Riesgo INE 2026: 5 apuntes exasperados

A unos días, quizá horas, de la reedición del Plan B de 2023 (una reforma legal electoral atropellada que la Suprema Corte invalidó) debemos hacer memoria para ver si ya aprendimos algo nuevo desde entonces…

Escrito por: Sergio González Muñoz

1. La noche más oscura

Imagine la lectora o el lector un documento de más de 300 páginas que pretende rediseñar por completo la arquitectura electoral de la democracia en México. Ahora, imagine que, de madrugada, ese documento es entregado a las y los legisladores y, sin lectura previa ni dictamen de comisiones, es aprobado en apenas 50 minutos. Esta celeridad no es una hipérbole de eficiencia, sino la crónica de una inconstitucionalidad anunciada. El llamado “Plan B” no fue solo un paquete de reformas legales; fue un intento de desmantelamiento de los pilares fundamentales de la gobernanza electoral instaurada desde 1977.

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Históricamente, el sistema electoral mexicano se construyó sobre la base del consenso y la legitimidad compartida. El “Plan B” representó una ruptura violenta con esa tradición, sustituyendo el diálogo por la imposición y el debate por el atropello parlamentario. Al final, la Suprema Corte detuvo el reloj y anuló el proceso, recordándonos que, en una democracia constitucional, la fragilidad de la ley es la fragilidad de la democracia y de la República misma. En este análisis, exploro por qué este episodio es una admonición sobre el desprecio a las formas y la vigencia del Estado de Derecho.

2. Números contra Derechos

La anulación del Plan B por parte de la Corte no fue un capricho técnico, sino la defensa del valor fundamental del proceso legislativo, como centro la División de Poderes. En las cronologías del fracaso parlamentario, la validez de una norma no reside únicamente en la fuerza aritmética de los votos. Esto nos hace recordar cómo aquella decisión marca el fin de una doctrina judicial laxa, estableciendo que la deliberación es una condición sine qua non para la legitimidad democrática.

La Corte determinó que el proceso legislativo tiene una función particular: asegurar que las decisiones sean el resultado de un intercambio real de razones, de argumentos, de ejercicios serios de persuasión y negociación políticas. Dijo la Corte: “Para que este proceso sea válido, no basta con tener la mayoría”; se deben cumplir tres estándares, que el Plan B ignoró sistemáticamente:

• Que el derecho de las minorías a ser escuchadas y a defender su posición en condiciones de igualdad es un derecho auténtico, exigible y vigente.
• Que el cumplimiento estricto de los procedimientos establecidos en los reglamentos de las cámaras para procesar piezas legislativas no es una sugerencia, sino un complejo modelo normativo vinculante.
• Que la garantía de que las y los legisladores conozcan aquello que votan, evitando la aprobación de textos desconocidos o modificados de último minuto, es una exigencia democrática concreta y no un principio orientador.

Esta protección del debate parlamentario se resume en una premisa fundamental de nuestra doctrina judicial: “El procedimiento legislativo definido en la ley fundamental es la base del régimen democrático y no un mero formalismo”.

3. El nuevo (des)orden político

Para entender la gravedad del Plan B, es preciso apreciar un contraste histórico relevante: desde la reforma seminal de 1977 y hasta la de 2014, el sistema electoral mexicano evolucionó mediante una dinámica de “demanda-concesión”. El gobierno cedía espacios de poder ante las exigencias de la oposición los que generaba estabilidad al sistema en general y legitimidad al régimen en particular.

El Plan B de 2023 rompió este ciclo. Por primera vez en la era democrática, una reforma de orden superlativo fue impulsada exclusivamente por la coalición gobernante, ignorando sistemáticamente a las minorías. Mientras que la “vieja escuela” buscaba el consenso para blindar las reglas del juego, la “nueva dinámica” apostó por la mayoría absoluta para capturar las instituciones. Esta transición de la negociación a la apropiación unilateral no es un signo de fortaleza, sino un síntoma de fractura institucional que pone en riesgo la certidumbre de futuras elecciones.

4. Prisa contra legalidad

El proceso legislativo del Plan B fue un catálogo de despropósitos operativos. Las y los especialistas describen este fenómeno como “nomomaquia”, término que define el abuso del poder legislativo donde la ley no se usa para regular, sino como una herramienta de combate político para someter al adversario.

La prisa por aprobar la reforma derivó en errores que generaron una profunda incertidumbre jurídica. Se publicaron versiones distintas de la iniciativa con minutos de diferencia y se forzó una “urgente y obvia resolución” sin justificación alguna. Este “albazo legislativo” generó la imposibilidad física de procesar el contenido (leer 300 páginas en menos de una hora); la falta de quórum en comisiones clave; la simulación de una deliberación que nunca existió. Este desprecio por el orden legal bajo el pretexto de una supuesta eficiencia política fue, en última instancia, lo que facilitó su aniquilación jurídica por la autoridad jurisdiccional.

5. 2023 reencarnado en 2026

Aunque el Plan B de 2023 quedó jurídicamente muerto, su espíritu persiste, sobre todo en estos días en que una nueva iniciativa presidencial de reforma constitucional, la de la Presidenta Sheinbaum, fue derrotada y desechada y producirá una iniciativa de reforma legal, ya anunciada.

Lo que presenciamos aquella noche parlamentaria ominosa, fue el ensayo de un “libreto del populismo” que, como advierten las y los especialistas, busca el desmantelamiento de los contrapesos institucionales. El fracaso del Plan B en los tribunales en 2023, en aquella mañana luminosa que Javier Laynes alumbró, no detuvo el proceso; simplemente lo trasladó a una nueva arena: 2026, aunque con una diferencia adicional, pues la actual Suprema Corte y la nueva normativa en materia control constitucional del trabajo legislativo nada tienen que ver con aquellas de hace tres años.

La crónica de la reforma fallida de 2023 nos deja una lección sobre la fragilidad de nuestra democracia. Cuando las formas se desprecian, el fondo se corrompe. Las instituciones no son solo edificios o presupuestos, sino los procesos legales que impiden que la voluntad de una sola persona o de una mayoría circunstancial aplaste los derechos de todas y todos.

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