Justicia para la gente y el planeta

Greenpeace International ha establecido diez principios que son considerados por la organización como fundamentales para detener los delitos ambientales y las violaciones de los derechos humanos por parte de las corporaciones

El documento fue publicado poco antes de que iniciara el Foro Económico Mundial (FEM) en Davos en donde activistas de Greenpeace erigieron una estatua de 6 metros representado a la justicia.

En dicho reporte se hace un llamado a todos los gobiernos para el establecimiento de reglas que sean globalmente vinculantes en materia de responsabilidad corporativa; el documento señala que en muchas ocasiones son los gobiernos los que trasgreden estas reglas (ya sea de manera voluntaria o involuntaria) al otorgar impunidad a empresas transnacionales. Cabe señalar que en el reporte se hace mención a 20 empresas que estarían presentes, como patrocinadores oficiales, en el FEM en Davos.

Greenpeace destaca que los casos que se incluyen en Justicia para la gente y el planeta evidencian la manera en que las empresas han cometido abusos respecto de “la legislación mercantil, fiscal y de inversión y las lagunas en el derecho internacional” [1] con el propósito de actuar a expensas del medio ambiente y de los derechos humanos.

Los diez principios que propone la organización se enumeran a continuación:

1. “Las personas y el medio ambiente, no las empresas, han de estar en el centro de la gobernanza y la vida pública.
2. La participación pública debería ser inherente a toda formulación de políticas.
3. Los Estados deberían abandonar las políticas que afectan al medio ambiente y a los derechos humanos.
4. Las corporaciones deberían estar sometidas a reglas vinculantes tanto donde están basadas como donde operan.
5. Los Estados deberían exigir informes de diligencia debida y responsabilidades de principio a fin por productos y servicios de las empresas.
6. Los Estados deberían apoyar que se haga esto prohibiendo a las corporaciones que realicen actividades en el extranjero que están prohibidas en su país de origen por motivos de riesgos al medio ambiente o a los derechos humanos.
7. Los Estados deberían formular políticas que proporcionen transparencia en todas las actividades empresariales y gubernamentales que tengan un impacto sobre el medio ambiente y los derechos humanos, inclusive en regímenes de comercio, impuestos, finanzas e inversión.
8. Las empresas y aquellas personas que las dirigen deberían ser responsables de las violaciones de los derechos humanos y los daños medioambientales cometidos en su país o en el extranjero por compañías bajo su control.
9. A las personas afectadas por violaciones de los derechos humanos y daños medioambientales se les debería garantizar su derecho a un acceso efectivo a compensación, cuando sea necesario, incluso en los países de origen de las empresas.
10. Los Estados han de hacer cumplir de verdad los marcos normativos y políticos que crean”[2].

Con información de: www.greenpeace.org

[1] Justicia para la Gente y el Planeta. Greenpeace. 2018.Disponible en: https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2617486/Greenpeace/Desarrollador%20CMA/Responsabilidad%20Corp/RESUMEN%20EJECUTIVO.pdf?t=1516309748807

[2] Ídem.