México y la nueva geopolítica de las drogas

La National Drug Control Strategy 2026 presentada el de mayo de 2026 por el gobierno de los EEUU es nuevo documento estratégico, complementario a las redefiniciones de ese país en materia de seguridad y doctrina militar hemisférica y regional, que reorganiza el campo de inteligibilidad del fenómeno de las drogas y, con ello, de la arquitectura misma del poder en América del Norte. Bajo la apariencia de una respuesta técnica a la crisis del fentanilo, se articula una racionalidad que combina securitización extrema, economía política del castigo y una nueva geografía de la responsabilidad.

Escrito por:  Saúl Arellano

Resulta evidente que el documento no describe un problema: lo produce. Al nombrar a los cárteles como organizaciones terroristas y al fentanilo como arma de destrucción masiva, no sólo se intensifica la gravedad del fenómeno, sino que se habilita un régimen de excepción. Esta mutación semántica tiene consecuencias materiales: amplía las facultades punitivas del Estado, legitima la extraterritorialidad de la acción penal y borra las fronteras entre seguridad pública y seguridad nacional.

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Pero este desplazamiento no puede entenderse sin su inscripción en la economía política contemporánea. Desde una lectura postmarxista, la estrategia revela la forma en que el capitalismo tardío gestiona sus propias contradicciones. El mercado de drogas —ilegal, globalizado, altamente rentable— no es un residuo del sistema, sino una de sus expresiones más coherentes: desregulación, maximización de ganancias, innovación química, precarización de la vida. En este contexto, la guerra contra las drogas opera como un dispositivo de regulación violenta de los excedentes humanos y territoriales que el propio sistema produce.

En este contexto, nuestro país es posicionado como una pieza estructural de esta economía política del control. No como socio, sino como espacio de externalización del conflicto. La estrategia estadounidense lo sitúa, implícitamente, en una doble condición: territorio de riesgo y plataforma operativa de actores criminales transnacionales. Es evidente que la exigencia de “responsabilidad” hacia el Estado mexicano no es simétrica; responde a una lógica centro-periferia en la que la seguridad del Norte se construye mediante la intensificación del control en el Sur.

En este marco, la criminalidad se inserta como un factor funcional para un orden global desigual. Las organizaciones criminales además de traficar sustancias ilícitas administran territorios, regulan mercados laborales informales, producen formas de gobernanza. La respuesta estatal -militarización, persecución financiera, intervención territorial- tiende a reproducir las condiciones que hacen posible su existencia.

La estrategia de 2026, con su retórica de “victoria total”, insiste en una promesa que históricamente ha demostrado su carácter ilusorio. No porque el Estado carezca de capacidad coercitiva, sino porque el objeto que pretende erradicar está estructuralmente imbricado con las dinámicas del capitalismo global. La insistencia en la eliminación de la oferta ignora que la demanda no es un simple dato cultural, sino una expresión de malestares sociales más profundos: precariedad, desarraigo, sufrimiento psíquico.

En este escenario, México enfrenta la presión externa a la par del reto de no reproducir una lógica que ha demostrado su capacidad para generar más violencia que la que pretende erradicar.

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Investigador del PUED-UNAM

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