Imagina a doña Carmen de 78 años, despidiéndose de la casa en la colonia Roma donde crió a sus hijos porque la renta se triplicó, o a Juan, el taquero de 30 años en Mazamitla, cerrando su negocio frente a restaurantes gourmet con precios en dólares. Sus historias son cada vez más comunes en CDMX, Oaxaca, Yucatán o Guanajuato y representan el rostro humano de la gentrificación en México. Sin embargo, cuando estas víctimas alzan la voz, una narrativa insidiosa intenta silenciarlas, acusándolas de “xenófobos” por señalar un fenómeno que, en esencia, es económico y de poder. Este texto defiende una tesis crucial para nuestros tiempos: Equiparar la crítica legítima a la gentrificación con la xenofobia es una manipulación discursiva peligrosa que desvía la atención de los verdaderos responsables (especuladores inmobiliarios, políticas públicas deficientes, corrupción en altas esferas) y victimiza nuevamente a quienes ya están siendo desplazados. Es un falso dilema que oculta la raíz del problema, un modelo que prioriza el lucro de unos pocos sobre el derecho humano a la vivienda y a la ciudad de los demás.
Escrito por: Guillermo Ramírez Rentería
La raíz del problema es económica, no de nacionalidad
La gentrificación no es un conflicto entre nacionalidades, sino un proceso económico de revalorización inmobiliaria excluyente. Sus motores son claros y medibles, la especulación descontrolada es el verdadero monstruo, conformado por fondos de inversión nacionales e internacionales, y grandes desarrolladoras inmobiliarias, que ven en las colonias “auténticas” u “originales” de ciudades mexicanas una oportunidad de oro. Compran propiedades, las remodelan (o construyen nuevos edificios de lujo), y las revenden o rentan a precios exorbitantes, inflando artificialmente el mercado. En CDMX, colonias como Juárez o Condesa han visto incrementos significativos en el valor del suelo en la última década, pero esto dista mucho de ser un fenómeno de grandes ciudades, pues prácticamente en cualquier ciudad de México los precios de renta han aumentado.
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La burbuja de los alquileres es otro elemento para pensar. Este incremento especulativo se traslada directamente a las rentas. Muchos extranjeros que llegan (especialmente los llamados nómadas digitales o personas jubiladas extranjeras) lo hacen, efectivamente, porque fueron desplazados en sus países de origen por dinámicas similares. Sin embargo, su capacidad de pago, sustentada en divisas fuertes como dólares o euros, les permite ofrecer mucho más que el local promedio, incluso pagando meses por adelantado, acelerando el alza general. No es “maldad” de los extranjeros, es una desigualdad estructural global que impacta localmente.
Finalmente, la turistificación masiva gracias a plataformas como Airbnb han convertido miles de viviendas permanentes en alojamientos turísticos de corta estancia, reduciendo drásticamente la oferta de vivienda asequible y de periodos largos para residentes. Ciudades como Oaxaca o Playa del Carmen enfrentan una crisis habitacional agudizada por este modelo. Cada departamento convertido en Airbnb es una familia local menos que puede vivir en el centro de su ciudad natal.
El resultado es un desplazamiento forzoso y sistemático de familias trabajadoras, adultos mayores con rentas que solían estar congeladas, comercios tradicionales incapaces de competir o de pagar la nueva renta, jóvenes profesionales mexicanos sin acceso al mercado formal y con sueldos precarios. Este es el hecho concreto, o sea la razón “observable”, mientras que el problema es el modelo económico extractivista aplicado al espacio urbano, no la procedencia de quienes terminan ocupando (a un precio premium) las viviendas revalorizadas.
La trampa discursiva. Guerra entre pobres y bloqueo del verdadero debate
La segunda base expone la manipulación. Al etiquetar automáticamente cualquier crítica a la gentrificación como “xenofobia” o “chauvinismo”, se ejecuta una estrategia discursiva perversa donde culpar a las víctimas es el primer paso. Pero entonces ¿es xenófoba doña Carmen, que teme terminar sus días lejos de su red de apoyo en el barrio donde creció y vivió toda su vida?, ¿Lo es Juan el taquero, cuya clientela local desaparece frente a precios de alquiler inalcanzables?. Reducir su desesperación y su legítima protesta por vivienda digna y sobrevivencia económica a un prejuicio nacionalista es una forma cruel de revictimización que debe ser exhibida. Su lucha es por derechos básicos, no contra personas por su origen.
El efecto que se busca con estas narrativas es desviar las culpas. Esta retórica es la perfecta cortina de humo para los verdaderos ganadores: los especuladores inmobiliarios que obtienen ganancias astronómicas, las clases acomodadas locales que se benefician de la “revalorización” de sus propiedades y la llegada de servicios “exclusivos”, la nueva sensación de seguridad del barrio, sin dejar de mencionar a los gobiernos permisivos que carecen de políticas efectivas de vivienda y control urbano. Como diría el geógrafo David Harvey, esto es un claro ejemplo de “acumulación por desposesión”, donde la plusvalía se genera mediante la expulsión de poblaciones vulnerables de espacios valorizados. La narrativa de la xenofobia tiene el único objetivo de proteger a estas personas contra la crítica legítima.
El segundo objetivo de la narrativa es dividir a la clase trabajadora, pues la acusación de xenofobia fomenta una “guerra entre pobres”. Pone en conflicto potencial a la familia mexicana desplazada con el nómada digital estadounidense o el jubilado canadiense que también busca asequibilidad (aunque desde una posición relativamente privilegiada). Esta división debilita la resistencia colectiva contra el verdadero enemigo común: el capital financiero especulativo y las políticas que lo favorecen derivadas de corrupción a altos niveles. Es la estrategia clásica del “divide y vencerás” aplicada al espacio urbano. Este marco discursivo, amplificado por ciertos medios y voces de las clases altas que buscan “blanquear” su rol en la elitización, convierte una cuestión de desigualdad económica y derechos vulnerados en un falso debate moral sobre tolerancia, oscureciendo las causas estructurales originarias.
Derechos, soluciones y el límite de la legítima defensa
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por México, establece en su Artículo 11 el derecho de toda persona a “un nivel de vida adecuado […] que le asegure, así como a su familia, […] la vivienda”. La gentrificación descontrolada viola flagrantemente estos principios al hacer la vivienda inasequible y desplazar a poblaciones vulnerables. A nivel internacional informes de las Naciones Unidas lo han señalado. Relatores especiales sobre el derecho a la vivienda han alertado repetidamente sobre los impactos negativos de la financiarización de la vivienda y la turistificación masiva en los derechos humanos, instando a los Estados a regular. De hecho, hay experiencias internacionales al respecto. Ciudades como Berlín han congelado de forma temporal las rentas, Barcelona multa a pisos turísticos ilegales o Viena que ha realizado una fuerte inversión en vivienda social. Estos ejemplos demuestran que existen políticas públicas que pueden mitigar la gentrificación y priorizar el derecho a la vivienda. Son ejemplos de que regular el mercado no es xenofobia, es proteger derechos. En México, la pasada marcha contra la gentrificación en CDMX es una muestra de las protestas contra el desplazamiento y una exigencia basada en derechos, no en el lucro especulativo.
Sin embargo, es crucial reconocer la excepción. Sí existen, de manera aislada pero real, expresiones xenófobas o chovinistas dentro del descontento popular contra la gentrificación. Atacar a alguien solo por ser extranjero, usar estereotipos ofensivos o promover la exclusión basada en la nacionalidad es inaceptable y debe ser condenado. Sin embargo, esta excepción no invalida la problemática central, por lo que no se debe confundir la crítica estructural y económica a la gentrificación con estos actos aislados de xenofobia es precisamente la trampa que beneficia a los poderosos. La legítima defensa del territorio y la vivienda por parte de las comunidades no es intrínsecamente xenófoba.
Conclusión
El debate sobre la gentrificación en México no puede seguir secuestrado por un falso dilema moral. La lucha de doña Carmen, Juan y miles más no es contra el extranjero, sino contra un sistema que mercantiliza la vivienda y el espacio urbano, expulsando a quienes no pueden pagar la entrada a la “ciudad renovada”. Equiparar su resistencia con la xenofobia es un acto de violencia simbólica que protege a los verdaderos responsables.
La solución no está en enfrentar a pobres contra pobres, sino en exigir colectivamente control público de alquileres que generen mecanismos que eviten aumentos abusivos y aseguren asequibilidad, leyes anti especulación que graven de forma progresiva a viviendas vacías, regulación estricta a fondos buitre inmobiliarios, transparencia en transacciones, protección efectiva del comercio local con políticas que eviten su desplazamiento por rentas imposibles, limitación real a los pisos turísticos con cupos estrictos y fiscalización rigurosa para que la vivienda vuelva a ser para vivir e inversión masiva en vivienda social y digna para contrarrestar la exclusión.
La auténtica solidaridad exige denunciar al capital global que especula con la vida de las personas, ya sea en Londres, Nueva York o Ciudad de México. Exige escuchar a los desplazados sin prejuicios y nunca utilizar la bandera legítima de la lucha contra la xenofobia para silenciar las justas demandas por vivienda y ciudadanía plena. Defender el derecho a no ser desplazado por la fuerza del capital no es xenofobia, es justicia social.
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