¿Cuándo perdimos el derecho a enojarnos? La peligrosa normalización de los pésimos servicios públicos

Introducción

En México, resulta casi natural escuchar frases como: “si quieres buena atención médica, ve a una clínica privada”, “si quieres que tus hijos tengan buena educación, mételos a una escuela privada”, o incluso, “si quieres seguridad, vete a vivir a un barrio bien”. Estas expresiones, lejos de ser comentarios aislados, reflejan una normalización de la precariedad de los servicios públicos, como si la salud, la educación, el transporte o la seguridad fueran privilegios y no derechos. Más aún, no es raro escuchar que las inundaciones en las calles son por culpa de la gente que tira basura o que la crisis hídrica es porque nos tardamos más de 5 minutos en bañarnos. Estas creencias no son casualidad, sino que son el resultado de décadas de propaganda neoliberal con dos objetivos claros: primero, hacer creer a las personas que lo público es de mala calidad y segundo, que la culpa de los problemas públicos reside en las propias personas. En ambos casos, el Estado queda exento de sus responsabilidades y puede continuar erosionando lo público con el fin de vender la idea de que la calidad sólo puede encontrarse en lo privado.

Escrito por:  Guillermo Ramírez-Rentería

El neoliberalismo como maquinaria cultural

Desde los años ochenta, el neoliberalismo no sólo transformó las economías nacionales, sino también modificó profundamente nuestras expectativas sociales. Michel Foucault lo describe como una “razón gubernamental” que reorganiza tanto al Estado como a la subjetividad de las personas. En el caso mexicano, esto ocurrió en la década de 1990 y se tradujo en privatizaciones masivas, recortes presupuestales y políticas de austeridad que deterioraron los servicios públicos. Pero más allá de la política económica, lo decisivo fue el cambio cultural, pues nos convencieron de que lo público es sinónimo de ineficiencia, corrupción y fracaso. Bajo esta lógica, un hospital del IMSS saturado o el transporte deficiente dejan de percibirse como un problema estructural que el Estado debe resolver, y se transforman en una especie de “destino inevitable”, porque “así es lo público”. Así, la desigualdad deja de ser vista como injusticia y pasa a concebirse como responsabilidad individual, como algo “natural”, pues como dicen algunas figuras de la derecha mexicana, “siempre han existido ricos y pobres”.

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La vida cotidiana como prueba

Las consecuencias de este discurso están presentes en la experiencia diaria de millones de mexicanos. El estigma hacia quienes estudian en escuelas públicas, por ejemplo, reproduce jerarquías sociales que marcan de entrada las oportunidades laborales. El uso de transporte público sigue el mismo patrón, pues quien tiene automóvil propio es visto como alguien exitoso en su comunidad. La falta de trenes interurbanos modernos y un sistema de autobuses caro y poco confiable contrasta con la inversión en carreteras concesionadas. En salud, el desmantelamiento de instituciones públicas como el IMSS o el ISSSTE, donde el desabasto de medicamentos y la falta de estudios de gabinete empujan a las clases medias a contratar seguros privados, mientras los sectores populares enfrentan filas interminables. Incluso en seguridad, el mensaje implícito es claro, pues quien puede, paga por vivir en “cotos cerrados”, mientras que la violencia se concentra en zonas pobres. Lo alarmante es que esta desigualdad se ha vuelto “sentido común”. Como señalaría Pierre Bourdieu, la dominación más efectiva es aquella que logra naturalizarse, es decir, cuando lo injusto parece normal.

Lo público como sinónimo de poca calidad en México

Lo público no es sinónimo de ineficiencia, pues hay ejemplos en todo el mundo que lo demuestran. En Francia y China, los trenes estatales de alta velocidad son orgullo nacional y referente internacional. En el Reino Unido, Canadá o Dinamarca, los sistemas de salud —pese a sus crisis recientes— siguen garantizando atención médica gratuita y universal, evitando que la enfermedad dependa del bolsillo de los pacientes. Finlandia y Alemania ofrecen educación gratuita y de calidad desde la primaria hasta la universidad, y gran parte de Europa mantiene barrios seguros y accesibles para todas las clases sociales. Estos casos sirven como prueba de que los servicios públicos no sólo pueden funcionar, sino que son pilares de cohesión social y de justicia redistributiva.

Organismos como la OCDE o la OMS, en múltiples informes, recomiendan la inversión en servicios públicos como condición para la prosperidad a largo plazo. Incluso en América Latina hay experiencias alentadoras como la de Costa Rica, país que abolió el ejército para invertir en salud y educación públicas, logrando niveles de bienestar superiores al promedio regional.

Claro está, existen excepciones. Ningún modelo es perfecto, por ejemplo, los sistemas de salud europeos enfrentan tensiones por envejecimiento poblacional, y los trenes estatales requieren subsidios constantes. Pero el contraste con México es abismal, pues mientras allá se debate cómo mejorar lo público, aquí seguimos atrapados en la creencia de que lo público está condenado al fracaso.

Conclusión

La normalización de la falta de servicios públicos en México no es un accidente, sino el resultado de una larga pedagogía neoliberal que nos enseñó a desconfiar de lo colectivo y a glorificar lo privado. Sin embargo, mirar hacia otras experiencias demuestra que otro horizonte es posible, por ejemplo, que los trenes, escuelas, hospitales y barrios seguros estén al servicio de todas las personas, no sólo de quienes pueden pagarlos. La pregunta, entonces, no es si podemos tener servicios públicos de calidad, sino cuándo decidiremos exigirlos. Como sociedad, necesitamos dejar de aceptar la precariedad como destino y empezar a ver lo público como lo que siempre debió ser: el espacio de la igualdad.

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