Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmara un memorándum en el que el mandatario instruye dejar sin efectos la reforma educativa llevada a cabo durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, la CNDH emitió un posicionamiento en el cual afirma que esta medida pone en riesgo los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Adicionalmente, este memorándum, que fue dirigido a los secretarios de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma; Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa, afirma que las medidas de la “mal llamada reforma educativa” generaron polarización social y una erosión institucional.
De acuerdo con el posicionamiento de la CNHD, la instrucción de dejar de aplicar los contenidos constitucionales, modifica y acota los términos y condiciones en los que el derecho a la educación puede ser vigente.
Derivado de ello, existe el riesgo de que se vulneren los derechos de las niñas, niños y adolescentes ya que las autoridades estarían actuando al margen de las normas, lo cual deja también sin efecto las garantías institucionales por lo que se podrían propiciar actuaciones discrecionales.
Tres días antes de que se emitiera este memorándum (el pasado 13 de abril), el presidente advirtió que de no llegar a un acuerdo entre el Congreso y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para cancelar la reforma educativa, emitiría un decreto presidencial para su abrogación (medida que rompe con el proceso legislativo).
Pese a que los ordenamientos de la reforma educativa actualmente se encuentran asentados en texto constitucional, el presidente ordenó que se deje sin efectos “en tanto se alcanza un entendimiento con maestros y padres de familia sobre los cambios constitucionales requeridos”.
Al respecto, la CNDH afirmó que “nada debilita más al Estado de Derecho y a las instituciones que el hecho de que se promueva y ordene desde las instancias de poder el que la ley se desconozca, se incumpla y se deje de aplicar”.
Adicionalmente, esta Comisión exhortó al Poder Ejecutivo Federal a que ratifique las instrucciones contenidas en el memorándum, y que se considere el interés de las niñas, niños y adolescentes en el marco de la ley, a fin de que se garantice el derecho a la educación en todo el país.
La CNDH también señaló que si el marco normativo vigente no es el más adecuado, es tarea del Poder Legislativo realizar las adecuaciones que resulten necesarias, de tal forma que “la ley, la educación y la vigencia de los demás derechos humanos, no puede ser botín o moneda de cambio ante intereses políticos, económicos o de cualquier otra índole.”
De igual forma, diversos expertos en materia de derecho emitieron un posicionamiento similar.
Tal es el caso del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la nación, quien mencionó que el memorándum del presidente carece de fundamentación y motivación; que en este documento no se menciona ninguna norma jurídica y que es autorreferente en cuanto a su autoridad.
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