¿Elección de abogados para abogados?

Durante décadas, el Poder Judicial ha sido visto por buena parte de la ciudadanía como una institución lejana, técnica y, en ocasiones, hermética. En un país donde la justicia cotidiana suele sentirse inaccesible o tardía, resulta natural que las decisiones sobre quiénes integran la cúpula del sistema judicial parezcan ajenas al interés público, sin embargo, el proceso actual para elegir a las personas que integrarán el Poder Judicial no debería repetirse bajo esa lógica. Hoy más que nunca es necesario evitar que esta elección se convierta en una elección “de abogados para abogados.”

Autor: Gabriel R. Covarrubias

La intención de abrir a elección popular los cargos judiciales de alto nivel —ya sea ministros, magistrados o jueces— ha generado una gran controversia jurídica, política y social. Si bien aún está en debate su efectividad, su viabilidad técnica y su pertinencia institucional, la discusión pública ya se instaló. El simple hecho de considerar que las personas puedan votar directamente por quienes aplicarán las leyes que nos rigen es, en sí mismo, un cambio de paradigma en la historia democrática del país.

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Es innegable que este cambio de paradigma enfrenta obstáculos considerables. El primero y más evidente es la baja participación ciudadana que se anticipa. Para muchos, el Poder Judicial sigue siendo una “caja negra” sobre la cual se tienen escasos referentes más allá de las noticias esporádicas o los escándalos mediáticos. La falta de familiaridad con sus funciones y con las personas que lo integran limita el entusiasmo popular frente a una elección que, aunque importante, no apela directamente a las emociones ni a las necesidades inmediatas de la población, como sí lo hacen las elecciones ejecutivas o legislativas.

A ello se suma la complejidad técnica del proceso. A diferencia de otros comicios, donde se elige entre candidaturas bien definidas y con plataformas más o menos comprensibles, la elección judicial podría incluir boletas extensas con decenas de aspirantes, perfiles sin exposición pública, y propuestas difíciles de distinguir para quien no está habituado al lenguaje jurídico. Si a esto se le agrega la ausencia de campañas claras o de mecanismos pedagógicos para acercar las candidaturas a la ciudadanía, se corre el riesgo de que la elección termine reducida a un ejercicio simbólico con bajo impacto en la legitimidad real del Poder Judicial.

El carácter novedoso de este tipo de elección también juega en su contra. La cultura cívica mexicana ha evolucionado lentamente, y apenas se consolidan prácticas de participación informada en elecciones generales. Introducir un nuevo modelo de elección, sin una fase previa de educación ciudadana robusta, puede abonar más a la confusión que al empoderamiento democrático. Además, la tentación de politizar el proceso desde los diferentes partidos políticos o los diversos poderes facticos podrían desvirtuar la promesa de independencia judicial que se busca fortalecer.

En este contexto, lo verdaderamente preocupante es que, hasta ahora, el debate en torno a esta elección solo ha captado el interés de una grupo: los abogados. Son los foros académicos, las columnas jurídicas y los círculos profesionales los que discuten con vehemencia los detalles del proceso. Mientras tanto, en la calle, la ciudadanía común apenas se entera —y a veces ni siquiera eso— de que está en puerta una elección que podría redefinir el equilibrio entre poderes en el país.

Por eso es vital que no permitamos que esta elección se transforme en una elección “de abogados para abogados.” El acceso a la justicia y la calidad de quienes imparten derecho son asuntos que impactan la vida cotidiana de todas las personas, no solo de quienes visten toga o litigan en tribunales. El Poder Judicial decide sobre nuestras libertades, sobre nuestros derechos laborales, sobre nuestras tierras y propiedades, sobre nuestras familias. En consecuencia, su integración debe ser de interés público, no solo gremial.

¿Cómo evitar este encierro? Primero, asumiendo que el proceso debe estar acompañado de una estrategia de comunicación accesible, que traduzca los términos técnicos al lenguaje ciudadano, que muestre con claridad qué está en juego y quiénes son los contendientes. Segundo, exigiendo transparencia y apertura en la selección de las candidaturas, para evitar que los mismos intereses que hoy critican al Poder Judicial terminen capturando el nuevo modelo. Y tercero, apostando por una educación cívica renovada, que no se limite a enseñar cómo votar, sino que forme a la ciudadanía para exigir justicia y participar activamente en su diseño.

La elección de cargos judiciales debe ser una oportunidad para abrir el sistema de justicia a la sociedad, no para cerrarlo aún más bajo el pretexto de tecnicismos. Debemos huir del riesgo de convertirnos en un gremio que se habla a sí mismo, mientras el resto del país observa con indiferencia o desconfianza. Esta no puede ser una elección de abogados para abogados. Tiene que ser una elección de toda la ciudadanía, en defensa de un poder judicial que, finalmente, sea también suyo.

Y hoy, más allá de todas las críticas, dudas o reservas que pueda despertar esta reforma, es tiempo de votar. La democracia no es solo el derecho de participar, es también la responsabilidad de hacerlo. Votar hoy no es validar automáticamente el diseño del proceso, ni tomar postura por una corriente política u otra. Votar hoy es ejercer nuestro compromiso con el país, con la justicia y con la construcción de instituciones más abiertas, más transparentes y más legítimas. Es nuestro deber, nuestra obligación y nuestro compromiso democrático.

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