Fracturas legales: Estado de derecho / Invitado: Dr. José Ramón Cossío

En México, no hay cercanía del orden jurídico vigente con su modelo ideal de Estado de derecho. En palabras del Ministro José Ramón Cossío, nuestro país carece de Estado de derecho o se encuentra seriamente afectado

Las diferencias entre el actual orden jurídico y su Estado de derecho ideal se observan en la inexistencia de un paradigma que determine lo que debe constituir al conjunto normativo y su funcionamiento, las contradicciones entre el sistema normativo y las acciones que buscan gestar con él; la contradicción con otras normas nacidas de supuestos e intenciones contrarias; la creciente mala calidad técnica de las normas jurídicas; la inadecuada capacitación de los órganos jurídicos para aplicar las normas; el avance de la anomalía encabezada por la corrupción y la extorsión; y el palpable aumento de la impunidad.

En efecto, según el documento más reciente publicado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, nuestro país se ubica entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe  en materia de combate a la corrupción y es el país peor evaluado tanto del G20 como de la OCDE, con una calificación de 29 puntos, en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 el mejor calificado en la materia.

Frente a este panorama, México tiene dos opciones: buscar un nuevo modelo o persistir en el actual. Debemos llegar a un acuerdo sobre el espíritu que debería animar nuestro Estado de derecho, pues el país necesita una narrativa que unifique y jerarquice sus prioridades jurídicas y normativas.

De acuerdo con el Ministro Cossío el establecimiento del Estado de derecho en una sociedad anómica, desigual y lastimada como la mexicana no es simple ni rápido. Sobre todo cuando las prácticas públicas y privadas –que las financian y recrean – propician las condiciones existentes. Sin embargo, México puede fortalecer su Estado de derecho si:

1. Revisar toda la normatividad vigente y establece un programa para reordenar el ejercicio de la facultad reglamentaria en los órdenes federal, local y municipal.
2. Moderniza los sistemas de registro de información, con el fin de generar bases de datos confiables y asequibles que permitan tomar decisiones y rendir cuentas.
3. Revisa integralmente el sistema de responsabilidades y sanciones de los servidores públicos y sus proveedores y se crean programas de capacitación permanentes.

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