidad de los mecanismos de acceso al financiamiento que se implantaron en su lugar. Tras las lluvias e inundaciones de este octubre de 2025, las autoridades insistieron en recordar episodios de corrupción asociados al FONDEN, en un una operación fallida pues uno de los ex funcionarios señalados militó luego y hasta fue candidato de Morena y sus aliados.
El financiamiento es un punto muy relevante, no cabe duda, pero es solo una parte del entramado de políticas que debemos activar. Se trata, al menos, de tres planos que debemos atender de forma conjunta, aunque tengan sus tiempos y urgencias diferenciadas: la adaptación, la reducción de la vulnerabilidad y la gestión integral de riesgos. No van uno después de otro, sino que exigen una aplicación simultánea y coherente, y demandan una revisión seria de la manera en la que estamos tratando el tema de los riesgos.
Los de los huracanes e inundaciones son muy visibles, pero estamos viviendo un desastre silencioso del que no hablamos: en 2023 y 2024 la mayoría de fallecidos que reporta el Centro Nacional de Protección de Desastres fue por efectos de las temperaturas extremas altas, que ocurren de una en una y de las que no se conoce casi nada públicamente. Este y otros fenómenos están marcando una nueva realidad que no debemos ignorar. Uno de los más destacados informes mundiales sobre estos temas, colocó recientemente a México como el quinto país con puntajes más altos en un índice compuesto de riesgo, no solo por la exposición ante peligros y la susceptibilidad ante desastres, sino también por la falta de capacidades adaptativas. Es una llamada de atención más, pero no hay que ignorarla.
La siguiente colaboración en México Social se ocupara de la triada adaptación, vulnerabilidad y gestión integral de riesgos. La información general sobre las afectaciones por las lluvias e inundaciones en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro de octubre de 2025 puede verse en https://www.gob.mx/reporteporlluvias/nav-personas
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