Trascurrida la primera parte de las elecciones del Poder Judicial federal, se anticipa la próxima presentación de una iniciativa de reforma en materia electoral. La existencia de una mayoría calificada para reformar la Constitución y las leyes secundarias advierte que dicha reforma bien pudiera ser el resultado de la aplicación expedita de una aplanadora que fijara las nuevas reglas sin consenso con las oposiciones y pudiendo incluir normas que se contrapongan con los principios fundamentales del Derecho y con incongruencias con otras disposiciones sin que vaya a existir ningún retén a su concreción, ante la carencia de una instancia jurisdiccional que detenga estas nuevas reglas.
Escrito por: Ricardo de la Peña
Ante ello, ¿se puede hacer algo que pudiera eficazmente contener el avasallamiento desde los poderes constituidos y la eventual aniquilación de las oposiciones? Puede que sí. Veamos algunas posibilidades partiendo de la caracterización del nuevo régimen constituido en el país.
EL NUEVO RÉGIMEN.
Mucho se ha dicho y escrito en torno a que México ha dejado de ser propiamente una democracia y ha pasado a ser una autocracia. Ese es el discurso claro, pero simplificador, del fenómeno de cambio de sistema de gobierno en el país.
Pero, vayamos matizando. México era, como pudo decir el recientemente fallecido Leonardo Morlino en su más célebre obra,[1] una transición incompleta hacia la democracia, en la que el cambio en los factores estructurales, pero sobre todo en las posiciones de los actores claves, impidieron no sólo la consolidación democrática, sino que propiciaron una reversión hacia formas no propiamente liberales, incluso autoritarias, en el régimen político.
Morlino marca que en estos procesos de transición el papel de las élites es decisivo y que las negociaciones entre sectores reformistas y actores del antiguo régimen determinan si la transición genera híbridos inestables o incluso permite el mantenimiento o el retorno a un viejo régimen con un deterioro institucional que impida una cabal democratización.
En el caso mexicano, es obvio que no se dio una plena transición hacia la democracia y que la reversión ubica al régimen no como una democracia iliberal, sino de plano como un autoritarismo electoral, donde las formas de construcción de la representación mediante el voto se preservan, pero con vicios y rupturas de la reglas para el ejercicio libre del sufragio y el respeto de las libertades individuales y los derechos humanos que no permiten ya hablar de algo que se parezca a una democracia.
Pero no toda forma de autoritarismo es una autocracia, entendiendo éste como un sistema de gobierno que concentra el poder en una sola figura cuyas acciones y decisiones no están sujetas ni a restricciones legales externas, ni a mecanismos regulativos de control popular. Esta forma de gobierno pudo encontrarse en algunas monarquías absolutas, en los líderes de algunos regímenes autoritarios de la primera mitad del siglo XX (Alemania, la Unión Soviética, China) y de países árabes del final de ese siglo, pero no cabe como etiqueta para muchos, la mayoría, de los regímenes autoritarios.
¿Existe en México hoy día una figura que pueda operar sin límites? Es claro que no. ¿Entonces cuál es la forma de régimen que tenemos? Tal vez pudiéramos etiquetarlo como una oligarquía, forma de gobierno en la que el poder supremo está en manos de pocas personas, generalmente de un mismo grupo identificado bajo algún principio, para el caso la idea de transformación que empodere a quienes ya detentan el poder.
Esta oligarquía estaría formada por quien encabeza el Poder Ejecutivo, pero también por los mandos políticos del Legislativo; por la sombra de un ex gobernante encarnada en un grupo político amorfo, pero poderoso; por miembros selectos de la clase empresarial más rica con derecho a voz, voto y veto; por el alto mando militar para darle cierto cariz pretoriano; y dos dirigencias de partidos satélites, menores pero necesarios como ya se verá. No es un gobierno de los mejores —nada que ver con una aristocracia—, sino algo más cercano a una caquistocracia: el gobierno de los más cínicos e ineptos, como expresión decadente y degenerada de lo que fueron las élites políticas a principios de este siglo.
El hecho de que el poder no esté concentrado en unas manos o en un único grupo pequeño, uniforme, compacto, provoca que lo que se tenga sea un mando heterogéneo, indefinido, disperso, amorfo, desigual, diverso, con diferendos y eventuales conflictos que pueden conllevar en algún momento no sólo tensiones, sino crisis internas e incluso rupturas.
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LA OPOSICIÓN A LA REFORMA.
Cualquier acción que lleven a cabo quienes pretendan contener una reforma electoral contraria a sus intereses deberá partir del reconocimiento de este carácter complejo del nuevo mando político nacional y aprovechar sus contradicciones.
Veamos cuáles pudieran ser los elementos que conformen la propuesta oficial de reforma electoral y qué opciones se le pueden contraponer.
En primer término claramente la reforma presente remover consejeros del órgano administrativo electoral nacional y reemplazarlo por cuadros afines. Luchar y demandar porque los criterios para la inclusión de candidaturas respondan a la lógica establecida es un primer punto. Difícilmente se impedirá que quienes evalúen y selección contendientes sean distintos a los acostumbrados, vinculados a los poderes establecidos, aunque tal vez la presentación de propuestas se abra a más instancias, más todas ellas dentro del bloque gobernante.
En todo caso, habría que proponer que exista un único comité de evaluación y que de él salgan pocos nombres, una criba real que permita que la ciudadanía enfrente una cantidad reducida de aspirantes dentro de las cuáles pueda seleccionar a quienes desee o se le indique por quienes le son superiores afines (eso es inevitable). Tal vez tres, hasta cinco candidaturas por asiento, de antemano partidas por género con reemplazo dentro de la misma lista.
Ahora bien: un elemento que enturbia y complica el proceso es el hecho de que se pretenda que un elector vote por cada asiento en disputa y no se recupere ese principio básico que establece que un elector ha de ser igual a un voto para la conformación de un órgano determinado. Sería muchísimo más sencillo para una persona votar por una candidatura de cada género para la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral o como se pretenda llamar a este órgano, y no demandarle que emita un voto para cada asiento en disputa. La longitud de la lista de candidaturas y lo extenuante de emitir un voto por cada asiento es lo que propicio que tramposamente se recurriera a los llamados acordeones. Si cada quien ha de votar por una única candidatura por género y órgano, la emisión del sufragio se simplificaría y quien voto podría hacerlo de manera más y mejor informada.
Habría demás que proponer que las elecciones del órgano electoral coincidieran con las legislativas, permitiendo que en las mismas mesas de las elecciones ordinarias se entregaran las boletas y luego, allí mismo, en el centro de votación, se realizara el escrutinio y cómputo de sufragios, pudiendo tener resultados por casilla para las elecciones del órgano electoral de manera simultánea con las de otras elecciones, obviando además la aplicación de inventos como las urnas únicas. Hacerlo así propiciaría además que la participación esperable fuera mucho mayor, al cazar estas elecciones con las regulares y simplificar el proceso de emisión del sufragio.
¿Y qué con el resto de la estructura electoral? Para los mandos locales, por entidad federativa, el proceso podría repetirse de manera similar al mando nacional, sea que se vote en la pista federal, sea que se haga en la local. Lo que tendría que aceptarse tal vez es la reducción de ambas instancias a una sola y construir un auténtico y perfeccionado sistema nacional electoral.
Y hasta ahí el paso por la vía electoral, Pretender que las consejerías ciudadanas a nivel local, distrital y municipal sean electas resultaría absurdo, más considerando el carácter temporal de algunas de estas posiciones. Y evitar que se destruya la carrera en el ámbito electoral y sus procesos meritocráticos redundaría en una merma de la calidad y eficacia de quienes efectivamente llevan a cabo las labores que permiten que se realicen las elecciones en el país a todos los niveles y de todo tipo, incluso esa aberración de comicios judiciales.
Pero, entonces, ¿cómo responder a los reclamos de austeridad en la realización de las elecciones? He aquí el momento de plantear la construcción de todo un sistema de votaciones electrónicas. Deja de tirar el dinero para producir quinientos millones de boletas que no se utilizaron, como pasó en las recientes elecciones judiciales, y dejar que se cuelen nombres cancelados porque ya no dio tiempo de quitarlo de las boletas, son al menos dos razones adicionales a la racionalidad y prontitud de resultados con un voto electrónico que una vez pasado el primer ejercicio, con la compra de equipos y desarrollo de sistemas, sería mucho más económico para llevar adelante las elecciones.
Más difícil será sostener los presupuestos por educación cívica y aquellos que redundan en un voto informado de la ciudadanía. La solución pudiera encontrarse en llegar a un estimado de costos de mantener el sistema ya tecnificado y demandar que se establezca por ley, como se hace para el Poder Judicial, un porcentaje del presupuesto federal dedicado expresamente a lo electoral.
Dentro del recorte se espera una drástica reducción de los recursos destinados a los partidos políticos, lo que pudiera generar tensiones en el bloque gobernante, al afectar a los partidos menores dentro del pacto gubernamental, que son quienes otorgan las mayorías calificadas que Morena no alcanza por sí mismo. Eso hace factible sumar fuerzas del bloque hegemónico para acotar y temporizar la reducción de presupuestos de manera tal que no sólo permita un ajuste paulatino, sino que al final otorgue montos suficientes para que sobreviva realmente el sistema de partidos.
Un último punto pudiera ser el más importante: se menciona la necesidad de afectar los mecanismos de formación de la representación política, eliminando puestos de representación proporcional. No se habla ya de su supresión; de hecho, la Secretaria de Gobernación dio unos primeros estimados en los que los llamados plurinominales se reducirían de los doscientos actuales a 125, sin referir un cambio en la regla de un máximo de ocho por ciento de sobrerrepresentación por partido. Sí así fuera, la afectación en el reparto relativo de asientos entre partidos sería ínfima[2].
Si bien lo anterior podría aceptarse, aunque con ajustes con los triunfos por la vía de mayoría relativa se computen a favor del partido que logre más votos y no al que le corresponda conforma algún convenio de coalición, lo que impediría los problemas de sobrerrepresentación para conjuntos de organizaciones que vayan en alianzas y aproximaría mejor el reparto de votos y asientos, hay una fórmula de reparto de asientos que pudiera impulsarse y que casualmente corresponde con la propuesta por el ex gobernante federal en el llamado plan “A”: la afijación de asientos por entidad federativa en razón del número de electores registrados en ellas (o si se quiere de los habitantes en el registro censal más reciente, lo que poco cambia el reparto); y la consideración de cada entidad federativa como una circunscripción para el reparto de asientos por cociente y resto mayor. Eso, incluso, permite evitar el engorroso sistema de coaliciones, olvidarse de los artificiales distritos electorales, y aproxima más que otros métodos la distribución de asientos con la votación lograda.
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EL CAMINO DE LA RESISTENCIA.
Para apoyar estas iniciativas antes que nada habría que integrar un bloque sólido de partidos opositores que impulsaran estas reformas antes de la presentación de la propuesta gubernamental, para permitir su confrontación en la arena legislativa, pudiendo ganar el respaldo al menos parcial de partidos del bloque mayoritario, bien fuera por simpatizar con la recuperación de propuestas del malhadado plan “A”, bien por conveniencia en propuestas presupuestales.
Además, con una propuesta de este tipo —la que desde luego es perfectible y ampliable— se podría movilizar a la base de servidores del sistema electoral de carrera, la ciudadanía interesada, las organizaciones sociales y de naturaleza empresarial, medios de comunicación y las instancias internacionales con competencia en la materia.
Ganar su respaldo, simpatía y el concurso para movilizaciones como aquellas que se dieron en la defensa del órgano electoral nacional sería esencial. Conformar un bloque amplio que se oponga al mayoritario es esencial para permitir que algo se consiga.
Esto sería más serio y útil que quedarse apoltronados escuchando el Réquiem de Mozart y esperando que desde el gobierno se presente una iniciativa que corra en pocas horas hasta su aprobación sin cambios, a pesar de discursos casuísticos y no consensados que critiquen sin éxito la reforma.
Además, de existir como parece una fractura dentro del núcleo oligárquico que nos gobierna, daría oportunidad a sus integrantes de posicionarse ante algo que generaría polémica y posibilitaría externar y cobijar actitudes más blandas, más proclives a mantener algo que pudiera calificarse como democrático, ante las asechanzas de una fracción dura que camina hacia la imposición de un modelo que pudiera adquirir tonos dictatoriales.
Mas, no sería extraño que a pesar de concretarse una propuesta seria y coherente como ésta, al final la aplanadora aprobara sin chistar lo que se enviara desde el Ejecutivo federal. Esto no es inevitable, como se vio en el retiro y corrección de la legislación en materia de telecomunicaciones. Pero si ello no ocurre al menos se habrá abollado y deslegitimado lo que se cambie y se habrá construido una férrea plataforma discusiva, analítica, propositiva, cara a enfrentar como frente opositor unificado al bloque gobernante en las elecciones intermedias y, si se alcanzara una mayoría, por más precaria que fuera, devolver el argumento del mandato popular para que se cambie lo que se hay impuesto por algo más cercano a un interés de reconducción democrático-electoral para la Nación.
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[1] Morlino, Leonardo (1985). Cómo cambian los regímenes políticos. Colección Estudios Políticos. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Mº de la Presidencia.
[2] De la Peña, Ricardo (2014). ¿Si se reducen los pluris? Voz y Voto, No. 261 (noviembre), 38–43. https://www.academia.edu/14950008/_Si_se_reducen_los_pluris
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