Hay similitudes y contrastes entre el ambiente político post electoral de 2025, en comparación con otros años clave para la democracia en México, sobre todo el de 1988. Tras las votaciones para el Poder Judicial realizadas este domingo 1º de junio, los comicios quedarán con la marca de una elección de estado y la mancha de la irregularidad. Así fue en 1988. El contraste principal es que aquel año se abrió un proceso hacia la transición democrática, y ahora se consolida una regresión hacia la centralización política y el control sobre los poderes legislativos y judicial, y sobre los órganos autónomos electorales.
Escrito por: Enrique Provencio D.
En 1988 la oposición del Frente Democrático Nacional y del PAN se enfrentaron y resistieron al Poder Ejecutivo y a la Secretaría de Gobernación, que normaban las campañas, organizaban y operaban las elecciones. La Cámara de Diputados calificaba los resultados de presidente y de legisladores federales. Las campañas fueron inequitativas de principio a fin, y las candidaturas del PRI contaron con todos los recursos necesarios por parte de los gobiernos de ese partido a todos los niveles.
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Los medios de comunicación respaldaron la operación oficial y los resultados que dieron el triunfo presidencial y la mayoría del Congreso al partido oficial (al PRI el 94 % en el Senado y 52% en la Cámara de Diputados). Una de las excepciones honrosas fueron el periódico La Jornada y el semanario Punto, que cubrieron con equilibrio todo el proceso electoral y dieron voz a las denuncias sobre las ilegalidades y las trapacerías de todo tipo que caracterizaban las elecciones mexicanas.
El domingo 6 de julio de 1988 se registraron las prácticas fraudulentas típicas de aquellos años, que se conocían por nombres chuscos y humorísticos, desde el acarreo, el embarazo de urnas, las casillas zapato o las operaciones tamal hasta los ratones locos, pero que tenían como sustento la coacción del voto, el uso del poder y los recursos públicos para inducir y orientar el sufragio y otras prácticas que atentaban contra el voto libre y secreto.
Ese día, en el centro de recepción de información que se montó desde la campaña del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas en las oficinas del Partido Mexicano Socialista de Monterrey 50, del entonces Distrito Federal, desde temprano se empezaron a recibir las llamadas con las que los delegados del Frente Democrático Nacional reportaban las irregularidades. Estas se concentraban en unos formatos que había diseñado Silvia Gómez Tagle, y para el mediodía ya había miles de reportes, a pesar de que se saturaban los pocos números telefónicos disponibles. Lo peor llegó luego, cuando se suspendió el flujo de información del cómputo oficial y la Secretaría de Gobernación escamoteó votos para el Ing. Cárdenas e infló los del candidato oficial, quedando marcada esa elección por las ilegalidades.
Los días siguientes a aquella elección estuvieron dominados por un clima político de desaliento por la imposición del PRI, pero también por las movilizaciones para impulsar reformas democráticas, que se consolidarían hasta después de 1994, el año aciago de la violencia política, en la que, como dijo el propio presidente Zedillo, se ganó con legalidad pero no con legitimidad, en otra contienda muy desigual. A partir de entonces se acordó y se consiguió un sistema electoral independiente, que organizó y garantizó elecciones libres y limpias, con un barroco sistema cargado de reglas para asegurar la autonomía y el profesionalismo.
Los días siguientes al 2 de julio de 2000, cuando se logró la alternancia y el PRI por fin salió de Los Pinos, los panistas festejaron su triunfo y casi todos los demás celebramos que las elecciones habían funcionado muy bien. Hubo dinero ilegal en las campañas, como se supo después, pero el IFE ejerció sus facultades e investigó y sancionó a los tramposos.
Nos fue bien en la transición política, aunque no en la económica y social. En las siguientes elecciones federales, las presidenciales y las intermedias, los perdedores impugnaban o desconocían resultados, pero el sistema electoral funcionaba de forma autónoma y eficiente. Luego, a partir de 2019, la transición a la democracia fue estigmatizada, como si la desigualdad, la pobreza, la corrupción y el bajo crecimiento económico hubieran sido responsabilidad del IFE y del INE, y, tras muchos amagos, finalmente se acotó a los órganos electorales y se amelló y controló su autonomía.
La elección de este domingo este domingo 1º de junio de 2025 cerró un ciclo cuyos resultados muchos extrañaremos. Fue resultado de un conjunto de reformas constitucionales y maniobras políticas cuyo telón de fondo nunca fue otro más que la voluntad presidencial por acabar con la independencia del Poder Judicial y por supeditarlo a la órbita del Poder Ejecutivo, como ya ocurre con el Poder Legislativo.
Entre las observaciones sobre la improcedencia de elegir por voto popular a ministros, magistrados y jueces, destacó las que presentó la Relatora de la ONU sobre independencia judicial, que nadie descalificó, salvo el propio gobierno y su partido. La reforma judicial era necesaria, indispensable, urgente, de hecho, pero la peor manera de iniciarla era con esta votación. Con el soporte que cuentan, las autoridades parecen haber convencido a la mayoría de que la elección era necesaria, y en ello empeñaron no solo su capital política, sino los medios de propaganda y los equipos y apoyos con los que cuentan. Según el sondeo que levantó El Financiero (26 de mayo de 2025) el 50 % de los encuestados esperaba que el Poder Judicial fuera más cercano al gobierno, y 37 % que fuera su contrapeso; el 59 % declaró que la elección fortalecería la democracia, y casi la misma proporción prefería jueces y magistrados progresistas. No parece haber aprecio por la independencia judicial y la separación de poderes.
El acceso a la justicia requería, y sigue requiriendo, el ejercicio real de la independencia y profesionalización de las fiscalías, la defensoría popular efectiva, la existencia de fuerzas policiacas y de investigación del más alto nivel, y, en efecto, un poder judicial de primer orden, que ahora no tenemos, como muestra la información disponible. Con la fuerza legislativa de que disponen, la reforma judicial puedo llevarse a cabo de otro modo, a ritmos adecuados con otro tipo de prioridades, sin tener que lanzar al país a una experiencia irresponsable.
A la elección se llegó con una campaña marcada por la intervención gubernamental, con la orientación, inducción y coacción de una muy elevada proporción de los votos, sin información suficiente para decidir, y sin la preparación adecuada de la jornada electoral, pues el INE no contó con los recursos suficientes por los recortes presupuestales que aceptó aunque sus funciones quedaran debilitadas. La integración de las candidaturas fue azarosa, con listas canteadas hacia las autoridades o confeccionadas por ellas mismas, según el nivel correspondiente, y con campañas lamentables, que pervirtieron aún más la política y envilecieron la vida pública.
Con su mayoría legislativa y con el apoyo público que ostenta, será más factible que se proceda ahora a la reforma electoral para una reducción del número de legisladores, que en los hechos significará la limitación del pluralismo, y que se someta a elección la conformación de los órganos electorales, entre otras medidas que permitirán el dominio total de las instituciones políticas. Así pueden ser los siguientes días y meses después de las elecciones.
Para las generaciones que aprendieron a valorar y ejercer el derecho a elegir, que se comprometieron con la democracia y fueron a las urnas bajo protesta o a sabiendas de que irían y saldrían en minoría, y que defendieron su voto en la calle y en los medios legales, hasta que se consiguió la transición democrática, fue un dilema votar o no votar en esta elección del 1º de junio de 2025. Por primera ocasión sintieron que se trataba de una elección que nunca debió haber ocurrido, que degradó las elecciones y que tendrá graves consecuencias, no solo para el acceso y la impartición de justicia, sino para la democracia.
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