En México, la corrupción e impunidad son grandes problemas que afectan a nuestra democracia. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2015, 51% de los mexicanos consideró que la corrupción es el segundo problema más grave del país. Asimismo, en 2016 México cayó 28 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción, publicado en enero de 2017 por Transparencia Internacional. Nuestro país obtuvo 30 puntos en una escala del 0 al 100, donde 0 es la nación peor evaluada en materia de corrupción.
Dentro de este índice, México se ubica en el último lugar de las 35 economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Al mismo tiempo, 40 posiciones separan a México de China, India y Brasil en el índice de corrupción, quienes son sus principales competidores económicos.
En el año 2015, la reforma en materia de combate a la corrupción estableció la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y en julio de 2016 se promulgaron las 7 leyes que lo conforman. El 30 de enero de 2017, el Comité de Selección del Sistema eligió a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.
Para comprender el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, es necesario conocer que su órgano central llamado “Comité Coordinador”, está integrado por el presidente del Comité de Participación Ciudadana, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el titular de la Secretaría de la Función Pública, el representante del Consejo de la Judicatura Federal, el presidente comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección del (INAI), por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y por el Fiscal Anticorrupción, el cual no aún no ha sido nombrado.
A su vez, para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción es indispensable y urgente que todos los estados de la República construyan Sistemas Locales Anticorrupción. La fecha límite para ello es el 18 de julio de 2017 y, de acuerdo con Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), sólo tres estados han desarrollado la base legal necesaria para la consolidación de sus sistemas anticorrupción.
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