Desconcierta que la actual administración diario ofrezca cifras relativas a los problemas nacionales, que poco dicen frente a las magnitudes y complejidad estructural que alcanzaron en las últimas décadas.
En la llamada “Era de la Información”, ningún gobierno, en ningún orden o nivel, puede prescindir de información de calidad para tomar decisiones; el diseño de las políticas públicas, su implementación y su evaluación requieren de criterios técnicos imprescindibles y de herramientas de alta especialidad.
Desde esta perspectiva, la diferencia entre los tipos y perfiles de los gobiernos se establece desde las prioridades y los objetivos que se toman como responsabilidad. Es un hecho que existe una importante distancia entre un gobierno que afirma que su prioridad es poner en el primer orden de importancia de sus intervenciones a los pobres, frente a uno que fija como prioridad mantener a toda costa “los fundamentales de la economía”.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido enfático en su posición: se define como “posneoliberal”, y en ese sentido, incluso el Plan Nacional de Desarrollo que ha presentado tiene una narrativa radicalmente distinta a lo que se había presentado desde 1982. Aún más, en su defensa pública se ha sostenido que se trata de una visión que debe ser ponderada y medida “más allá y con otros indicadores” que los “utilizados tradicionalmente”.
Por esto desconcierta que, respecto de los mayores problemas del país, la actual administración, literalmente todos los días, ofrezca datos relativos a los problemas nacionales, que poco o nada dicen frente a las magnitudes y complejidad estructural que alcanzaron en las últimas décadas.
Frente a problemas estructurales, el adecuado manejo de los datos es indispensable, pero estos sólo tienen sentido en el mediano y largo plazo, sobre todo cuando se trata de evaluar la eficacia de una política pública. Así, por ejemplo, un conteo diario de homicidios dolosos tiene poca razón de ser, cuando las matanzas se mueven de un lado a otro del territorio nacional, obedeciendo a las perversas lógicas del crimen organizado, más que a la presencia o ausencia de las fuerzas de seguridad.
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Siguiendo ese ejemplo, destacan Morelos y Guanajuato; el primero, con un repunte de casos de homicidios, y el segundo, en el primer lugar nacional en número absoluto de asesinatos y masacres, –y donde se dice que ha comenzado un descenso en las cifras–, pero continúan ocurriendo casos como el asesinato perpetrado en contra del líder nacional del Sindicato de la Industria Petroquímica.
Por ello, urge comenzar un diálogo público nacional que parta del reconocimiento de la complejidad nacional y sus magnitudes. En ese sentido, destacan los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, dados a conocer por el Inegi la semana pasada: somos 125 millones de mexicanos; somos un país de alta migración; y se mantienen bajos niveles de cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, particularmente, de las más jóvenes.
Cada año mueren más de 250 mil personas por causas prevenibles y cada año nacen 2.3 millones de niñas y niños, de los cuales, alrededor de 400 mil son hijas e hijos de mujeres menores de 19 años; y nuestra tasa de mortalidad infantil es cinco veces superior a la de países como Alemania.
Frente a esta realidad, los datos de la coyuntura diaria palidecen y el impacto que dejan ver resulta marginal frente a la difícil situación heredada a esta administración, pero que es su responsabilidad transformar para transitar hacia un país con crecimiento sostenido, capacidad de distribución justa de la riqueza y, en general, con elevados niveles de bienestar.
Es cierto que la corrupción, la pobreza y el empleo precario son temas urgentes en nuestro país; pero el gobierno federal no debe olvidar que también la elección de qué datos son los que se eligen para evaluar su impacto son reflejo de sus prioridades y valores.
Desde esta perspectiva, resulta urgente incorporar a la narrativa gubernamental asuntos cuya solución es impostergable: el trabajo infantil, la mortalidad materna, la mortalidad de niñas y niños antes de cumplir el primer año de vida, o la de quienes mueren antes de los cinco años por enfermedades diarreicas y respiratorias, y también por desnutrición.
Mario Luis Fuentes es investigador del PUED-UNAM. Síguelo en: @MarioLFuentes1
