Pobreza: discutir el concepto, repensar la medición

Antes de celebrar de forma acrítica la disminución de la pobreza en México, es necesario discutir qué se entiende por ella. La pregunta, si se asume con seriedad, debería tener consecuencias públicas, pues de su respuesta dependen los indicadores que elegimos, las personas que reconocemos como privadas de lo indispensable y las obligaciones que exigimos al Estado. Medir supone una interpretación previa de la vida humana y de sus necesidades. Cuando esa interpretación permanece fuera del debate, se corre el riesgo de convertir una clasificación estadística en la definición definitiva de aquello que una sociedad considera tolerable.

Escrito por:  Saúl Arellano

En su conferencia La pobreza, de 1945, Martin Heidegger interroga el significado de la pobreza, de la carencia y de nuestra comprensión de lo necesario, desplazando la reflexión más allá de la posesión de bienes. Su planteamiento no constituye un programa de política social; tampoco permite derivar directamente un sistema de indicadores. Su relevancia para esta discusión reside en obligarnos a preguntar por aquello cuya ausencia empobrece la existencia. Recupero esa interrogación como punto de partida para pensar las condiciones que hacen posible una vida digna.

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Desde esa perspectiva, sostengo que debemos discutir la pobreza a partir de la privación de condiciones para ejercer integralmente los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. El ingreso es indispensable, pero su suficiencia no garantiza atención médica, educación de calidad, participación cultural o un entorno saludable. Definir la pobreza exige explicitar qué consideramos necesario para vivir y desarrollarnos. Después corresponde operacionalizar ese concepto: identificar dimensiones, indicadores y umbrales. Finalmente, debemos discutir qué medición representa adecuadamente esas condiciones y cuáles deja fuera.

México cuenta con una medición multidimensional que reconoce carencias sociales. Sin embargo, el ingreso conserva un papel decisivo: para clasificar a una persona en pobreza deben coincidir insuficiencia económica y al menos una carencia. Quien supera el umbral de ingreso, aunque mantenga privaciones, puede quedar clasificado como vulnerable por carencias sociales, pero no como persona en pobreza. Mi cuestionamiento se dirige precisamente a esa frontera: ¿qué concepción del bienestar justifica que el ingreso determine esa diferencia?

Los datos del INEGI permiten dimensionar la importancia de esta pregunta. Entre 2016 y 2024, la población en pobreza multidimensional disminuyó de 52.2 a 38.5 millones de personas; su proporción pasó de 43.2% a 29.6%. La pobreza extrema descendió de 8.7 a siete millones. Son avances relevantes dentro de la definición utilizada. Reconocerlos exige también precisar su alcance: esas cifras no equivalen a demostrar que quienes dejaron la categoría hayan alcanzado el ejercicio pleno de sus derechos.

La salud muestra con particular claridad esta tensión. Entre 2016 y 2024, la carencia por acceso a servicios de salud aumentó de 15.6% a 34.2%, hasta afectar a 44.5 millones de personas. Así, una reducción importante de la pobreza coexistió con el deterioro de una dimensión esencial del bienestar. El indicador no describe toda la calidad ni la oportunidad de la atención, pero obliga a discutir cuánto peso se otorga a la desprotección sanitaria cuando se evalúa el progreso social.

Al respecto, es necesario recuperar el debate en torno a cuáles son los criterios desde los cuales se mide o determina el “éxito de la política social”; el cual, debería juzgarse por su capacidad para garantizar derechos de manera duradera, considerando tanto a quienes superan los umbrales de pobreza como a quienes permanecen privados de las condiciones indispensables para vivir dignamente.

En ese sentido, el tamaño del avance en la reducción del número y porcentaje de personas en pobreza, debe leerse junto con la magnitud de lo pendiente. En efecto, en 2024, prácticamente tres de cada diez habitantes tenían ingresos insuficientes y al menos una carencia social. Esto obliga a examinar qué obstáculos persisten entre quienes enfrentan las privaciones más graves y qué respuestas diferenciadas necesitan.

Hay un dato especialmente significativo: entre las personas en situación de pobreza, el promedio de carencias sociales aumentó de 2.2 a 2.5; entre quienes estaban en pobreza extrema pasó de 3.6 a 3.8. Estas cifras describen una mayor acumulación promedio de privaciones dentro de ambos grupos. Conviene interpretarlas cuidadosamente: no demuestran que las mismas personas hayan empeorado, pues la composición de los grupos cambia. Sí muestran que la reducción del número de personas pobres convive con necesidades múltiples que requieren intervenciones más integrales.

La salud constituye la contradicción más preocupante. En 2016, la carencia por acceso a servicios de salud afectaba al 15.6% de la población; en 2024 alcanzó el 34.2%, equivalente a 44.5 millones de personas. El incremento fue de 18.6 puntos porcentuales. Aunque este indicador no describe por sí solo todas las dimensiones de la atención médica, documenta una insuficiencia de enorme alcance. Considero inaceptable normalizarla: la protección de la salud es una responsabilidad pública esencial y una condición para sostener cualquier avance en bienestar.

En vivienda también aparecen progresos acompañados de desigualdades profundas. La carencia por calidad y espacios disminuyó de 12% a 7.9% entre 2016 y 2024. Sin embargo, ese último año afectaba al 15.8% de la población rural y al 5.7% de la urbana. La distancia es todavía mayor en servicios básicos: la carencia alcanzaba al 43.8% de los habitantes rurales, frente al 5.8% de los urbanos. El lugar donde se vive sigue condicionando severamente el ejercicio de los derechos.

La distribución estatal confirma esa fractura territorial. En Chiapas, el 66% de la población estaba en pobreza multidimensional; en Guerrero, el 58.1%, y en Oaxaca, el 51.6%. En Baja California, la proporción era de 9.9%. La pobreza extrema afectaba al 27.1% de la población chiapaneca y al 21.3% de la guerrerense. Son diferencias que demandan una política de desarrollo territorial capaz de sostener infraestructura, servicios públicos y capacidades institucionales donde las privaciones se concentran. Asimismo, la pobreza multidimensional alcanzaba al 66% de los habitantes de Chiapas, frente al 9.9% de Baja California. Estas distancias expresan condiciones profundamente desiguales para ejercer derechos y requieren respuestas que articulen, al menos, ingresos, infraestructura, servicios y capacidades públicas.

Por todo lo anterior, es de suma relevancia discutir una evaluación integral de derechos que permita observar cada privación, su persistencia y su distribución, sin admitir que una mejora económica compense estadísticamente la falta de atención médica o de agua. Esto requiere conservar las series comparables, explicitar los criterios normativos y ampliar la información sobre calidad, accesibilidad y ejercicio efectivo. La propia existencia del Sistema de Información de Derechos Sociales del INEGI ofrece una base para avanzar.

A pesar de ello, debe insistirse en que la cuestión de fondo es qué vida consideramos digna y cómo hacemos responsables a las instituciones de garantizar sus condiciones. Desde ahí debería definirse, operacionalizarse y medirse la pobreza.

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Fuente estadística: INEGI, Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, con datos de 2024.

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