Esta semana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) celebró un aniversario más. Fue creado por decreto presidencial el 25 de enero de 1983, y su figura jurídica fue la de un organismo descentralizado de la entonces Secretaría de Programación y presupuesto, y su primer presidente fue el economista Pedro Aspe Armella, quien sería posteriormente Secretario de Hacienda.
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A pesar de lo anterior, es importante poner en contexto la creación del instituto. De hecho, puede afirmarse que muy escasas instituciones del Estado mexicano pueden presumir una existencia histórica de tan larga data como la del INEGI. Si acaso, la Lotería Nacional, que de algún modo ha conservado su nombre desde el siglo XIX, y el Sistema Nacional DIF, cuyo primer antecedente estaría igual en el siglo XIX con la Dirección de la Beneficencia Pública creada por el Presidente Juárez.
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En el caso del INEGI, su antecedente se remonta al siglo XIX, con la Dirección General de Estadística, la cual fue creada con el objetivo de diseñar y levantar el primer censo de la República mexicana, en el año de 1895. Desde entonces, la institución cambió de adscripción administrativa; y fue precisamente sobre las capacidades históricas de esta dependencia, que se creó al INEGI como un organismo con autonomía técnica del Gobierno mexicano.
Posteriormente, en 2008 se llevó a cabo una reforma constitucional al Artículo 26, incorporando el Apartado B, mediante el cual se dotó al INEGI de autonomía constitucional, a la par que se le dio la atribución de coordinar al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
Es importante decir también que el inmenso caudal de experiencia y conocimientos acumulados a lo largo de las décadas ha llevado a que el INEGI sea una de las instituciones mexicanas que gozan de mayor credibilidad. Sus métodos, procedimientos y técnicas de recolección y procesamiento de datos, le han dado una solidez y robustez mayores.
Adicionalmente, el INEGI puede considerarse como una de las instituciones más transparentes en el país. Su Junta de Gobierno, integrada de manera plural y diversa, y el equipo científico y técnico que permiten la generación y procesamiento de la información oficial pública, garantizan un manejo objetivo y riguroso de los datos; los cuales se encuentran disponibles todo el tiempo para toda aquella persona que quiera conocer su diseño conceptual, metodológico y evidentemente, el conjunto de datos y microdatos que se generan prácticamente todos los días.
Vale la pena señalar dos ejemplos que permiten dimensionar la relevancia del INEGI: el primero de ellos es el relativo a que, esta misma semana, se dieron a conocer los resultados del Censo de Población y Vivienda, 2020. Se trata de un ejercicio titánico, mediante el cual sabemos que somos poco más de 126 millones de habitantes en nuestro país; pero, sobre todo, tendremos -a pesar de la pandemia-, datos precisos respecto de las condiciones del país justo en el momento previo al confinamiento. La solidez, objetividad y confiabilidad de esos datos garantizan información suficiente para mejorar los sistemas y modelos de planeación y toma de decisiones para el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
El segundo ejemplo es el esfuerzo que ha hecho el INEGI para dar a conocer los datos relativos a las defunciones registradas entre enero y agosto del 2020, lo cual permite dimensionar el impacto de la pandemia de la COVID19 en la mortalidad del país, y con ello, nos ofrece información con base en la cual se puede llevar a cabo un análisis objetivo respecto del mal manejo que se ha tenido tanto frente a la emergencia sanitaria, como respecto de la económica.
Ya lo había sostenido en otro texto, pero vale la pena reiterarlo: el INEGI es una de las instituciones mexicanas que, como diría don Gilberto Rincón Gallardo, a fuerza de verlas, perdemos dimensión de su relevancia, pero cuya ausencia un solo día en el panorama institucional nacional, bastaría para darnos cuenta de lo importante y necesarias que son para el país.
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Investigador del PUED-UNAM
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