El fascinante mundo de la disciplina judicial. Imagen generado por la Ai.
La reforma constitucional al Poder Judicial del 15 de septiembre de 2024 incorporó a nuestro sistema judicial los Tribunales de Disciplina, con el objetivo de que se encarguen, entre otras cuestiones, de desahogar los procedimientos de responsabilidades en materia administrativa de las personas juzgadoras y servidoras públicas de los Poderes Judiciales.
Escribe Jesús Ángel Cadena Alcalá
Ahora, la configuración y puesta en marcha de estos tribunales supone la consolidación de los procedimientos en contra de dichas personas con el fin de prevenir, sancionar y disciplinar su actuación y con ello garantizar objetividad, profesionalismo e independencia en la impartición de justicia.
En ese contexto, surgen dos interrogantes: ¿qué son los tribunales de disciplina? y ¿qué funciones van a desempeñar?
En cuanto a la primera pregunta, los tribunales de disciplina son órganos que, al interior de los Poderes Judiciales, se encargarán de verificar que las actuaciones de las y los servidores públicos se apeguen a los principios de honorabilidad, profesionalismo, objetividad, independencia, entre otros.
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Tienen como finalidad fundamental consolidar el acceso a la justicia en México y evitar la configuración de actos de corrupción, nepotismo, uso indebido de recursos públicos o infracciones en materia administrativa que comprometan el correcto desarrollo de los procesos judiciales.
Además, cuentan con una función preventiva que busca, en esencia, que las personas integrantes de los Poderes Judiciales presten un servicio de calidad, con una vocación humanista, removiendo todos los obstáculos formales o materiales para que las personas puedan gozar de una tutela judicial pronta, expedita y gratuita en todos sus conceptos.
De igual forma, a manera de ejemplo, el Tribunal de Disciplina del Poder Judicial del Estado de México tendrá dos funciones primordiales para garantizar estabilidad y profesionalismo:
Por ello la instrucción de los Tribunales de Disciplina se debe enfocar al orden, la ética en la función, la permanente capacitación y evaluación, así como la sanción como última medida en caso de demostrar de manera clara y objetiva que se cometió una infracción a las funciones y facultades vinculadas a la impartición de justicia.
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