El Niño: la desigualdad ante el clima

Hay una forma de narrar los desastres, que podría considerarse como “tradicional” en los medios de comunicación, que comienza cuando llega la lluvia y termina cuando desciende el agua. En ese relato, la naturaleza “irrumpe, destruye y se retira”, mientras la sociedad aparece como una comunidad sorprendida por fuerzas que no controla. Sin embargo, las pérdidas tienen una historia anterior a esos eventos y consecuencias que sobreviven a su desaparición.

Escrito por:  Saúl Arellano

Una sequía encuentra territorios organizados, infraestructuras conservadas o abandonadas, familias con reservas y hogares que apenas subsisten. Comprender esa historia permite reconocer cuánto del daño depende de decisiones humanas y de estructuras socioeconómicas que determinan la capacidad de los territorios para proteger y garantizar los derechos a sus habitantes.

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El informe de la CEPAL Los efectos del fenómeno El Niño en América Latina y el Caribe y recomendaciones para enfrentarlo, publicado en septiembre de 2026, ofrece elementos para esta reflexión. El Niño forma parte de una oscilación natural del sistema climático, pero sus efectos se despliegan sobre un planeta más cálido y sociedades profundamente desiguales. El documento distingue esa variabilidad natural del calentamiento global y advierte que su interacción puede intensificar determinados extremos. También muestra que la región experimenta amenazas diferentes: sequías, inundaciones, alteraciones pesqueras y dificultades energéticas.

Esa diversidad territorial exige abandonar la comodidad de los promedios. Mientras una comunidad necesita protegerse del desbordamiento de un río, otra debe administrar agua insuficiente para beber, cultivar y producir electricidad. Incluso dentro de un país pueden coexistir riesgos contrapuestos. La capacidad de gobernar comienza entonces por reconocer las diferencias del territorio: conocer sus cuencas, escuchar a sus habitantes y comprender cómo se relacionan los ecosistemas con las actividades que sostienen la vida.

La estimación económica central del informe permite dimensionar la persistencia del daño. Bajo el escenario modelado, un episodio extremo produciría una pérdida acumulada equivalente a alrededor del 2% del PIB regional, con efectos desde su aparición y durante los tres años siguientes. Asociado a esa pérdida de ingresos, el número de personas en pobreza podría aumentar hasta en 4,8 millones hacia 2030, respecto de un escenario sin El Niño. Son resultados condicionados por los supuestos del análisis, no un destino inevitable; precisamente por ello, constituyen una advertencia sobre lo que las políticas deben evitar.

La duración de esos efectos obliga a ampliar nuestra idea de emergencia. Una cosecha perdida puede significar endeudamiento, venta de herramientas o incapacidad para financiar la siguiente siembra. La recuperación de las lluvias no devuelve automáticamente los recursos agotados. De manera semejante, reparar una carretera no restituye por sí mismo los ingresos que dejaron de percibir quienes dependían de ella. La reconstrucción debe considerar esas trayectorias, porque el deterioro social puede continuar cuando las imágenes del desastre ya desaparecieron de la atención pública.

El documento recuerda que durante El Niño de 2015-2016 alrededor de 3,5 millones de personas quedaron en inseguridad alimentaria en el Corredor Seco Centroamericano. Pero también recupera una experiencia distinta: en 2023-2024, la distribución anticipada de semillas tolerantes a la sequía y de ciclos cortos permitió a familias centroamericanas conservar parte de su producción. Entre ambos antecedentes aparece un espacio concreto para la acción: disponer de conocimiento, recursos y organización antes de que se pierdan los medios de subsistencia.

Anticiparse posee, por tanto, un contenido ético. Supone reconocer que una amenaza conocida crea responsabilidades presentes, aunque sus consecuencias todavía no sean visibles. Un sistema de alerta vale por las decisiones que permite tomar y por las personas que pueden actuar a partir de él. Para un agricultor sin crédito, agua almacenada o semillas alternativas, recibir un pronóstico puede resultar insuficiente. La información necesita convertirse en capacidad efectiva de protección.

Las recomendaciones de la CEPAL articulan infraestructura, cooperación regional, diversificación eléctrica, gestión hídrica y protección social. Esa convergencia merece atención: el agua conecta alimentación y energía; el deterioro de los ecosistemas compromete medios de vida; la pérdida de ingresos limita la adaptación. Atender cada problema desde una oficina aislada puede dejar intactas las relaciones que multiplican la vulnerabilidad.

Para México, esta lectura invita a incorporar el riesgo climático a la planeación del desarrollo y a examinar quiénes cuentan con medios para enfrentarlo. La prevención requiere continuidad presupuestaria, instituciones que aprendan y apoyos que lleguen antes de la pérdida. También exige valorar resultados menos visibles que una obra de reconstrucción: la cosecha preservada, el servicio que no se interrumpe, la familia que evita endeudarse. Una sociedad reduce su vulnerabilidad cuando consigue que el conocimiento del peligro se traduzca en protección compartida, especialmente para quienes no pueden procurársela por cuenta propia.

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Investigador del PUED-UNAM

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