Casi finalizada la hecatombe electoral judicial, solo falta la etapa denominada impugnativa y las respectivas resoluciones judiciales, a más tardar el 28 de agosto la última de ellas.
Escrito por: Sergio González Muñoz
Tres días después, el día 1° de septiembre próximo, arrancará la nueva época del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales de 19 estados que también eligieron en todo o en parte a sus personas juzgadoras locales. Por el método de acceso al cargo, es decir el voto popular, es inconcuso que la conducta judicial podría cambiar de manera superlativa.
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Con motivo de esta peculiar coyuntura, conviene recordar la sabiduría convencional del estudio de la conducta judicial, que dice que hay que estudiarla desde tres modelos o enfoques dominantes: el legal, el de actitud y el estratégico.
En el primero de ellos, las y los jueces sólo quieren resolver interpretando la ley y seleccionando, entre varias, la alternativa de solución que cuente con mejores méritos jurídicos. Es decir, según este enfoque, las personas juzgadoras deciden con independencia del entorno político, económico y social del pleito y buscan la mejor interpretación legal posible.
En el modelo de actitud, las y los juzgadores sólo quieren hacer buenas políticas públicas a través de sus sentencias y, precisamente por ello, seleccionan la resolución del caso que cuente con mejores méritos como política pública. A estos jueces les preocupa el entorno alrededor de la controversia.
Finalmente, en el modelo estratégico, el más sofisticado y de prevalencia casi universal, los jueces tratan de hacer buenas políticas públicas desde (o con) sus resoluciones, pero en este caso, están dispuestas y dispuestos a sacrificar sus propias convicciones, al menos de manera temporal, para lograr avances, aunque sean graduales, en las políticas públicas en cuya simpatía militan. Estos juzgadores calculan deliberadamente los impactos y los desenlaces políticos, económicos y sociales de las diferentes opciones de fallo.
Contra esta “costumbre” analítica histórica, el Profesor Lawrence Baum desató hace casi 20 años una revuelta de proporciones mayúsculas. Este estudioso del acertijo de la conducta judicial publicó en 2006 su libro “Jueces y sus audiencias” en la editorial de la Universidad de Princeton.
Con sus revolucionarios postulados, cimbró los cimientos tradicionales del análisis de las motivaciones de las y los jueces al resolver las litis que se les presentan. En efecto, revisó los modelos imperantes, descubrió sus semejanzas, que son muchas; expuso sus limitaciones, que son pronunciadas, y propuso una herejía al alegar que existe otra fuente de influencia en la conducta judicial: sus “audiencias”.
Así, se desarrolla una relación, hasta entonces poco explorada, entre la o el magistrado y las audiencias de las que espera aprobación, estima y reconocimiento. Con una perspectiva no sólo innovadora sino refrescante y con instrumentos analíticos tomados de la psicología y la sociología, afirmó que, cuando resuelven las controversias que conocen, los jueces también se preocupan por sus audiencias, que no sólo escuchan, sino presencian, el proceso de la construcción de sus fallos.
Tenemos ahí tanto a sus colegas en el propio poder judicial o en el gremio de las y los abogados postulantes, como en el Poder Ejecutivo o el Congreso, en la academia en los medios de comunicación masiva, como la prensa escrita, la radio o la televisión.
Hay que hacernos cargo de que hay de audiencias a audiencias y tristemente ningunas son más iguales que otras, invocando al clásico.
Tengamos confianza en que las y los 9 juristas que inician actividades el 1° de septiembre estén más preocupadas y preocupados por la audiencia grande, o sea, el pueblo de México, que las y los observamos con el ceño fruncido y por encima de los lentes.
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