La fractura del pacto constitucional con la niñez

Hay una indignación, limitada y a la vez sin la potencia necesaria para conmover al país, respecto de las cifras relativas a la mortalidad infantil en México. De acuerdo con el Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal, 2025, este indicador se ubicó en 13.7 defunciones por cada mil nacimientos en 2015, se redujo a 10.2 en 2021, y volvió a elevarse hasta 14.6 en 2025.

Escrito por:  Saúl Arellano

Detrás de ese dato late una herida profunda, una fractura en la universalidad y la indivisibilidad de los derechos humanos que proclama el artículo 1º constitucional. Porque no hay derecho humano que resista el peso de la muerte de quienes son, por su condición, los rostros desnudos del Otro radical: niñas y niños cuya fragilidad no es desventaja sino proclama ética, que desde la vulnerabilidad nos interpela más allá del deber jurídico.

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El principio de la universalidad se rompe aquí -la mortalidad infantil crece y algunos ya parten apenas unos meses después de nacer en un mundo que convenimos habitar juntos- poniendo en entredicho nuestro pacto constitucional. Si existir es un derecho, su negación sistemática es una violencia hacia la infancia. La indivisibilidad de los derechos continúa su desgarre: ¿cómo hablar de igualdad, de educación, de salud, de desarrollo, cuando la muerte calla sus posibilidades? La interdependencia, aquella red sutil que vincula cada derecho con los demás, se niega ante la defunción prematura.

La integralidad se evapora en la fría estadística, cuando detrás late un cuerpo pequeño interrumpido. En este espejo cruel, se grita el incumplimiento del artículo 4º constitucional: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez…”; “los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”. Pero los datos oficiales contradicen la promesa.

Esas cifras revelan fracturas estructurales: desigualdades, políticas para la infancia abandonadas, pobreza, violencia, abandono, y suma y sigue… Todo ello es simiente de muerte, evidencia concreta de un Estado que olvida a sus integrantes más frágiles.

Al encontrarnos con el Otro radical, con esa niña o ese niño que no ha tenido voz, somos convocados al silencio compasivo, a una irrenunciable responsabilidad. Cada muerte infantil evitable es un fracaso moral de nuestra sociedad. Donde debería haber garantía de la promesa de derechos universales y tutela integral, hay abandono y muerte; en efecto, la mortalidad infantil creciente desnuda esa distancia: mientras el derecho existe en papel, el cuerpo infantil es ignorado.

En ese espacio donde el Otro radical debería ser cuidado con celo, la violación de los artículos 1º y 4º constitucionales es flagrante: fractura de universalidad, destrucción de indivisibilidad, aniquilación de integralidad, desdibujo de interdependencia.

Lo exigible es que esas cifras nos levanten del letargo. Que la escucha de la llamada muda del otro más frágil, se transforme en exigencia política: dejar de tolerar que mueran quienes encarnan la promesa más potente de nuestras convicciones constitucionales.

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Investigador del PUED-UNAM

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