Nuestra incipiente gestión de riesgos

Los fallecidos por las inundaciones en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro entre el 9 y el 10 de octubre, ya habían llegado a 80 según los reportes actualizados dos semanas después. Se trata de un desastre considerable, no solo por las vidas perdidas, sino también por la destrucción del patrimonio de tantas familias y de la afectación a la infraestructura productiva, de comunicaciones y servicios sociales, de mobiliario urbano y otros bienes públicos.

Escrito por:  Enrique Provencio D.

Los daños pesarán en el desarrollo de las personas y comunidades, y en muchos casos harán más difícil la salida de la pobreza. Hay regiones en las que los desastres son recurrentes y recrudecen los círculos del rezago y la marginación social, pues la recuperación es lenta y en muchas ocasiones incompleta. En esos casos, las comunidades y familias quedan más vulnerables que antes. Como se comentó aquí en México social en la entrega anterior  < https://www.mexicosocial.org/desastre/  > pasada la emergencia será necesario revisar a fondo el funcionamiento del Sistema Nacional  de Protección Civil y todo el entramado institucional, operativo, financiero y funcional de la gestión integral de riesgos de desastres, que debería estar siempre en revisión continua.

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 En realidad, la forma que toman las recuperaciones es crucial para la reducción futura del riesgo, pues lo aconsejable es un restablecimiento que permita resistir mejor las amenazas posteriores, que sin duda alguna volverán a presentarse. Esto es algo muy complejo, por supuesto, pues en plena respuesta inmediata las urgencias se centran en salvar vidas y proporcionar las ayudas indispensables para quienes perdieron o vieron muy maltratadas sus propiedades, desde las viviendas hasta sus negocios. La movilización que han impulsado las autoridades federales es notable,  con una gran capacidad de respuesta. <  https://www.gob.mx/reporteporlluvias/nav-personas >. Esta fortaleza no debería limitarse a la reacción inmediata, sino extenderse a todas las fases de prevención y preparación, incluyendo las capacidades relacionadas con las alertas tempranas y su consideración por parte de las autoridades estatales y municipales, lo que tuvo tantas deficiencias en estas lluvias torrenciales de octubre.

Como también se comentó en la entrega anterior, hay tres dimensiones de la prevención que necesitamos atender: adaptación, vulnerabilidad y gestión integral de riesgos de desastres (GIRD). Son tareas simultáneas, no secuenciales, y que pueden sobreponerse y confundirse ya que tienen tareas comunes. Por adaptación se entiende, de forma resumida, como las acciones que debemos poner en marcha para responder a los impactos de la variabilidad climática, de tal modo que moderemos los daños en la sociedad y en la naturaleza. En México desde hace por lo menos 25 años venimos hablando del tema y estudiándolo, constatando que las amenazas hidro meteorológicas son crecientes y están generando cada vez más alteraciones negativas.

La perspectiva, con muy alto nivel de certeza, es que en muchas regiones esa tendencia se agravará, sobre todo en las comunidades, poblaciones, sistemas productivos, infraestructuras o instalaciones más expuestas a los  peligros naturales. Los problemas están identificados, pero se requiere un trabajo más intenso para registrarlos con mas detalle, y a partir de eso tener planes de adaptación que permitan enfrentar mejor los riesgos. Para comenzar, seguimos careciendo de un programa nacional de adaptación, aunque se viene prometiendo desde 2012, por lo menos. Recientemente las autoridades ambientales se comprometieron a tenerlo pronto, quizá en 2026, y lo siguiente será que los estados y municipios formulen y apliquen el suyo, lo cual será una tarea enorme. Deben ser programas de anticipación, pero con proyectos inmediatos para orientar la ocupación del territorio, y aplicar las medidas que reviertan el desorden que tenemos en muchas zonas muy expuestas a peligros de todo tipo.

Pero, como bien se sabe, no funcionará la adaptación si no se reduce la vulnerabilidad social, esa condición que resulta no solo de ser más susceptibles a las amenazas naturales por vivir en sitios más expuestos, tener viviendas precarias, no disponer de información adecuada y oportuna y así con otras carencias, sino también de no contar con preparación suficiente ni capacidades para anticipar y afrontar peligros. Típicamente, la vulnerabilidad es mayor en comunidades de mayor rezago, con más dificultades para desarrollar defensas para reducir los riesgos, y en regiones que han sufrido más deterioro en sus ecosistemas, lo que potencia efectos destructivos de lluvias o de sequías intensas. Parte de la vulnerabilidad puede reducirse con organización, aprendizaje, comunicación, toda una cultura de prevención, lo que supone políticas de GIRD, pero la parte central es de desarrollo y superación de pobreza. Es por esto que la adaptación y la menor vulnerabilidad no son solo prioridades ambientales o de ordenamiento urbano, sino de estrategia de desarrollo.

La GIRD, por su parte, comprende tanto la atención a las causas estructurales del desastre como a todas las etapas necesarias para prevenirlos y prepararse para afrontarlos, como a las de respuesta y auxilio, de recuperación y reconstrucción. En los hechos, sin embargo, el sistema de protección atiende poco dichas causas, por lo que hay mucho trabajo por delante para que se integre con las tareas de mitigación y de reducción de la vulnerabilidad. Desde 2019 el trabajo institucional federal de gestión de riesgos se ubicó en la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, sin una justificación convincente sobre la pertinencia de colocar ahí funciones que son eminentemente civiles. Las capacidades de auxilio a la población son el principal campo en el que se han desarrollado capacidades institucionales de respuesta, como se visto estas semanas, pero seguimos con grandes dificultades en la previsión, preparación, recuperación y reconstrucción.

Un índice que elaboró el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) en 2024, identificó como incipiente la capacidad promedio nacional gestión de riesgos. Un estado fue ubicado como sobresaliente (Chiapas),  y treces estados quedaron catalogados en una condición de aceptable, entre ellos Veracruz, por cierto. Las restantes 18 entidades quedaron en una clasificación de incipiente. A saber si quienes diseñaron la metodología de clasificación revisaron el diccionario, pero según la RAE, incipiente significa “que empieza”, y tiene como sinónimos, entre otros, los de naciente, inicial, embrionario, rudimentario, nuevo y primerizo.

Ese índice de gestión tiene cuatro componentes. Primero, el de identificación de riesgos, segundo el de reducción, tercero el de atención de emergencias, y cuarto, el de protección financiera. Solo el de atención alcanza el nivel de apreciable en promedio, aunque doces estados alcanzan apenas el grado de incipiente. El peor componente es el de protección financiera. Y hablando de atención financiera, es lamentable que el presupuesto del CENAPRED se haya reducido en 32 por ciento de 2024 a 2025, porque ese Centro, una de las instituciones más nobles de nuestro país, y que debería ser protegida a toda costa, debe ser la cabeza del esfuerzo nacional en el desarrollo del conocimiento y de los instrumentos para identificar los riesgos y para orientar las políticas para reducirlos.

El Documento analítico del índice de gestión del riesgo de desastres, 2023, del CENAPRED, se encuentra en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/979810/Doc_Analitico_Indice_Gestion_del_Riesgo_2023.pdf

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