La democracia mexicana en caída libre

El Informe sobre la democracia 2025. 25 años de autocratización: ¿democracia truncada? de Varieties of Democracy (V-Dem), sitúa a México en una “zona gris” entre la democracia liberal y la democracia electoral, con una tendencia descendente hacia la autocratización. Existe una serie de condiciones que explican esta calificación que tienen que ver en su mayor parte con la pérdida alarmante en libertad de expresión, así como en la calidad deliberativa.

Escrito por: Alejandro Sahuí

El deterioro de la libertad de expresión identifica el asedio a los medios de comunicación, la seguridad de los periodistas, la libertad ciudadana para debatir cuestiones políticas y la libertad de expresión académica y cultural. El asunto de la deliberación mide si el razonamiento público es inclusivo, si se respeta la oposición, el pluralismo y los contraargumentos. Vanessa Romero Rocha muestra el retroceso deliberativo con las últimas reformas constitucionales realizadas en tiempo récord sin tiempo ni ánimo de debatirlas y darlas a conocer. El problema no es que el gobierno impulse su agenda sino el completo desinterés en justificarlas, que es una señal de menosprecio hacia la ciudadanía.

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Hay otros aspectos que el informe evalúa relacionados con el funcionamiento del régimen político: si las elecciones son libres y equitativas, la ausencia de fraudes, de irregularidades sistemáticas, de intimidación a la oposición, compra o manipulación de los votos y violencia electoral. El documento recuerda que en 2024 México “celebró las elecciones más sangrientas de su historia reciente, con al menos 37 candidatos asesinados”.

De manera más reciente, con el gobierno de Claudia Sheinbaum, la reforma al poder judicial confirma la tendencia hacia el desarreglo electoral. Hay que recordar que el Instituto Nacional Electoral, órgano encargado de la integridad del voto, observó irregularidades graves en el proceso. Este señalamiento le valió una reprimenda pública por parte de la presidenta, quien ha anunciado una reforma del árbitro electoral por enemistarse con la voluntad del pueblo.

Según el informe en los últimos tres años se dio una caída antidemocrática “dramática”. Dicha caída no radica en el triunfo electoral de un único partido en el congreso y a nivel subnacional. Cabe esperar que el control del legislativo sobre el ejecutivo disminuya cuando comparten la misma ideología programática. Es lo normal que el partido gobernante busque construir y fortalecer su hegemonía a través de diferentes reformas.

En México, sin embargo, las principales reformas apuntan a la concentración del poder político y la desaparición de los órganos de supervisión, control y rendición de cuentas. No se trata de mejoras en las políticas de bienestar, el fortalecimiento del Estado social o la necesaria reforma fiscal.

El cambio en el poder judicial debilita la función del principal órgano garante de la constitución; no consiste solamente en un reemplazo de sus operadores, sino ataca la lógica con la que debe trabajar. En primer lugar, queda en duda su independencia debido a los compromisos de las campañas, a su financiamiento o a la guadaña del tribunal de disciplina judicial, cuya misma denominación lo torna temible. En segundo lugar, se restringe su poder al eliminarse los efectos generales de las sentencias de amparo y prohibirse la suspensión dichos efectos de las normas que sean inconstitucionales.

Por lo anterior, lleva razón Javier Rosiles cuando observa que el régimen mexicano apenas comienza a ser transformado. No cualquier cambio legislativo, ni siquiera del orden constitucional, afecta el núcleo y la naturaleza del poder político. Es necesario que las reformas muevan las reglas del acceso al poder, las condiciones de la inclusión y la participación.

La reforma al poder judicial, el anuncio de la reforma al órgano electoral y a la representación política de las minorías toca la sala de máquinas constitucional, que es donde están las correas de transmisión de la voluntad popular, del autogobierno ciudadano. En México, pese a la indiscutible popularidad de la presidenta, hay muchas señales de alarma de endurecimiento del régimen. La polarización política y la violencia criminal persisten, y su amenaza orienta peligrosamente la respuesta institucional en dirección a la militarización del país, con los riesgos conocidos que ello entraña.

En aras de la legitimidad es necesario abrir los canales de diálogo con todos los actores sociales, con buena fe y confianza. De otro modo México continuará en caída libre en las próximas evaluaciones de la calidad democrática, con las malas noticias que eso implica en materia de derechos y libertades.

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